Hace ya dos días que el Congreso tumbó el decreto ómnibus del Gobierno. Hace dos días que los grupos parlamentarios de la oposición se negaron a degustar el botillo legislativo que le había servido el Gobierno. Hace dos días, por tanto, que el Gobierno podría haber buscado una solución muy sencilla: deshacer el botillo y aprobar en sus correspondientes decretos medidas que cuentan con el apoyo mayoritario de la Cámara y acabar así con la zozobra de pensionistas y usuarios del transporte público.
Pero el Gobierno antepone su orgullo al interés de los ciudadanos. Es casi lo último que nos quedaba por ver: legislar por despecho, aun sabiendo que quienes pagaron sus bravatas serán los ciudadanos.
Hoy mismo se lo dice El País en un editorial que a buen seguro habrán leído en la Moncloa. Oigan, primero busquen una solución y luego ya escribirán el relatito. Pero no, el Gobierno ya no es sensible ni siquiera a los editoriales de El País y pretende convencer a los ciudadanos de una doctrina turulata, esa que dice: ¡Hay que ver lo mal que gobierna la oposición!
Pedro Sánchez optará por la opción más lesiva para todos. Para los ciudadanos, por supuesto, que ahora se encomiendan a las Comunidades Autónomas para que cubran el gasto que dejará de sufragar el Estado central. Tiene un cierto morbo político lo de ver a los socialistas en la oposición en tantas comunidades casi rogándole a sus gobiernos que no cubran la bonificación del transporte público, porque si no lo sienten en sus bolsillos no pueden culpar a la pérfida derecha y lo único que queda es la clamorosa derrota electoral y la certificación de que el Gobierno no tiene mayoría para gobernar.
En realidad, este decreto botillo habrá servido ya como cuestión de confianza, porque ha revelado el humor de la Cámara y es evidente que este tiempo que transitamos no puede ser llamado legislatura. ¿Puede un gobierno prevalecer sin legislatura? Sí, si su única motivación es prevalecer.
O sea, este es un Gobierno que nació mediante la transacción de lo más sagrado. Se fue a Waterloo, traicionó su palabra, su ideario y canjeó una amnistía, ni más ni menos, a cambio de la investidura. Fue capaz de transaccionar con la igualdad de los españoles y pactó el concierto catalán a cambio de investidura. Entregó hasta las competencias de inmigración a un partido de la derecha nacionalista. Y, sin embargo, es incapaz de concederle al PP una tramitación limpia de los decretos.
El PP o deglute el botillo, contenga lo que contenga, o que se acompañan los pensionistas, los del abono transporte y lo del salario mínimo. Eso no es gobernar, eso es tomar el interés general como rehén y exigir un rescate.
Y es lo que está ocurriendo, porque Pedro Sánchez ha decidido que prefiere embarcarse en la aventura incierta de tratar de convencer a los ciudadanos de lo mal que gobierna la oposición antes que buscar una solución sencillísima para sus problemas.
En otras encrucijadas de su mandato el Gobierno lo tuvo claro y fue capaz de peregrinar hasta Waterloo en penosa procesión para hacer transacciones hasta con lo más sagrado para sacar adelante una iniciativa cualquiera. Sin embargo, el bienestar de los ciudadanos, medidas muy necesarias y que cuentan con un acuerdo general, no merecen siquiera que el Gobierno haga un mínimo ajuste de puro trámite. De lo que cabe concluir que el interés general es sólo un rehén con el que el Gobierno chantajea a la oposición.
Un Gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria y que manda mucho. Que puede cesar desde la Moncloa al presidente de una grande del IBEX, puede colonizar las instituciones, puede, incluso, postularse como el antagonista del Estados Unidos de Donald Trump al otro lado del Atlántico... pero que no podría ni convalidar unas cuentas públicas.
Pero el gobierno prefiere arriesgarse a que se convierta en una evidencia su falta de apoyo social y parlamentario antes que siquiera sentarse a negociar con el Congreso. Hubo un tiempo en que el decoro democrático invitaba a lo contrario e, incluso, se organizaban reuniones con el líder de la oposición para escenificar una disposición al diálogo. Ahora es lo contrario.
Se está tratando de trasladar a la oposición la responsabilidad de gobernar y eso resulta francamente excesivo incluso en un país donde los sindicatos se manifiestan contra la oposición, como es España.
Las posiciones siguen enrocadas, porque cuando el Congreso se niega a deglutir un botillo legislativo, si le presentas el mismo botillo legislativo otra vez, cabe que obtenga el mismo resultado. Si es que, además, se lo han confirmado tanto sus exsocios de Junts como los habitantes del otro lado del muro que Sánchez erigió en su debate de investidura.
El PP reitera que tiene su apoyo para aprobar las medidas con las que están de acuerdo: la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público.
Pero incluso mucho mejor que Alberto Núñez Feijóo lo explicaba María Jesús Montero. Decía que "si desgajamos cada una de las medidas es muy difícil oponerse a ellas". Pues háganlo. Y así, además, podremos comprobar cuáles son exactamente las medidas que el PP, Junts o Vox consideran lesivas para el interés general.
Luego ya el PP se pierde con estas medidas tan de caricatura como lo de recoger firmas para Change.org, que en realidad es una compañía de minado de datos. Pero lo sustancial es que el Gobierno tiene varias opciones sobre la mesa y ha elegido la peor, que es legislar por despecho.
Hoy ha estado en Más de Uno con Carlos Alsina, el ministro de Transformación Digital, Óscar López y no parecía transmitir mucha voluntad de acuerdo.
Óscar López es ministro y aspira a competir en Madrid por la presidencia de la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso. Ya hay otra ministra en la carrera por recuperar poder territorial para el PSOE. Su nombramiento demuestra cuál es la democracia orgánica de este partido que tantos años ha presumido de sus primarias. Porque Pilar Alegría ha conquistado la secretaría general de Aragón sin tener que disputar un proceso interno, porque el candidato de los de Lambán se ha retirado.
Así funciona la apisonadora de Ferraz, que ha conseguido a imponer a otra ministra al frente de una federación en su afán por convertir el Consejo de Ministros en una plataforma electoral y la Moncloa en la sede de campaña para las municipales y autonómicas.
