¿Para qué le sirve al gobierno colonizar las instituciones que deberían ser autónomas? Pues hoy Álvaro García Ortiz ha servido como ejemplo insuperable en la apertura del año judicial. Se trata de la Fiscalía General del Estado, no de la Abogacía del Gobierno, y ha dedicado su discurso en tan solemne acto a defender al Gobierno de los jueces y no a los jueces del Gobierno.
¿Que para qué sirve colonizar las instituciones que deberían ser autónomas? Para que un día, ya sea de forma subrepticia y mediante sobreeentendidos, un Fiscal General de Estado ponga su dignidad al servicio de la esposa del presidente del Gobierno.
Álvaro García Ortiz comenzó su actual mandato siendo declarado inidóneo y ahora se encuentra al borde mismo de la imputación por parte del Supremo por la revelación de datos confidenciales de un particular. Por utilizar la Fiscalía para la persecución política, porque el particular es el novio de Ayuso y esa es la razón por la que sus negociaciones con la Fiscalía fueron conocidas por toda la opinión pública. Cuando fue declarado inidóneo no cesó y ya verán como tampoco dimite cuando sea imputado, porque además cuenta con el apoyo cerrado del Gobierno. Lo que es natural porque su labor primordial es mostrar un apoyo cerrado al Gobierno, tal y como ha demostrado en esta cita.
La del Fiscal General del Estado es la cara amarga de la apertura del año judicial que, sin embargo, por primera vez fue un acto feliz en el que los togados han podido exhibir su orgullo por algo. La razón es el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Tribunal Supremo. Que es de naturaleza radicalmente distinta a la de Alvaro García Ortiz. Porque Perelló cuenta con el respeto tranideológico del escalafón, su nombramiento ha roto la lógica de los bloques y no ha sido impuesta ni propuesta por ningún partido. Por eso, aunque luego tienen que confirmarlo los hechos, su discurso en defensa de la independencia de los jueces y contra la injerencia de otros poderes en el Poder Judicial resulta aún creíble
Démosle la vuelta a la frase con la que comenzamos esta portada. Para esto sirve mantener las formas en los nombramientos de las instituciones. Para que los discursos sean al menos creíbles o no suenen ridículos.
Y dicho esto no hay que olvidar una deuda pendiente en esta apertura del Año Judicial. Junto a la renovación del CGPJ, los dos partidos pactaron una reforma del sistema de elección para que el próximo Consejo no sea elegido íntegramente mediante el apaño partitocrático. Esto es algo que el PSOE va a traicionar y que el PP finge olvidar. Lo digo porque cuando el PP tuvo mayoría absoluta y pudo hacerlo, metió en el cajón una ley primorosamente elaborada por Alberto Ruiz Gallardón para cambiar el sistema. Ahora debería insistir cada día en que se cumpla el pacto.
Respecto de la colonización de las instituciones, tiene su interés algo que cuenta ABC a esta hora. En virtud del pacto con Esquerra Republicana en el Banco de España se sentará un consejero llamado Jordi Pons. ¿Qué tiene de particular? Es un economista, uno de cuyos trabajos más populares es el libro titulado 'El expolio fiscal: una asfixia premeditada', una obra en la que denuncia los problemas que se generan para Cataluña como contribuyente neto a la solidaridad entre regiones. El mito del expolio fiscal ha ingresado ya en el regulador. En el Banco de España, al que suponemos que Pons llamará el Banco del Estado español.
Claro que esto ya son anécdotas porque lo que ha hecho este Gobierno, el PSC, el PSOE y socialistas, como la andaluza María Jesús Montero, es precisamente asumir como propia una de las mayores insidias sostenidas durante décadas por el independentismo. Eso de que España les roba. Eso, el expolio fiscal, y no otra cosa es lo que vendría a paliar el concierto que han pactado con Esquerra para el concierto en Cataluña.
Este asunto pondrá a prueba la estrategia y la cohesión del Partido Popular. Porque el PP goza de uno de los momentos de mayor poder territorial de su historia. Gobierna en once comunidades y el gran debate que se avecina será el de la financiación autonómica. Ustedes ya saben cómo se va diseñando el sistema. Primero Sánchez pacta un privilegio fiscal para Cataluña y luego trata de comprar como sea mediante promesas populistas al resto para que no solivianten.
Sánchez ha hecho un movimiento destinado a quebrar su unidad de acción. En lugar de tratar el asunto con todos en una Conferencia de Presidentes pretende ir reuniéndose uno a uno con ellos para tratar de tentar a los presidentes de las comunidades más sensibles. Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana… para tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Claro. ¿Es injusto que a Cataluña se le vaya a condonar la deuda con el FLA? Claro, pero es una injusticia de la que otros se pueden beneficiar. Porque la Comunidad Valenciana también tiene una deuda importante con el FLA. La que no tiene ni un euro es Madrid, que llama a resistir y a forzar que Sánchez se enfrente a todos a la vez con una posición común en la Conferencia de Presidentes.
Murcia, Galicia y Baleares confirman que no se negarán a reunirse con Sánchez. Todo esto se trata de vestir de épica y gallardía, pero es inevitable pensar en un criterio de oportunidad. López Miras, de Murcia, por ejemplo, dice que tiene muchas cosas que decirle a la cara a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez también tiene algunas ofertas que hacerle para ablandarlo.
Le leo a Juanma Lamet en 'El Mundo' que fuentes del Partido Popular dicen que "respetaremos cualquier reunión entre nuestros presidentes autonómicos y cualquier miembro del Gobierno para abordar los asuntos que afecten a cada comunidad. (...) Génova ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión». Esto es acorde con lo que decía Feijóo: "Yo no soy un caudillo".
