Esto no es tan novedoso. ¿Se acuerdan de aquel gobierno bonito? ¿El primero de Sánchez? ¿El que Sánchez montó nada más triunfar su moción de censura? Ese Gobierno ya fue una plataforma electoral. Porque el PSOE tenía 85 diputados, tenía que gobernar con los Presupuestos de Montoro, que no de Montero, y solo pretendía ser un buen escaparate electoral. Veremos si esta vez le sale tan bien como entonces. Parece improbable, porque ya más que de desgaste hablamos de decrepitud.
Una a una, Ferraz va domando a las federaciones socialistas y doblegando la voluntad de quienes podían ser un obstáculo para que La Moncloa impusiera a sus candidatos. Y digo La Moncloa, porque La Moncloa vuelve a ser una plataforma electoral.
El andaluz Juan Espadas y el castellanoleonés Luis Tudanca se retiran. No se han atrevido a enfrentarse al aparato, que hace todo un alarde de poderío. Camino expedito para los candidatos oficialistas. Mueran las primarias, viva la dictadura del secretariado.
Con una minoría absoluta en el Parlamento, sin capacidad para legislar, La Moncloa ya solo piensa en las elecciones de 2027 y pasa de ser la sede del poder ejecutivo a la sede de la campaña socialista para las autonómicas. Pilar Alegría en Aragón, Diana Morant en Valencia, Óscar López en Madrid y, el caso más delicado es el más reciente, María Jesús Montero en Andalucía.
María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. La que negociará la financiación autonómica con quien será su rival en las elecciones, Juanma Moreno. Si ya era evidente que Hacienda se estaba prestando a la más groseras escaramuzas políticas, ¿creerá alguien que las decisiones de María Jesús Montero estarán dictadas por el interés general y no por el interés electoral?
Máxime cuando el lanzamiento de su candidatura ya se ha producido en Jaén, donde el alcalde saliente denuncia que la moción de censura que lo ha descabalgado ha contado con la participación directa de Hacienda gracias a una promesa para aliviar la deuda que antes le negaron a él.
Estamos en 2025 y esto es España. Eso significa que cualquier apariencia de cordura institucional ya suena hasta ridícula. Hubo un tiempo en que se le reprochaba a los portavoces del Consejo de Ministros que utilizaran el escenario privilegiado de La Moncloa para hacer política partitocrática. Eso está ya superadísimo. Cualquier reproche al respecto provoca carcajadas.
Claro que todos los partidos quieren ganar las elecciones pero que la ministra de Hacienda de todos los españoles esté embarcada personalmente en una carrera electoral es algo que supera cualquier expectativa.
Otra cosa es que la operación funcione. Es verdad que la situación de los socialistas en Andalucía es tan desesperada que no hay demasiado que perder. Pero, ¿podrá recuperar al socialismo andaluz la ministra de Hacienda del Gobierno que se comprometió a instaurar una financiación singular y privilegiada para Cataluña? No parece la propuesta más atractiva para un cartel electoral en Andalucía. Pues eso quiere creer Félix Bolaños.
Es verdad que vivimos en tiempos tan extraños que la respuesta a cualquier pronóstico es vaya usted a saber. Como les decía, esto es España y este el 2025. Cualquier apariencia de decoro democrático es una amaneramiento del pasado. Ahora se lleva otro tipo de protocolo.
El mejor exponente del clima institucional actual es el Fiscal General del Estado. Al que el presidente del Gobierno se refiere ya con el posesivo. Nuestro Fiscal General. El mismo sentimiento de propiedad que cuando espetó aquella pregunta retórica: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso".
Álvaro García Ortiz está siendo investigado como parte de una operación de Estado para destruir a una adversaria del Gobierno. Quizás por eso de las Navidades haya pasado injustamente inadvertida la gravedad de que cambiara de móvil justo cuando acababa de ser imputado. Y que con ello destruyera los mensajes justo del tiempo en que se produjeron los hechos que son objeto de la investigación.
El Supremo está dispuesto a que eso no impida investigar lo ocurrido. A pesar de los esfuerzos de Álvaro García Ortiz por hacerlos desaparecer, el instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, da un nuevo impulso a la investigación. Hurtado se dirige a las operadoras Movistar y Vodafone para que aporten "los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que los reciben y emiten" en referencia a los dos números de teléfonos vinculados al fiscal general del Estado.
Asimismo, el magistrado pide información de los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono. Con esta solicitud de información se pretende acceder al registro de llamadas que García Ortiz haya podido realizar desde las aplicaciones de mensajería instantánea.
