Hoy era el día de la despedida de Joe Biden ante su nación, pero Donald Trump ha querido adelantar los fastos de la inauguración de su mandato y ha sido él personalmente quien ha anunciado el acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes que permanecen capturados desde hace más de 400 días por la milicia terrorista Hamás.
Los negociadores aún tienen que confirmar una fecha de inicio y otros problemas técnicos aún podrían descarrilar el acuerdo, pero Trump se apresura para que este acuerdo compute en su mandato y no en el Biden. Y es verdad que es muy posible que tuviera mucho que ver la amenaza que profirió recientemente de convertir Oriente Próximo en un infierno si Hamás no liberaba a los secuestrados. Y sobre todo que la verosimilitud que le dieron a la amenaza.
Lo fundamental es que el acuerdo para la liberación de los rehenes se desarrollará en varias fases y que ha dividido a los familiares de los secuestrados, entre otras por lo delicado que es establecer unos criterios para la selección de los secuestrados que van a ser liberados en primer lugar.
La contrapartida es la puesta en libertad de una serie de presos palestinos, el cese temporal de las operaciones y la entrada de ayuda de primera necesidad.
Hoy era el día en que Joe Biden se despediría de la presidencia mediante un discurso que ha quedado desplazado por el anuncio de Donald Trump. El de Biden ha sido un mandato turbulento, porque uno de los acontecimientos que lo ha marcado fue la invasión de Ucrania. Tras las elecciones en las que no participó se ha convertido en un pato cojo de actividad frenética. En el Partido Demócrata nunca dejarán de reprocharle el desarme moral que supone indultar a su propio hijo a las puertas de un nuevo mandato de Donald Trump. Su última decisión ha sido retirar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a cambio de la liberación de medio millar de presos políticos y el corolario será este acuerdo para un alto el fuego que será imputado en la administración de su sucesor Donald Trump.
El Fiscal General del Estado ha reaparecido hoy en un acto público con un estupendo sentido humor. Acompañado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que estaba muy risueño, se ha referido a su aberrante situación en la inauguración del curso de acceso a la Carrera Fiscal.
O sea, que se ha dirigido a los fiscales del futuro, a los que en realidad se podría haber expuesto como contraejemplo de cómo actuar. No lo ha hecho, más bien les ha recomendado que se acostumbren al foco mediático en una declaración que no parece demasiado bien medida, como todo lo que hace.
En cualquier caso ya ven que Álvaro García Ortiz cuenta con el apoyo de su gobierno. El Gobierno confía en su Fiscal, de manera que seguirá en el cargo ocurra lo que ocurra.
Es interesante la labor de este gobierno que desconoce por completo la separación de poderes. Tenemos al ministro de Justicia dictando directamente la sentencia que se debería dictar sobre García Ortiz. Sin atender a los indicios expuestos, a la cronología de los hechos ni a la prueba testifical ni a la conciencia del delito manifiesta tanto en Juan Lobato como de la Fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra. Pueden escuchar su declaración hoy en El Independiente. Lastra relata cómo advirtió de que sería una ilegalidad desvelar datos confidenciales y que si había que desmentir una noticia se podía hacer sin revelar secretos, pero ah, había que mostrar que el abogado de González Amador había ofrecido a la Fiscalía reconocer dos delitos y de ahí que la reproducción del mail terminara en los medios.
En cualquier caso, la situación ya es lo suficientemente anómala y lesiva para la institución. De hecho todo un presidente como Felipe González lo tiene bastante claro. Tendría que dimitir, si es que tuviera algún aprecio por la institución a la que representa.
Esto de Junts, ahora dicen que pasan a la oposición. La pregunta es, ¿dónde estaban entonces? Porque era frecuente verlos votando contra el gobierno. Ahora que la amenaza algún efecto ha tenido sobre el Gobierno, porque le han pedido a los de Puigdemont que reformulen su proposición no de ley para instar a Pedro Sánchez a enfrentarse a una cuestión de confianza.
Estamos ante un clásico embrollo partitocrático que en realidad carece de interés. Porque basta con aplicar la lógica para entender que cualquier esperanza que Feijóo tenga de conseguir los votos de Junts para una moción de censura es vana. Con una nueva mayoría en el Congreso, Puigdemont perdería su poder de coacción. La estrategia siempre fue investir a Pedro Sánchez para mantener durante toda la legislatura en situación de extrema debilidad.
Paradójicamente la ley Begoña puede tener como efecto colateral aliviar la persecución sobre Carles Puigdemont, de manera que quizás haya aún margen para el entendimiento.
Ahora que hablamos de la Ley Begoña, que pretende acabar con la acusación popular para interferir en los procedimientos abiertos al entorno familiar de Pedro Sánchez, hoy Isabel Díaz Ayuso ha tenido palabras muy duras al respecto pero no más duras de las expresadas ya por Feijóo en estos micrófonos, donde también utilizó la palabra dictadura.
