La ley de amnistía ya se ha registrado en el Congreso de los Diputados. Ha habido problemas de última hora y los independentistas querían darle un repaso. De ahí la tardanza. Porque esta es una de la características de esta ley que dicen que se ha escrito pensando en el interés general. Que se ha negociado con los propios delincuentes a los que garantiza la impunidad. Con lo que queda así desmentida la mentira más impudorosa de la exposición de motivos. Esto no se hace por el interés general sino para recabar los votos de Esquerra y Junts per Cat.
¿Qué está ocurriendo? Que este es un traje a medida. Según va uno recorriendo el articulado puede identificar por su nombre y apellido a quien se refiere implícitamente. Pues ahora Esquerra Republicana considera que le tira un poco la sisa del traje y que igual le han hecho unos ajustes que lo hacen incómodo.
Esto también anticipa la dinámica de esta legislatura. Todo el país pendiente de los independentistas. La fecha de la investidura de Pedro Sánchez ya está cerrada, será el 15 y el 16, y parece imposible que se pueda cambiar el calendario.
Otra demostración que desnuda la mentira del interés general. Sin ley no hay investidura y hasta que la proposición estuvo redactada y presentada no hubo fecha para el pleno.
Lo fundamental es lo que ya se conocía: se trata de una compra de votos a cambio de impunidad para unos delincuentes muy concretos.
Es el atentado más evidente contra el principio de igualdad
La ley extiende un manto de impunidad para quien haya organizado o colaborado en la organización de los referendos del 9N y el 1O. A quien haya malversado dinero o desviado fondos públicos para sufragarlos o para promocionarlos. O a quien haya incendiado las calles como Tsunami o los CDR para protestar por la condena de quienes lo promovieron.
Es el atentado más evidente contra el principio de igualdad. Mira que no habrá malversadores en la cárcel. Ah, pero robaron por los motivos equivocados. Piensen en la financiación ilegal de un partido. También es política. Es algo horrible, pero al menos financia actividades legales. La amnistía viene a borrar los antecedentes penales y a extinguir la responsabilidad de quienes financiaron ilegalmente actividades ilegales. Lo que pasa es que estos son socios del Gobierno. Tal es la perversión de todo esto.
Decía el equipo de opinión sincronizada, no se puede hablar del texto sin haberlo leído. Bueno, salvo si es a favor, que entonces sí se puede hablar. Bien pues el texto ya se conoce y tiene muchas razones Josep Borrell para estar preocupado.
Josep Borrell en su condición de socialista catalán. Había mucho interés por escuchar a quien con tanto esfuerzo y tino intelectual había combatido las mentiras del nacionalismo. Lo cierto es que había mucho interés por leer la exposición de motivos de la ley, pero los negociadores han decidido no meterse en líos ni relatos. Es una excusatio preventiva, de carácter puramente técnico y casi parece la ponencia de un futuro recurso ante el Constitucional. Luego está un párrafo dedicado al Supremo que merece la pena reseñar.
La principal novedad respecto de lo que ya se conocía de la ley es una cláusula defensiva, una especia de defensa preventiva, destinada a protegerse del Tribunal Supremo. Así que la ley anticipa el choque institucional que vendrá y por eso quiere evitar como sea que una causa de inconstitucionalidad suspenda o demore o retrase la impunidad de Carles Puigdemont y sus cómplices. Por eso le han adherido una cláusula que impone "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad".
Además de quebrar el principio de igualdad ante la ley, impone un régimen excepcional, por el que no caben las medidas cautelares. Es escandaloso, no sólo pretende concederle impunidad a unos delincuentes muy concretos, sino que además pretende blindarlos frente a los recursos del Supremo. Claro que el tribunal tiene una opción que ya están barajando sus magistrados: presentar una cuestión de inconstitucionalidad a esa cláusula que la deje en suspenso y luego a la propia ley.
El interés general, es una mentira, que el mismo Pedro Sánchez se encargó de poner en evidencia ante su Comité Federal
Precisamente el Tribunal Supremo ha emitido un comunicado este lunes donde recuerda que el Estado de Derecho, "en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes». No se refieren explícitamente a esta cláusula porque cuando estaban reunidos no se había publicado el texto de la ley sino al espíritu del lawfare que recorre los acuerdos de Junts y Esquerra con el PSOE.
Es que les voy a leer un extracto especialmente despendolado del texto: "esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento»".
¿Al contexto? O sea que el estado de Derecho debe tener en cuenta cuántos votos necesita Sánchez para seguir siendo presidente del Gobierno. ¿Ese es el contexto? Porque el fin invocado, el interés general, es una mentira, que el mismo Pedro Sánchez se encargó de poner en evidencia ante su Comité Federal. En cualquier caso, los cientos de miles de personas que salieron en toda a España a decir que ‘no en su nombre’ ¿no forman parte del interés general?
