La palabra es dura, me hago cargo. Pero, para no enloquecer, conviene llamar verdad a la verdad y a la mentira, mentira.
Miren, hoy se ha conocido el dictamen de la Convención de Venecia sobre la ley de amnistía y es durísimo. Vamos a repasar enseguida cuáles son la objeciones concretas que ponen al texto y apuntan a cuestiones cruciales del mismo. Aquí está un resumen del dictamen y cualquier persona en sus cabales al leerlo entiende que es demoledor.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa. O sea que este dictamen no es vinculante. El Gobierno podría haber alegado esto. Y sin embargo, el primer ministro in pectore Félix Bolaños decidió manipularlo hace días, cuando todavía no estaba ni publicado, y filtró a la prensa amiga que se trataba de un aval a la amnistía. Esto es sencillamente mentira y hoy esa mentira se ha descubierto en todo esplendor.
Si ya era grave que Bolaños hubiera hecho eso antes de que cualquiera pudiera leer el dictamen, para lo que cuesta encontrar un calificativo es para que lo siga manteniendo después de que se haya publicado. Pretende que la gente ya no crea ni lo que lee. Pretende enloquecer a la gente.
No, no es verdad. Y como es duro hablar en estos término y hay que justificar muy bien la afirmación de que un ministro miente, vamos a leer algunos argumentos concretos del informe de la Convención de que desmontan la amnistía que ayer aprobó en primer trámite el Congreso de los Diputados.
La Comisión de Venecia cuestiona el procedimiento, el traje a medida, la falta de consenso, el arco temporal y hasta guarda un capítulo especial para las comisiones legislativas del lawfare.
Vamos por partes. Yo les expongo una frase literal del dictamen y luego les explico contra que precepto de la ley de amnistía se dirige.
"Las amnistías debería adoptarse con una mayoría cualificada suficientemente amplia en la medida en que puede tener efectos muy divisorios para la sociedad". El propio ministro Bolaños reconoció aquí en Onda Cero con Carlos Alsina que había una mayoría de la sociedad en contra de la amnistía
Pero, es que además se ha aprobado contra la mitad del Parlamento y contra el grupo mayoritario de las dos cámaras.
Resulta que esta es una ley no ya escrita por Puigdemont, sino reescrita y vuelta a reescribir por sus beneficiarios
"Los criterios es los que se basan no deben estar diseñados para cubrir a individuos específicos". Resulta que esta es una ley no ya escrita por Puigdemont, sino reescrita y vuelta a reescribir por sus beneficiarios, en función de como cambiaba su situación procesal.
Y dirán… bueno eso es lo que usted cree… no miren. No hay una sola ley, no se recuerda, que haya sido aprobada en comisión y tumbada en el pleno. Por qué. Porque son los mismos grupos los que la votan. ¿Qué ocurrió entre que se aprobara en la comisión y la tumbara el pleno? Sí, que la situación procesal de Puigdemont y otros protoamnistiados cambió, por las decisiones de los jueces García Castellón y Aguirre y por tanto hubo que renegociar los términos de la ley.
O sea, esta es una ley no ya escrita por Puigdemont, sino reescrita y vuelta a reescribir por sus beneficiarios, en función de como cambiaba su situación procesal. La Comisión de Venecia no sólo afirma sino que luego reitera que «una amnistía no debe diseñarse para cubrir a personas concretas»
Y luego continúa con otras recomendaciones. Como "Acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación o garantizar que se establezca una relación causal más estrecha entre las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 su preparación o sus consecuencias y los actos de malversación y corrupción".
Resulta que el periodo de impunidad se amplió para alojar bajo el manto de impunidad, no ya a Artur Mas y su 9N: ¡a los Pujol y sus latrocinios! ¿Por qué el procés según la ley empezó en 2011, durante el mandato de Zapatero? Efectivamente parapoder decir que los Pujol robaron en nombre de Cataluña.
Hay más: Dice que el procedimiento legislativo no puede ser de urgencia. Y más. También habla de las Comisiones de Investigación que se pactaron con Esquerra y Junts para sentar a los jueces y describir el panorama de un lawfare y de otras lindezas.
En resumen, que es imposible que nadie vea un aval en el dictamen. Y como es imposible. Quien lo dice, miente. Fue el Partido Popular quien recurrió a este organismo para cargarse de razones y el Gobierno podía haber argumentado que su opinión a nadie vincula. Pero, prefirió manipular el informe antes de que saliera para hacer una campaña de pura posverdad. Por eso hoy el PP se siente perfectamente legitimada para sacar pecho con este dictamen. Lo decía su secretaria general Cuca Gamarra.
Carles Puigdemont ya estudia junto a su abogado el calendario para ver si se puede presentar a las elecciones
La amnistía sigue su camino parlamentario y Carles Puigdemont ya estudia junto a su abogado el calendario para ver si se puede presentar a las elecciones. Es la gran cuestión. Hoy le han preguntado a Gonzalo Boye si Puigdemont puede ser detenido cuando regrese a España y esto ha contestado
Hay otra cuestión de gravedad que afecta al Gobierno y es el tratamiento que la Agencia Tributaria y la Fiscalía ha brindado a un particular. Porque ahora que lo que se ha revelado que posible fraude cometido por Alberto González sólo a él compete y que lo único que tiene que reprocharse Isabel Díaz Ayuso es ser su novia, conviene revisar las razones por las que la opinión pública ha sido participe de toda la información tributaria de un particular y de sus intercambios para ejercer su derecho a la defensa.
Fuentes fiscales califican de "muy grave" y "sin precedentes" lo ocurrido ya que vulnera el derecho de defensa del investigado
Hoy el Colegio de Abogados de Madrid ha salido en defensa del novio de Ayuso. Considera de “extrema gravedad” que la Fiscalía respondiera con datos de un sumario a las denuncias del Gobierno madrileño.
Lo grave sería que se confirmara esta información que adelanta en El Mundo, Ángela Martialay. Según informan fuentes fiscales a El Mundo el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dio este jueves la instrucción directa a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de enviar a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa la nota con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso. Fuentes fiscales califican de "muy grave" y "sin precedentes" lo ocurrido ya que vulnera el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del letrado Neira, que ejerce la defensa de la pareja de Ayuso.
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