Una cuestión de confianza sería una humillación inasumible. Tanto que el Gobierno ha decidido exponerse a cualquier riesgo derivado de rechazarla. Pedro Sánchez no le va a dar satisfacción a Carles Puigdemont y se niega a someter a votación la confianza del Congreso de los Diputados.
No hace falta una moción de censura para matar a un Gobierno. Basta con certificar que no hay una mayoría parlamentaria que lo sustente. Y tampoco es necesaria una cuestión de confianza para confirmar que el Gobierno carece de apoyo legislativo. Junts seguirá infligiendo derrotas parlamentarias e irá elevando el precio de los Presupuestos. Esa es la estrategia que con tanto éxito despliega Junts, que no llegará a votar una moción de censura porque puede poner al gobierno en suspenso en cuanto quiera.
Ese es el tema de hoy. Y por eso sería un suicidio que Alberto Núñez Feijóo homologara a Carles Puigdemont como un interlocutor, porque entonces también él quedaría en sus manos. Esta es la condena del ciudadano español, saber que su política vive pendiente de quien pretendió quebrar la nación mediante un golpe a la democracia.
Por si necesita traducción: la Mesa del Congreso de los Diputados, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, vetará este jueves la proposición no de ley presentada por los independentistas para que la Cámara Baja inste al presidente, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza. Claro que si Puigdemont quiere tener su cuestión de confianza no tiene más que esperar a que presente al Congreso una ley de Presupuestos… Si es que atreve a hacerlo.
Estas son las dos palancas que tiene el Gobierno para aprobar unos Presupuestos: o la seducción o el chantaje. Puede negociar con el prófugo el elevado precio de su rescate o chantajear a la oposición vinculando parte las ayudas de la DANA a la aprobación de las Cuentas Públicas. No son estrategias incompatibles.
Ahora bien, ¿qué importarán las cuentas públicas cuando todo el programa de gobierno es una estrategia de defensa?
El 90%, si no más, de los esfuerzos ejecutivos están hoy dedicados a la anulación de los procedimientos judiciales. Cuántas páginas del BOE, desde la reforma del delito de sedición pasando por la amnistía hasta, ya veremos, la ley Begoña se habrán escrito para tratar de obstaculizar decisiones de los jueces.
El Gobierno ha asumido también como propia la defensa del Fiscal General del Estado. Es un movimiento, sin duda, arriesgado y que no sólo responde a la desinhibición del presidente, que utiliza el posesivo para referirse al Fiscal General del Estado, como si fuera el ministro 23. No es sólo eso. Es que el juez señala a la Moncloa como el vértice del triángulo de la operación de Estado para destruir a Isabel Díaz Ayuso mediante la filtración de documentación confidencial de su novio.
El triángulo sería la Fiscalía, la Moncloa y los medios afines. De manera que sí, defender a Álvaro García Ortiz sería proteger la última línea de defensa antes que las responsabilidades alcancen a la Presidencia del Gobierno.
Ese auto que Pilar Alegría comenta con tal idem no dice lo que la portavoz dice que dice. Más bien dice lo contrario. Dice que hay un cúmulo de indicios para sospechar de la participación del Fiscal General del Estado en una operación política mediante la revelación de secretos del novio de Ayuso. Y eso cuando aún no ha podido acceder a las comunicaciones del Fiscal en los momentos críticos porque él mismo se encargó de borrar el rastro de las mismas.
Pero es que el auto reúne una cantidad de indicios suficiente como para constituir una prueba, sobre todo cuando no hay una explicación alternativa razonable.
A ver, si el Fiscal recibió a las 21.59 el correo confidencial del novio de Ayuso, si pidió que se lo enviaran a una cuenta privada de gmail y no al correo de la Fiscalía, si a las 23.51 se publicó la primera información al respecto, si las conversaciones aportadas por Juan Lobato demuestran que la número dos de Óscar López en la Moncloa le envío la imagen del correo y le presionó para que la mostrara en la Asamblea, si todavía ningún medio la había publicado y si el propio Lobato era consciente de que se trataba de una ilegalidad, hay un cúmulo de indicios suficientes como para constituir una prueba indiciaria. Sobre todo porque no hay una explicación razonable alternativa y por la evidente voluntad de ocultación del Fiscal General del Estado, que decidió cambiar de móvil justo después de la imputación…
Pero Pilar Alegría puede seguir diciendo que los jueces toman sus decisiones sin ajustarse a derecho o guiados por la animadversión al gobierno. Aquí lo fundamental es que el Gobierno ha decidido que va a defender al FGE como si fuera el ministro 23 y es muy probable que no sea por un acto de piedad sino porque sus destinos están vinculados.
Hoy, Isabel Díaz Ayuso no se ha resistido tampoco a comentar los procedimientos judiciales y la referencia que ha aportado no es demasiado original. Ahora, el que desde luego ha ido a Madrid a elevar el debate público es Óscar López. No hay duda. Fíjense qué brillantez argumental… que digo yo que López debería cuidarse de andar señalando presuntos excesos y adicciones, no vaya a ser que se abra la veda y esto termine siendo un tema de conversación público.
