El Gobierno va a confirmar en su puesto al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz. Justo un día después de que el Supremo revolcara su nombre por el cieno después de anular el ascenso que le concedió a su exjefa Dolores Delgado. Si ya era un escándalo que García Ortiz no hubiera dimitido, imagínense el escándalo que es que el Gobierno lo vaya a ratificar en su cargo. Claro que igual es una decisión coherente, porque el Supremo acusa al Fiscal General del Estado de desviación de poder por favorecer a Dolores Delgado. Desviación de poder, justo lo que este gobierno podría estar cometiendo al concederle impunidad a Carles Puigdemont a cambio de los 7 votos de Junts para que Sánchez siga siendo presidente. Desviación de poder.
El día del comienzo del curso en La Moncloa. Los ministros ya tienen su primera fotografía en la kilométrica mesa que acoge el Consejo de la Coalición. Son 22 a la mesa, imaginen a Sira Rego y José Manuel Escrivá, que son los más alejados del presidente, tratando de hacerse entender en esa mesa como de Spectra. Hoy pocas decisiones trascendentes habrá tomado el Consejo, más allá de ofrecer una imagen para los gráficos, darle la bienvenidas a los debutantes y conjurarse para soportar los ataques de una legislatura que se promete incandescente desde el primero minuto.
Hoy la atención de la política española estaba centrada en Estrabusrgo. Pero, ya les digo que era una atención muy doméstica. Es que esta tarde en el Parlamento Europeo se debatía la ley de amnistía que ya está registrada en el Congreso de los Diputados de España. Basta con una panorámica del hemiciclo para entender que el debate no despierta ni grandes pasiones ni tan siquiera un gran interés entre los europarlamentarios de nuestros países vecinos. Y sin embargo era importante atender a lo que allí se ha dicho.
Y es interesante escuchar lo que se ha dicho en Estrasburgo por varias razones, más allá de la capacidad decisoria del Europarlamento y más allá del interés que despierte en lo siempre somnolientos eurodiputados. Es verdad, el eurodiputado suele tener el ritmo vital de un folívoro o filófago, que es ese animal comúnmente conocido como perezoso.
Era interesante por una cuestión casi morbosa, que era saber cómo esa mujer socialista, Iratxe García, que se desgañitó para convencer a sus colegas europeos de que Puigdemont era un delincuente al que había que retirar la inmunidad, les explica ahora que es un socio del Gobierno cuyo historial delictivo debe ser limpiado de inmediato.
Ahora nos centramos, pero antes es mejor detenerse en lo que ha dicho el comisario europeo de Justicia Didier Reynders. Este asegura que vigilará con detenimiento, independencia y objetividad si la amnistía que se apruebe en el Congreso es legal y si afecta a la robustez del Estado de Derecho en España.
¿Por qué el comisario Reynders hace tanto énfasis en los tratados?
¿Por qué el comisario Reynders hace tanto énfasis en los tratados? ¿Por qué insiste en que la Comisión es la guardiana de los tratados? Porque hay delitos que los tratados de la Unión excluyen de la posibilidad de obtener la gracia. El terrorismo. Ya ven que todo esto conduce al juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que es quien está investigando los delitos de Tsunami Democràtic. Ya ven que todo esto remite a la naturaleza de los delitos que se le imputen a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, ambos socios de Pedro Sánchez, que sostienen a este gobierno porque se les ha prometido la amnistía.
Y aquí es donde entra Iratxe García, la socialista que ha tenido que asumir la indignidad de fotografiarse con un individuo del que hasta julio trató de convencer a sus colegas europeos que era un peligroso delincuente que debía responder ante un juez.
Iratxe García respondía así al popular Manfred Weber, cuando le recordaba que la Unión Europea no permite indultar ni mucho menos amnistiar los delitos de terrorismo. Y es verdad hay un punto de la ley de amnistía que excluye de la misma a los delitos de terrorismo. Pero, Iratxe García omite, excluye los delitos de terrorismo siempre que haya una sentencia firme. O sea que permitiría paralizar la investigación sobre Carles Puigdemont y sobre Marta Rovira. Porque no están sentenciados, ni lo van a estar, porque están huidos.
Lo que desbarata toda la estrategia del Gobierno es el empeño de este juez, García Castellón, que sigue inasequible al desaliento, empeñado en investigar a Puigdemont y Rovira
Lo que desbarata toda la estrategia del Gobierno es el empeño de este juez, García Castellón, que sigue inasequible al desaliento, de investigar a Puigdemont y Rovira por su relación con Tsunami Democràtic y que hoy le ha pedido a Suiza que localice a Marta Rovira y que ofrezca datos sobre la financiación de ‘Tsunami’.
Por eso tiene tanta importancia que el delito imputado sea de terrorismo y no de desórdenes públicos, porque eso obligaría a la Unión a actuar contra la vulneración y porque eso también obligaría a Suiza a colaborar. Suiza suele proteger la intimidad de los delincuentes que allí se refugian pero de un tiempo a esta parte muestra al menos cierta sensibilidad en lo que respecta al terrorismo.
Cuántas cosas cambiaron el pasado julio, cuántas opiniones se vieron trastocadas
Si se entiende esto, se entiende el empeño de la Fiscalía por trocar la imputación a desórdenes públicos agravados, a pesar de que en el pasado reciente, julio sin ir más lejos, defendió que las actividades de Tsunami encajaban en la tipificación de terrorismo. Cuántas cosas cambiaron el pasado julio, cuántas opiniones se vieron trastocadas.
Es que en julio, de repente, cientos de personas vivieron su epifanía. De repente, cientos de personas que creían que Puigdemont tenía que responder ante un juez, de repente creyeron que lo mejor era sumarlo a una mayoría parlamentaria y amnistiarlo para favorecer la convivencia. No. No fue el calor del estío de este julio bochornoso. Fueron las elecciones de julio. Y entre las epifanías más bochornosas de este julio, la de la Fiscalía. Por puro interés político.
Y esta es la verdadera clave del asunto. Porque a Europa le va a importar poco lo que ocurra en España salvo que se demuestre que ha habido una vulneración flagrante de sus tratados. Y esa vulneración puede ser la de que se están paralizando causas que investigan delitos por terrorismo o que se está produciendo una desviación de poder. Es decir, que el gobierno ha utilizado su poder para procurarse más poder y eso es lo que significa canjear 7 votos parlamentarios por impunidad. Hoy el grupo popular en el Congreso ha organizado unas jornadas contra la amnistía en el Congreso. Y creo que ha sido muy interesante escuchar lo que allí ha dicho Rafael García Valdecasas, que fue juez de Tribunal General de la Unión Europea.
