La Policía ha cargado en la calle Ferraz de Madrid y los enfrentamientos han sido aún más graves que los de ayer. Las protestas en Madrid contra la amnistía se han ido calentado a medida que avanzaba la tarde e incluso se ha dividido. Unas siete mil personas se congregaban en Ferraz según la delegación del Gobierno en el momento culminante de la protesta.
En un momento dado se desgajaba un grupo numeroso una concentración en la calle Ferraz, en las inmediaciones de la sede del PSOE y se ha dirigido por la Gran Vía cortando dos carriles de la circulación en dirección al Congreso de los Diputados. Luego han regresado a Ferraz y ahí han empezado los problemas.
A media tarde empezaban a producirse llamamientos en las redes sociales para convertir esta protesta en otra cosa. También había conocidos influencers fuertemente radicalizados que han querido hacerse con la bandera para liderar la protesta. Lo que han hecho las manifestantes es una sentada en la plaza de Neptuno que se encuentra a unos 150 metros del Congreso de los Diputados. El Congreso estaba fuertemente protegido y estos grupos se han ido por Madrid en un tour vigilado de cerca por las fuerzas de seguridad. Han recorrido más de 6 kilómetros por Madrid. Pero lo más grave ocurría en Ferraz.
No han sido las únicas protestas, las de Madrid. Ha habido también concentraciones numerosas en Córdoba o en Sevilla o en Oviedo, en otras ciudades. Lo que ocurre es que en Madrid es donde se encuentran los lugares más sensibles y también donde grupos radicales han reventado la protesta provocando graves disturbios.
Las convocatorias oficiales son las del día 12 y el 18. El día 12 a las 12 en las plazas de las capitales de provincia españolas. Lo de hoy es algo que se ha movido por las redes sociales y ahí se mezclan los que quieren expresar su descontento junto a numerosos grupos ultras que pretenden cooptar la protesta y vivir su primavera.
Lo cierto es que el objetivo de la amnistía nunca fue restablecer la convivencia en Cataluña
Lo cierto es que el objetivo de la amnistía nunca fue restablecer la convivencia en Cataluña, siempre fue, desde el 23J, la investidura de Pedro Sánchez, pero esa es la excusa, restablecer la convivencia en Cataluña, pero lo cierto es que están mucho más cerca de destruir la concordia entre los españoles.
Mientras tanto continúan las negociaciones entre el PSOE y Junts. Sin resultados. Es más, hoy han enfriado las expectativas con declaraciones gélidas y pesimistas.
Lo que ha complicado no son las protestas, ni las concentraciones ni las manifestaciones, sino el auto del juez de la Audiencia Nacional por el que imputaba a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en la causa contra Tsunami Democràtic, porque ahí se investigan delitos de terrorismo y extinguir esa culpa no es tan fácil de justificar sobre todo ante Europa.
Ese auto ha sido recurrido por la Fiscalía, que quiere que la consideración de esos delitos se rebaje a unos desórdenes públicos. Esto es clave para el proceso y la investidura, pero sobre todo demuestra la sumisión del Ministerio Fiscal a la agenda de Sánchez. Tanto es así que la Fiscalía, a la manera de Sánchez, ha cambiado radicalmente de opinión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional calificó el pasado 19 de julio como una causa por terrorismo el procedimiento donde se investiga a la plataforma Tsunami Democràtic. El pasado 19 de julio. ¿Qué pasó entre el 19 de julio hasta hoy? Pues sí, lo mismo que hizo a Sánchez cambiar de opinión. Unas elecciones tras las que Carles Puigdemont se convirtió en un interlocutor privilegiado del PSOE porque es un sumando necesario para conservar el gobierno.
En España hay quien a esto lo llamaría lawfare
Coincide esto con la crisis política del país vecino, donde parece que la separación de poderes sí se toma en serio, igual que las investigaciones judiciales. El primer ministro de Portugal, el querido y popular Antonio Costa ha dimitido. Ganó con mayoría absoluta en 2022. Mayoría absoluta. Lo que ha terminado con él es una investigación contra él y algunos miembros de su gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.
Sobre su gobierno pesan las sospechas de un posible trato de favor en concesiones de litio en las minas de Romano y Barroso, además de un proyecto de una central de producción de energía a base de hidrógeno. No ha resistido la persecución de la Justicia, porque su imputación rompe inevitablemente la necesaria confianza que debe inspirar un primer ministro. En España hay quien a esto lo llamaría lawfare.
