Es verdad que no es fácil explicar cómo el PSOE ha terminado reunido con un prófugo en Suiza con un mediador salvadoreño como verificador de las conversaciones. No es fácil. Y es verdad que no hay demasiadas referencias históricas de un partido que haya canjeado la impunidad de un delincuente a cambio de sus votos para una investidura. Es cierto. Pero la referencia a la que ha acudido hoy Pedro Sánchez en la SER es francamente arriesgada.
Es que Aznar no envió a nadie a verificar un acuerdo de gobierno sino la tregua que había declarado una banda terrorista. Por otro lado fueron reuniones poco fructíferas porque aquella tregua sería confirmada a la postre como una tregua trampa y ETA reanudó pronto su actividad sanguinaria.
Pero es que además, no sé si Carles Puigdemont se encontrará demasiado cómodo con el papel que Sánchez le ha reservado. Fíjense que Junts es un partido muy sensible y también muy consciente de su poder. Tanto que en la investidura obligó al propio Sánchez a corregir su discurso porque había hablado de diálogo y perdón cuando Junts había dicho sí a una negociación y una amnistía, que no es en absoluto lo mismo.
No sé si Junts se sentirá cómodo en el papel. Máxime cuando si por algo peligra en Europa la amnistía de Puigdemont es porque este está imputado en la investigación de unos delitos de terrorismo y ya saben que los tratados de la Unión prohíben dispensar gracia a delitos de terrorismo. Así que el juez García Castellón ahora cuenta con la inestimable ayuda de Pedro Sánchez y sus referencias históricas desesperadas, desesperadas, porque Sánchez no ha enviado a nadie a pedirle a Puigdemont que desista de su actitud, más bien es Puigdemont el que está verificando que Pedro Sánchez cumple con su palabra y con el acuerdo de Gobierno que ambos han firmado. Es Puigdemont quien exige y quien verifica, no al revés, y lo hace no a cambio de renunciar a nada, sino por los 7 votos necesarios para Sánchez sea presidente.
Precisamente el expresidente tenía hoy una cita en Espejo Público de Antena 3 y ahí Susana Griso le ha preguntado por la situación política de España.
Lo que está haciendo el PSOE en Ginebra es cumplir con una parte esencial del acuerdo de Gobierno con Junts
No, lo que está haciendo el PSOE en Ginebra es cumplir con una parte esencial del acuerdo de Gobierno con Junts y no sólo el fondo, sino también la forma responde a un fin muy determinado. Un objetivo que siempre había anhelado el independentismo: toda la parafernalia suiza sirve para escenificar la historia que Puigdemont quiere transmitir al mundo y a los propios españoles, y es que en esa mesa se resuelve un conflicto histórico donde el Código Penal español no significa nada porque es jurisdicción de la Carta de Derechos Humanos de la ONU.
De ahí que también sea relevante la nacionalidad del verificador Francisco Galindo. Porque completa el cuadro, un cuadro colonial de España, como si además lo que allí vaya a verificarse sea un conflicto histórico y no un acuerdo de legislatura. Porque esta es la clave, la certidumbre de que uno no llama a un verificador salvadoreño para escribir notas y levantar actas de la reunión, sino para avanzar en ¿qué medidas o qué políticas? ¿Un punto intermedio entre la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación?
Hoy ha sido el portavoz Borja Sémper el que ha salido por parte del PP a criticar las conversaciones en la penumbra del PSOE con Junts.
Para la política hace falta tener cuajo, desde luego. No todos sirven. Miren lo que ha ocurrido hoy. Se reunían los ministros de Justicia de la Unión Europea en Bruselas. Para hablar de los asuntos que le son propios. Al terminar comparecieron el español Felix Bolaños y el comisario de Justicia Didier Reynders. Ustedes ya saben lo ocurrido la pasada semana y es que la comisión europea desmintió la aseveración del ministro, que había dicho que había cero preocupación por la ley de amnistía. Hoy comparecían juntos. Y fíjense cómo cambia la versión del ministro Félix Bolaños cuando le preguntan y responde sin Reynders delante y cuando le preguntan y responde con Reynders delante.
Hoy precisamente se cumplen cinco años desde que se tenía que haber renovado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué consecuencias tiene esto? Miren para presionar al PP a firmar un acuerdo, el Gobierno aprobó una ley que impedía al CGPJ hacer nombramientos mientras sus vocales estuvieran en interinidad. Y los juzgados están exhaustos, porque no se renuevan las vacantes y porque a los problemas seculares de la administración se les une la imposibilidad de cubrir todos los puestos.
¿Dónde está ahora el nudo gordiano, que diría un cursi?
La desconfianza entre el PSOE y el PP es total. Pero no sólo por la ley de amnistía, lo era ya cuando se rompió el anterior acuerdo, porque a punto de firmarse se dieron cuenta de que les habían mentido y estaban preparando la derogación del delito de sedición.
¿Dónde está ahora el nudo gordiano, que diría un cursi? Pues volvemos a Europa. La Comisión Europea a través su titular de Justicia Didier Reynders dice que España tiene que renovar el Consejo y aprobar un nuevo sistema de elección de vocales.
El PSOE se queda con una parte y el PP con la otra. El PSOE dice: "renueven· y luego ya veremos y el PP dice que no, que al revés, que primero se comprometan a pactar un nuevo sistema de elección y luego renuevan. Pero, eso no se va a producir porque el PSOE es contrario al sistema de elección que propone Bruselas, porque no quiere que la judicatura elija a sus propios representantes.
El legislativo ha acaparado los nombramientos
¿Y ahora qué? Quizás lo primero sea recordar que en la Constitución no pone en ningún sitio que esto tenga que hacerse mediante el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas. Lo que dice es que doce se elijan como establezca La ley orgánica del Poder Judicial, cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Esto lo pervirtieron estableciendo en la ley que fueran elegidos 10 y no cuatro los elegidos por las cámaras.
De manera que el legislativo ha acaparado los nombramientos. Mal. Muy mal. Pero, eso tampoco significa que se tenga que hacer mediante una reunión entre Bolaños y González Pons. De hecho, la presidencia del Congreso tiene su responsabilidad porque puede convocar un pleno para la renovación del Poder Judicial y así forzar una votación y las que hagan falta.
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