Hoy la cosa se ha puesto calentita en la revuelta del campo y el fin de semana no se va a apaciguar la protesta. En realidad era hoy el día en que estaba previsto que comenzaran las movilizaciones, al menos, según el calendario de las asociaciones agrarias. Pero, hoy Asaja, COAG y UPA se han sumado a una protesta en marcha que suma su tercera y que según datos de Interior lleva 19 personas detenidas, otras 2.700 han sido identificadas para ser sancionadas y casi 5.000 denuncias administrativas.
Hoy ha habido choques con la Policía en Logroño, Pamplona o Vitoria. hay un Guardia Civil herido por una pedrada. El agente trataba de impedir el corte de la A-66 a su paso por Zafra (Badajoz).
La revuelta de los agricultores no va a descansar el fin de semana. De hecho, amenazan con llevar al centro de Madrid su movilización. Hay distintos llamamientos y es difícil saber cuál tendrá seguimiento y si hay siquiera una estrategia común, pero no hay duda de que va a ser un fin de semana calentito.
A pesar de que diferentes sectores, trabajadores igualmente, están pidiendo que les dejen trabajar. Escuchábamos a Carmelo González, presidente del Comité Nacional del Transporte, en 'Más de uno' de Onda Cero con Carlos Alsina.
Hay transportistas que necesitan ponerse de nuevo en marcha y llevar las cargas a su destino
Hay transportistas que necesitan ponerse de nuevo en marcha y llevar las cargas a su destino, lo que pasa es que los cortes de carretera y las marchas lentas les están complicando la vida. Los supermercados están advirtiendo las primeras señales de escasez. Ese es un objetivo primordial de quienes se han levantado en esta revuelta del campo. Que el consumidor de las ciudades entienda que si ellos quieren no llegan alimentos frescos a los lineales.
Ahora es interesante el tiento con el que los gobiernos enfrentan la protesta. Hasta sus portavoces más "echaos palante", como el ministro de Transportes Óscar Puente, por ejemplo, que seguramente tenga que manejar muy pronto una huelga de transportistas. Es cierto que hay una serie de reivindicaciones indiscutibles en la protestas de agricultores que obligan a los gobiernos a actuar. Como, por ejemplo, reforzar la inspección para que se cumpla la ley de cadena alimentaria y en concreto la prohibición de vender a pérdidas. Y luego se mezclan proclamas maximalistas y algunas que indican que hay fuerzas reaccionarias que están tratando de instrumentalizar el movimiento para poder imponer su muy particular agenda política. Crear una especie de vanguardia reaccionaria del tipo chalecos amarillos.
Claro que preocupa la injerencia del Kremlin en las naciones continentales
Si el Gobierno cree que va a poder paralizar una investigación sobre la injerencia rusa en el procés, más le valdría atender a la amplísima mayoría que hoy se ha expresado en el Parlamento Europeo. Claro que preocupa la injerencia del Kremlin en las naciones continentales. De hecho, tanto preocupa que ni siquiera los socialistas españoles se han atrevido a votar en contra de una resolución que expresa la “profunda preocupación” de la institución de la UE por los contactos de los independentistas catalanes y el Gobierno ruso, así como por los “esfuerzos de Rusia por socavar la democracia europea”. Y lamenta “los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia”.
Ha votado a favor de esa resolución a pesar de que en España trata de garantizar como sea a los investigados en el caso Volhov. Esa resolución es crucial, fundamental… pues no. Porque el Europarlamento vota muchas cosas y esta no es demasiada comprometida pero sí revela algo y es incómodo para Pedro Sánchez. Porque en España están siendo investigadas personas del entorno más cercano a Puigdemont por sus vínculos con el Kremlin.
Josep Lluis Alay, muy especialmente. ¿Tragaría Carles Puigdemont con una amnistía que excluyera los investigados por la injerencia rusa en el procés? No parece. ¿Tragaría Europa con una amnistía que paralizara la investigación de la injerencia del Kremlin para desestabilizar España? No parece.
Hoy se ha producido otra visita incómoda para el Gobierno que depende de la amnistía. Siete señores, expertos independientes en derecho constitucional
La número dos del PSOE y la número dos del Gobierno, María Jesús Montero finge normalidad ante la visita de la Comisión de Venecia pero es una visita incómoda y prueba de ello son los esfuerzos del letrado mayor de las Cortes Fernando Galindo para no encontrarse con ellos. El objetivo de los siete expertos europeos que han viajado a Madrid es recabar información para elaborar un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la norma tras la petición que les ha formulado el Senado, controlado por el PP. Se han reunido con diputados de la Comisión de Justicia y les han preguntado por el procedimiento de la ley.
¿Será su dictamen determinante? Pues no. Se trata de un organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa. Y sin embargo al Gobierno bien le gustaría ahorrárselo.
Hoy la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha dado así la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Venecia.
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