Pues con esto ya estaría. Tienen el compromiso de Sánchez. ¿Cuándo ha faltado él a su palabra? Tranquilos, por tanto, los ciudadanos de las comunidades autónomas que se sienten agraviados por el privilegio fiscal de Cataluña. Sánchez va a repartir dinero para todos. Parece extraído del manual del perfecto populista.
Uno de los principios básico de la economía es que los recursos son limitados. ¿Entonces cómo es que se va a repartir dinero a destajo para todas las autonomía? Una pista, no van a reducir el gasto. Así que para subir los impuestos, que es lo que va hacer, Sánchez acude a otro capítulo del manual del populista que es decir que en España hay demasiados ricos y echar mano de la caricatura, que esta vez viene al volante de un Lamborghini.
¿Saben cuántos Lamborghinis se matricularon en 2023 en España? 46. Esto es tratar a los ciudadanos como idiotas. España es un país con unas rentas tan bajas que el umbral de la clase alta lo ubican ya en los 50.000 euros al año. Que es lo que gana menos del 10% de la población. ¿Y toda la solución va a ser expropiar Lamborghinis?
Pedro Sánchez tiene un problema. Que nadie en su Gobierno sabe cómo explicar al resto de España el privilegio fiscal de Cataluña con el que ha comprado la investidura de Salvador Illa. Su ministra de Hacienda lo ha intentado en el Senado con resultados mejorables.
La actualidad política de hoy se ha exhibido en un circo de tres pistas, donde se han ejecutado piruetas tan fabulosas que alguno ha salido descalabrado. Pedro Sánchez emprendió su cruzada contra el Lamborghini en un acto en el Instituto Cervantes; la ministra de Hacienda tratando de explicar por qué el concierto fiscal de Cataluña no es concierto fiscal a pesar de que responde a la definición canónica de concierto fiscal en el Senado; y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso confirmando la colonización del Banco de España con el nombramiento discrecional del ministro José Luis Escrivá como gobernador.
Antes de regresar a la pista del Cervantes, fijemos la mirada en la pista del Senado. Allí María Jesús Montero ha defendido que lo que ha acordado con Esquerra para investir a Salvador Illa no es un concierto fiscal, que por mucho que ella quiera eludir el palabro, encaja exactamente en la definición de una comunidad que recauda y gestiona todos los impuestos y luego pacta bilateralmente con el Estado la aportación a la caja común. No quiere llamarlo concierto pero le bastó con leer un parrafito del pacto para confirmar que es un concierto.
Por si esto no fuera lo suficientemente elocuente, en el hemiciclo también se ha oído a la otra parte del acuerdo, a ERC. Esto ocurre siempre con este gobierno. Es curioso. Sus socios son independentistas catalanes, pero son los que siempre traducen al recto castellano los acuerdos alcanzados.
En el Senado resonaron expresiones como "expolio fiscal" de Cataluña o "solidaridad limitada". Claro, porque el concierto fiscal le viene a dar la razón a la más persistente insidia del nacionalismo catalán, que es la de que Cataluña es una comunidad infrafinanciada, que con su esfuerzo sufraga la holgazanería de las regiones improductivas del sur.
Este ha sido siempre el argumento definitivo para reivindicar un pacto fiscal, que además ha de ser privilegiado. No vale el café para todos. Cataluña ha de ser una nación con soberanía fiscal en un Estado de regiones vulgares sometidas a un régimen común. Para explicarlo, ha encontrado una expresión muy divertida el senador de Junts Eduard Pujol. No vamos a salir del café para todos, para meternos en el calimocho para todos.
¿Saben cuál es la garantía de que se cumplirá lo que los independentistas ansían, que es la soberanía fiscal? Que es con ellos con los que el Gobierno pretende aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El próximo Consejo de Ministros aprobará el nuevo techo de gasto para iniciar el trámite. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en su acto del Cervantes, que se presentaba como una conferencia de inicio del curso sobre los objetivos del Gobierno y pronto derivó en una ataque frentista a las comunidades autónomas del PP, a las que el Gobierno culpa de todos los males ocurrido.
Sólo le faltó exclamar a Pedro Sánchez que ¡hay que ver lo mal que gobierna la oposición! No llegó a hacerlo pero es lo que sugería cuando empezó a lamentar las razones por las que es imposible para un joven español normal emanciparse y alquilar una vivienda. Él lleva seis años gobernando y ha aprobado una ley intervencionista que sólo ha encarecido el precio de la vivienda.
Una de sus prerrogativas son las crisis de Gobierno. Suele hacerlas para enviar a sus ministros a dirigir instituciones públicas que debería guardar una apariencia de imparcialidad. Es el caso de José Luis Escrivá, al que al frente del imprescindible Ministerio para la Transformación Digital va a sustituir Óscar López. Hombre tan de estricta confianza de Pedro Sánchez, crecidos ambos a los pechos de José Blanco, que hasta ahora era su Jefe de Gabinete.
El papelón de vestir de apariencia de normalidad la colonización del Banco de España le ha correspondido a Carlos Cuerpo, que ha leído el sin duda excelso currículum de Escrivá. Como si ignorase que en ese currículum no falta nada y lo que ocurre es que sobra una cosa: que lleva seis años siendo ministro de Pedro Sánchez.
