La degradación es imparable y el deterioro institucional ya es irremediable. Es que hoy han imputado al Fiscal General del Estado, investigado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Ante una noticia semejante, cualquier Estado democrático entra en convulsión, pero en la España de hoy casi parece una minucia.
A Álvaro García Ortiz no le supuso ningún inconveniente ser el primer Fiscal General del Estado declarado inidóneo por el Consejo del Poder Judicial y nada le impide ahora convertirse en el primer Fiscal General del Estado imputado en el ejercicio de su cargo. Casi lo lleva con timbre de orgullo porque, además, ha recibido el apoyo del Gobierno.
Esto debería resultar embarazoso para el Fiscal General del Estado porque es, en sentido estricto, una obscenidad. El Fiscal General del Estado no es parte del Gobierno, es un órgano autónomo, y el Gobierno no puede actuar como su defensa particular porque tan institución del Estado es el Supremo como la Fiscalía. Pero aquí ya todo da igual.
Ahora fíjense la torsión que sufre el Estado de Derecho. Lo explica muy bien el jurista Salvador Areta. "En breve, el Fiscal General del Estado declarará (o no, ya que es su derecho) como investigado. Si lo hace y quiere responder a la acusación pública, veremos como otro fiscal, un subordinado, realizará el interrogatorio". La Fiscalía es un órgano jerárquico, ¿alguien cree que esto es normal? No, nunca puede considerarse normal. El problema es que en este sanchismo crepuscular los escándalos son cada vez más habituales, pero nunca serán normales.
El bulo es decir que Álvaro García Ortiz está imputado por desmentir un bulo. No existe esa tipificación delictiva. Es tanto como decir que Aldama está en prisión por favorecer el emprendimiento.
Álvaro García Ortiz está siendo investigado por valerse de su cargo y de la información confidencial de la que dispone en una operación política. Tal es la sustancia de la revelación de secretos que se le imputa. Un Fiscal General del Estado no es el director de comunicación de un partido, no es un fontanero de los partidos, no es un periodista, no es un portavoz del Gobierno ni es uno de tantos intoxicadores que tienen en nómina los partidos.
Dicen que es que Miguel Ángel Rodríguez estaba tratando de imponer la versión de Ayuso en los medios. Eso no autoriza al Fiscal General del Estado a utilizar datos confidenciales de un particular, por más novio de Ayuso que sea. Porque, oigan, quizás haya que recordar lo básico: una persona que tenga un litigio con Hacienda tiene todo el derecho a negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía e incluso puede ofrecer declararse culpable. Lo que es una vulneración intolerable es que la Fiscalía revele sus datos para "ganar el relato".
No se podrá demostrar que fue él quien puso en circulación el expediente del Alberto González Amador para destruir a Ayuso. Lo que ahora investiga el Supremo no es ni siquiera el comunicado en el que confirmó la negociación, sino los correos electrónicos filtrados a la prensa con datos confidenciales de Alberto González Amador. Que puede no llegar a demostrarse que fue él quien los filtró y, sin embargo, ya está suficientemente demostrado que actuó valiéndose de su posición y de su información contra un particular por una causa política.
Porque el pecado de Álvaro García Ortiz está confesado en el WhatsApp con el que urgió a la Fiscal de Madrid para publicar cuanto antes el comunicado en el que informaba de que las negociaciones con el novio de Ayuso para un acuerdo de conformidad: "si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato". Es tan revelador este mensaje... Empezando por el tiempo verbal, ¿quién se esconde tras la primera persona del plural, ese "nosotros" delator?
¿Qué hace el Fiscal General del Estado batiéndose en la batalla del relato? Y ya les digo que no se podrá demostrar quién puso en circulación el expediente del novio de Ayuso cuando se enteró de que tenía problemas con Hacienda por unas actuaciones de cuando ni siquiera era novio de Ayuso, pero hay una mala conciencia en algunos que es muy delatora.
En cuanto al auto de imputación, miren, el diablo está en los detalles. En la página 17 hay una referencia a la declaración del Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, y a una llamada de la Fiscal Jefa Provincial en la que le informa de que González tiene un vínculo con Isabel Díaz Ayuso. Ustedes se hacen cargo de esto. ¿Qué hacen los fiscales informándose de con quien tiene "un vínculo" un particular? ¿Qué pinta ahí Ayuso si cuando ocurren los hechos González Amador ni siquiera era su novio?.
Pues ya ven. En esto está la Fiscalía. De manera que sea cual sea el destino procesal de Álvaro García Ortiz, sentimos informar al ministro Bolaños, ya es imposible que esto quede en nada.
La oposición ha entendido, al fin, que nada hay tan hiriente como una pregunta directa. Es lo más relevante de la sesión de control de hoy. No las acusaciones cruzadas, no el agrio enfrentamiento, no los creativos argumentos manufacturados por los escribas del partido. Una pregunta. La pregunta que Alberto Núñez Feijóo es pertinente, directa y concisa. Como no va adornada con filigranas, no es posible eludir la respuesta sin que eso represente la más elocuente respuesta
Tiene gracia, porque Sánchez le dice, no me hable de "tapar" cuando no le ha dicho nada de "tapar". En todo caso será, no me hable de Aldama.
Víctor de Aldama está en la cárcel porque le han encontrado 70 millones en el extranjero. Le acusan de defraudar más 180 millones en los hidrocarburos, pero es que además aparece señalado en los informes de la Guardia Civil como el muñidor de la presunta organización criminal en la que jugaba un papel esencial Ábalos.
Es muy pertinente saber cuál es la relación de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama y también la de su esposa, porque constan al menos siete reuniones de Begoña Gómez con Víctor de Aldama. Y hoy informa 'Vozpopuli' de una muy comprometedora del propio Pedro Sánchez: Sánchez se vio con Aldama y Ábalos dos días antes de que se invitara a Delcy a Madrid.
Y mientras tanto, un pasito más hacia la imputación del que fuera su secretario de Organización. Anticorrupción pide que el Supremo impute a Ábalos por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Pide al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que envíe una exposición razonada con los indicios de delito al alto tribunal.
Hoy la prensa muy afín destaca que Pedro Sánchez ha pedido disculpas, un gesto absolutamente vacío. Qué más darán las disculpas, lo importante son las respuestas.
