Nada hay más indicativo de una crisis institucional que todas las miradas estén puestas en el órgano de garantías. Hoy habrán visto en todos los informativos el particular edificio redondo, lleno de ventanas...esa especie de cilindro oscuro de arquitectura bastante brutalista se alza en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, a la vera de la ciudad universitaria.
Nadie duda que la tramitación de la reforma exprés del Gobierno es irregular, hay sentencias que lo señalan con tal claridad que se puede decir sin ningún temor a equivocarse que es inconstitucional reformas dos leyes orgánicas tan delicadas como la que regulen el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional mediante dos enmiendas a una proposición que nada tiene que ver. Es irregular. Esto ni el gobierno lo duda, de hecho lo hace a sabiendas.
El Constitucional ha estado bajo una lluvia de críticas, presiones y amenazas apenas veladas, en un clima creciente de coacción por parte del Gobierno, que en boca de una ministra y portavoz socialista, María Jesús Montero, ha hecho depender la legitimidad de la institución de lo que hoy decidan los magistrados.
Quizás no ha sido ni siquiera lo más grave que se ha dicho estos días. Recopilemos, primero Felipe Sicilia habló de un golpe de togados, luego Pedro Sánchez metió a los jueces en un complot derechista contra el gobierno, luego Félix Bolaños amenazó con consecuencias desconocidas en caso de que tumbasen la ley y ahora María Jesús Montero pone su legitimidad en entredicho. Con esta atmósfera, los magistrados han tomado la decisión.
Déjenme que les de la bienvenida en la Brújula a todos aquellos que se incorporen a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Yo no sé qué hacen que no están Alicante. 15 graditos, sol reluciente, una ciudad con un bienestar envidiable. Es que nos hemos venido aquí a hacer el programa por el segundo centenario de su diputación y a ver quién nos echa ahora de aquí. El viernes estuvimos en Valencia y hablamos con el presidente de la comunidad Ximo Puig y hoy tendremos con nosotros al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que librará con él desde el PP la batalla electoral. Así que en la Brújula ya podemos dar por comenzada la precampaña.
El calendario electoral contribuye a explicar parte pero no todo lo que está ocurriendo hoy entre la política y la justicia. Hay prisa en el Gobierno por aprobar las leyes más controvertidas, para dejar despejado el año electoral y hacer campaña desde el poder como se suele, que es repartiendo dinero. Pero también hay prisa porque la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación se hacen para evitarle la cárcel y para garantizar la impunidad de una extensa lista de cargos de la Generalitat de ahora y de entonces, de cuando el golpe de 2017. Como reconocía en un artículo bastante impudoroso Jordi Amat ayer en El País: «Desde quien creó las herramientas informáticas para reclutar a voluntarios hasta quien impulsó viajes de observadores internacionales para legitimar el proceso electoral. Desde los responsables de los medios de comunicación de la Generalitat, a los que se acusa por haber autorizado la difusión de campañas para promover el referéndum, hasta quien encargó a empresas privadas el material para votar más allá de las urnas».
Ahora, el mérito del Gobierno es que no se habla ya tanto de esto sino de una cuestión procedimental. Tanto los morados como los socialistas combinan la ofensiva política con una ofensiva judicial destinada a frenar el pleno del Constitucional.
Nunca antes Alberto Núñez Feijóo se había expresado en términos tan duros acerca del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy había en Madrid Comité Ejecutivo del Partido Popular. Al término, el presidente del PP ha entrado en la cuestión recurrente de la legitimidad del Gobierno. Recurrente porque suele ser el Gobierno y sus más abnegados voceros quienes la invocan. Dice Feijóo que Sánchez es legítimo, lo que no es legítimo es lo que está haciendo con las instituciones.
