A esta hora se cuentan los minutos para que Israel comience una invasión terrestre en el Líbano. Por lo pronto, ya hay comando operando en el país vecino. Haciendo redadas en busca de terroristas de Hezbolá, que permanecen escondidos después del golpe letal asestado a su cúpula.
Este que escuchan es un portavoz temporal de Hezbolá. Ya veremos cuánto de temporal, porque lo cierto es que la temporalidad se ha disparado en Hezbolá. La cuestión es que dice que están preparados para la invasión.
Este es el frente del norte, que ocupa ya toda la atención de la opinión pública, cuando queda una semana para el aniversario de la oleada terrorista del 7 de octubre. Recuerdo que por entonces, hace un año, decíamos que el año 23 pasaría a formar parte del calendario histórico de la historia de Israel y de la región. Ese en el que basta con recitar el número para que todo el mundo sepa de a qué hito, casi siempre sangriento se refiere, el 48, el 56, el 67, el 73… el 06… pues puede que sea el 23 lo que lo vaya a cambiar todo para siempre. Porque el Líbano o Yemen solo son los nuevos teatros de operaciones. La guerra es contra Irán y contra el estado que hay dentro del estado del Líbano, que es Hezbolá, y que debe su existencia y rinde pleitesía a los ayatolás de Irán. A ellos les ha señalado directamente el primero ministro Netanyahu en un vídeo de tres minutos.
Lo cierto es que el líder supremo de Irán Ali Jamenei está escondido. De ello informan las agencias internacionales, que aseguran que los servicios de inteligencia del régimen lo mantienen en un lugar secreto, enviando tuits de elogio fúnebre a su difunto aliado Nasrallah. Desde luego, no parece que en el mundo árabe suní hay despertado demasiada solidaridad la situación de Alí Jamenei. Veremos, porque cuando cae la noche suele traer novedades.
No es fácil saber por dónde habría que empezar la nutrida crónica judicial de esta semana. Porque afecta a todos los elementos fundamentales de la administración: los socios que sostienen a este gobierno, el Fiscal General del Estado y Begoña Gómez, que es sin duda la zona más sensible del Estado.
En cuanto algo afecta a Begoña Gómez, cualquier cosa puede ocurrir. Desde que se retire el embajador de un país amigo, hasta que el presidente se tome cinco días de ejercicios espirituales, hasta que se apruebe una ley de prensa para purificar el sistema mediático del país.
Hoy estaba previsto que el rumbo judicial de la mujer del presidente quedara establecido. Si continúa investigado, si continúa pero acotada o si el caso queda archivado. Pero algo ha ocurrido que ha obligado a posponer una decisión: La Audiencia de Madrid ha suspendido este lunes la deliberación de la causa de Begoña Gómez. Faltaba un papel, como se dice. No se había incluido uno de los recursos presentados por la defensa, con lo que es necesario aplazar el fallo hasta que sea incorporado a las actuaciones.
Hoy ha estado en Al Rojo Vivo de La Sexta el ministro de Transformación Digital, Óscar López, para instruir a los jueces sobre cómo deben instruir los casos.
¿Por qué habla sobre este asunto con tal vehemencia el ministro de Transformación Digital? ¿Acaso tiene algo que ver el software de la Complutense del que podría haberse apropiado Begoña Gómez? No, es que este gobierno tiene dos ministros que sólo sirven para embestir. Como arietes. Son los Óscar, Óscar Puente y Óscar López, lo que se agradece de López es que al menos al ejercer de portavoz del PSOE no está descuidando ninguna competencia ministerial. Y además es más educado.
De todas maneras el caso más anómalo de hoy no es éste, sino el de la Fiscalía defendiendo al Fiscal. Que esta aberración llegaría era algo evidente, desde el punto y hora en que el Fiscal General del Estado está al borde de la imputación en el Supremo. García Ortiz es el Fiscal General del Estado y el Supremo ha de decidir si lo imputa por haber revelado información confidencial de un particular por motivos políticas. Para perjudicar a la novia del particular, o sea, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ya les avisábamos que al negarse a dimitir, García Ortiz abocaba a la Fiscalía a una situación aberrante, que ya se ha manifestado. Porque la Fiscalía ha de adoptar una posición acerca de la posible investigación del superior jerárquico, y la decisión que ha tomado es la previsible en un órgano jerárquico.
La número dos de García Ortiz pide al Supremo que no lo impute por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. La teniente fiscal del Alto Tribunal considera que la filtración del empresario Alberto González Amador no constituye un delito. De lo cual se deduce que la número dos de García Ortíz, Ángeles Sánchez Conde, es una segunda tan agradecida para García Ortiz como García Ortíz lo fue para Dolores Delgado. Sin más.
Y ahora que hablamos del Supremo. Está dispuesto el Alto Tribunal a demostrar que en España hay un Estado de Derecho…
