El Partido Popular empieza a hacer oposición contra las concesiones a Carles Puigdemont sobre las que Pedro Sánchez pretende erigir su nuevo gobierno. Eso significa que ya se sitúa en el día después de la investidura de Feijóo, que da por supuesto que será fallida y que además ha asumido la gravedad del momento y piensa actuar en consecuencia.
Porque lo que no tendría sentido sería denunciar el riesgo de un desmantelamiento del Estado de Derecho o de una impugnación de la Constitución y no movilizarse contra ello. Lo que ha hecho el PP es acompasar su acción política a la gravedad de su discurso y ha comenzado, por utilizar la terminología de Aznar, a canalizar la energía cívica para oponerse a los planes de Sánchez.
Dos días antes del pleno de investidura al que se someterá Alberto Núñez Feijóo, el PP celebrará un acto político para oponerse a los planes de Pedro Sánchez. De manera que puede considerarse como un preludio del discurso que Feijóo dirigirá a la nación desde el Congreso de los Diputados no tanto ya como candidato a la investidura sino como líder de la oposición a un incipiente gobierno que pretende forzar todos los límites constitucionales para darle satisfacción al prófugo de la Justicia que lo haría posible.
No será una manifestación. No quieren que se le llamen, seguramente por el proverbial vértigo que suele aquejar al PP cuando hace oposición, pero al menos sí pretende ser una expresión social de rechazo a la amnistía que el Gobierno prepara como pago por los votos de Carles Puigdemont.
La verdad es que si se asumen como cierta la gravedad de las denuncias, no ya del PP, sino de Felipe González, Alfonso Guerra o Juan Alberto Belloch no sólo es que esté justificada la movilización, es que sería incomprensible que el partido más votado en las elecciones no trate de encabezarla.
En 2017, el Estado de Derecho se movilizó para frenar un golpe contra la democracia en Cataluña que pretendía subvertir el orden constitucional
Así que el día 24, domingo, acto en Madrid para rechazar la amnistía, el 26 y 27 pleno de investidura en el que Alberto Núñez Feijóo podría dirigirse a la nación desde el Congreso de los Diputados e Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado su presencia además en la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado.
Esa marcha está convocada para conmemorar aquel 8 de octubre de 2017 en el que el constitucionalismo llenó las calles de Barcelona en realidad atendiendo al discurso del Rey, que hacía unos días que pedía a la autoridades públicas que restablecieran la ley que habían vulnerado, sí, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Cómo pasa tiempo. Casi hay que jurar que aquello ha ocurrido.
Porque en 2017, el Estado de Derecho se movilizó para frenar un golpe contra la democracia en Cataluña que pretendía subvertir el orden constitucional. Si lo recuerdan el debate jurídico se centró entonces en si los hechos delictivos de Puigdemont y Junqueras encajaban en el tipo de rebelión o en el de sedición. El de sediciónya ha sido borrado del Código Penal. Ya no existe en el ordenamiento español. Porque Sánchez lo ofreció en pago por el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana. Pero rebelión sigue siendo un tipo delictivo. Rebelión.
Yolanda Díaz viaja a Bruselas para reunirse en feliz comandita con un prófugo de la Justicia y cuando regresa a España tacha de golpista a la oposición por llamar a una movilización cívica
Vamos a suponer que todos los dirigentes que hablan eligen bien sus palabras. O sea que utilizan con esmero el lenguaje. En el caso de Aznar las palabras elegidas fueron energía cívica o institucionalidad. Por ejemplo. Yolanda Díaz ha acusado a la oposición de promover de rebelión. Ya les decíamos ayer que lo peligroso de que un gobierno tache de golpista a la oposición que critica sus iniciativas es que ‘golpista’ es una categoría que no puede quedar impune.
Nadie ha alimentado la expectativa de una amnistía como este gobierno en funciones
Yolanda Díaz viaja a Bruselas para reunirse en feliz comandita con un prófugo de la Justicia y cuando regresa a España tacha de golpista a la oposición por llamar a una movilización cívica. En estas estamos. Y ahora que estamos jugando a las categorías: ¿Cómo llamamos a un gobierno que pretenden deslegitimar las críticas y las movilizaciones como si fueran golpismo?
El problema no es el discurso caribeño de Yolanda Díaz, porque ella tiene la educación sentimental que tiene. Lo más preocupante es que esto lo haya asumido también como suyo nada menos que la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez. Yolanda Díaz ha dicho más.
Nadie ha alimentado la expectativa de una amnistía como este gobierno en funciones, que ya le ha construido todo un argumentario justificativo. La portavoz de Yolanda Díaz en el Congreso Marta Lois ha reconocido que trabajan en una ley de amnistía. Es verdad que Pedro Sánchez se ha cuidado mucho de decir una sola palabra sobre la amnistía desde el 23J. Antes sí, antes decía que era inviable, inconstitucional e indeseable. Pero eso, dada la elasticidad de su palabra es irrelevante.
Esto lo sabe bien Emiliano García Page, que sigue jugando el papel de barón razonable del PSOE y que hoy ha avisado de lo grave que sería que ahora su partido tratara de convencer al personal de que es perfectamente constitucional aquello que ayer mismo dijeron que era perfectamente inconstitucional.
