La imagen ha dejado pasmados a los barceloneses. Columnas de tractores avanzando por la Diagonal. Cientos de máquinas, conducidos por sus agricultores, que han obligado a cerrar el tráfico de una de las arterias de la ciudad. Venían de todas las provincias y en especial de esa Cataluña central donde la agricultura y la ganadería son el principal sustento económico.
La imagen quizás le haya recordado a los barceloneses a las postrimerías del referéndum del 1 de Octubre, cuando los agricultores gerundenses se hicieron presentes en el procés, pero no… esta protesta es de una naturaleza completamente distinta a aquella. Son agricultores que piden, sobre todo, una revisión de las políticas medioambientales de la Unión Europea y un endurecimiento de los acuerdos comerciales para la importación de alimentos de terceros países. Lo del resto de España, con una particularidad que en Barcelona han sido inmediatamente recibidos por el presidente de la Generalitat Pere Aragonés.
Seguramente porque, al contrario que en otras comunidades, sus interlocutores son reconocidos y son las asociaciones de siempre del campo, Asaja o la Unión de Pagesos. Vamos a ver cómo ha transcurrido la reunión.
Los problemas del campo ya están en la agenda política y hoy han sido materia de discusión
Los problemas del campo ya están en la agenda política y hoy han sido materia de discusión, más que de reflexión, en la sesión de control del Congreso de los Diputados. El problema es que algunas de las demandas son contradictorias entre sí y muchas ni siquiera son competencia nacional, porque afectan a la política comunitaria.
La protesta ha provocado cortes y problemas en 10 comunidades. Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Casi 300 trabajadores han sido desalojadas del puerto de Castellón, que es donde se reciba buena de las naranjas que se importan en la comunidad valenciana. Por el momento la política no sabe cómo responder esta protesta que no va a cesar hoy y que se propone llegar a la capital Madrid este fin de semana.
Esta acusación la hace nada menos que uno de los fiscales del Supremo, que acusa al Gobierno de despojar de toda su autoridad a los fiscales para decidir con toda discrecionalidad sobre el futuro procesal de Carles Puigdemont.
Un 155 encubierto… La entrevista del fiscal Salvador Viada con Carlos Alsina en 'Más de Uno' es, sin duda, el testimonio del día. Porque en su sinceridad descarnada ha permitido apreciar cómo se maneja el gobierno y el desprecio que siente por la independencia de jueces y fiscales.
Ponemos un poco de contexto para explicarlo. La Junta de Fiscales del Supremo decidió por amplia mayoría de 11 contra 4 que había suficientes indicios para investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo. Viada dice que el Gobierno ya tenía prevista esta derrota y por eso lo dispuso todo para que la decisión final fuera de la Fiscalía General del Estado.
¿Cómo? Pues mediante la aplicación del artículo 24, que hace que el informe final sea redactado por María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado. Y como las declaraciones de la portavoz del Gobierno Pilar Alegría sugerían que el Gobierno ya tenía previsto este desenlace y como el informe puede ignorar la opinión de la amplia mayoría de los fiscales del Supremo, el fiscal Viada habla de un 155 encubierto.
Gobierno pionero en tantas aberraciones
Ahora que… menudo papelón le queda a la Fiscalía General del Estado. Sería la primera que contradice el criterio mayoritario de la Junta Fiscales. Pero, claro, para este Gobierno pionero en tantas aberraciones que sea la primera vez que algo ocurre. Es muy probable que Sánchez vuelva a retorcerlo todo con tal de garantizar la impunidad de su socio Carles Puigdemont.
Ya ha prometido incluso retorcer la ley de enjuiciamiento criminal. Ya les contamos que la idea de Sánchez es limitar por ley los plazos de instrucción, que es algo que él prometió cambiar y cambió porque decía que era una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos. La verdad es que es una buena definición… Al menos la cosa ha despertado un cierto rubor en su vicepresidenta Yolanda Díaz. No parece que le haya consultado. Ella dice ahora que no es partidaria. Claro que una declaración tan rotunda puede hacerle naufragar en el ridículo si finalmente traga con la reforma.
Revela no sólo cuál es el estado de las relaciones entre ambos partidos sino también cuál es el grado de madurez de sus dirigentes
Sumar y Podemos han protagonizado uno de los capítulos más hilarantes de la serie Política de Guardería que se emite esta temporada en el Congreso. Resulta que Podemos ha encontrado su Watergate y ha denunciado ante la Policía que han entrado en sus despachos del Congreso y han manejado documentos y dispositivos electrónicos. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la ruptura, Podemos no empaquetó sus cosas y se marchó de los despachos de Sumar y, estos, los de Sumar, han vaciado sus despachos, han cogido sus cosas y las han dejado tiradas en el pasillo. Es una escena a medio camino entre 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva' que revela no sólo cuál es el estado de las relaciones entre ambos partidos sino también cuál es el grado de madurez de sus dirigentes.
VÍDEO DEL MONÓLOGO
