Ha sido una catástrofe que ha sembrado de cadáveres el río Potomac y ha conmocionado a una nación y al mundo. Un maldito cruce de maniobras que ha terminado con el choque de dos aeronaves en el cielo de Washington. Ahora las autoridades de Estados Unidos, una vez perdida toda esperanza de encontrar supervivientes, investigan qué pudo fallar para que un avión comercial que se aproximaba al aeropuerto y un helicóptero del ejército haciendo un vuelo de entrenamiento cruzaran sus trayectorias con resultado fatal.
El vuelo siniestrado es el 5342 de American Airlines procedente de Wichita (Kansas), en el que iban 60 viajeros y 4 tripulantes. A bordo del helicóptero, un Black Hawk, iban tres militares. Ambas aeronaves se han estrellado en el río Potomac cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Esta tarde ha comparecido ante la nación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya incontinencia le impide un poco de discreción en el momento del duelo y se ha puesto a especular sobre improbables razones que pudieron llevar a la catástrofe.
La conversación pública sigue un mecanismo verdaderamente prodigioso, por el cual cualquier tropelía del Gobierno enseguida pasa a un segundo plano porque se considera que la oposición es el único depósito de responsabilidad en España. Es lo que está ocurriendo ahora con el decreto minibús, pero lo fundamental de la crónica de la actualidad nacional del día pasa un día más por el Tribunal Supremo, donde hoy ha declarado como investigada Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
Recuerden su papel en toda esta historia. Lo conocemos gracias a las conversaciones intervenidas en su teléfono móvil, que al contrario que el de García Ortiz no fue borrado ni cambiado.
Pilar Rodríguez es quien presiona al Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, para que le envíe el correo confidencial para un acuerdo de conformidad en el caso del novio de Ayuso. Ella misma luego le pregunta al Fiscal General del Estado que adónde se lo remite y este le da una dirección de gmail.
Pilar Rodríguez es quien dice que lo que le pide el cuerpo es ponerle un poquito de cianuro a la nota de prensa en la que se informa de las negociaciones entre la Fiscalía y el Abogado del novio de Ayuso.
En su declaración ha negado cualquier implicación en la filtración del documento confidencial pero hay algo más relevante que se ha ido manifestando en todo este proceso. Y es la diferencia entre el relato y la defensa judicial. Pilar Rodríguez y antes Álvaro García Ortiz ya no se defienden diciendo que es que estaban en la ingrata tarea de desmentir, porque eso sería tanto como autoinculparse. Eso lo dejan para esforzados voceros oficialistas. Lo que hacen es decir que tanta gente tenía acceso a la documentación de González Amador que es imposible de probar quien lo filtró.
El cambio de argumento es relevante, pero se da de bruces con el intercambio de mensajes que conocemos de la noche fatídica, aquello de nos están ganando el relato, y además la premura con la que había que conseguir el correo. No podía esperar ni siquiera al pitido final del partido de Champions al que asistía el buen Julián Salto en el Metropolitano.
En perfecta coordinación con su superior jerárquico, lo que ha hecho Pilar Rodríguez es atacar la versión ofrecida por la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. La mujer que indignada por la actuación de García Ortiz, le espetó en un taxi aquello inolvidable de: "Álvaro, lo has filtrado". A lo que el contestó como el deepseek cuando le preguntas por Tiananmen: "Eso ahora no importa".
El delito que se está investigando es muy grave porque supondría que la Fiscalía se ha embarcado en una operación política para destruir a una adversaria política mediante la utilización de información confidencial de su pareja. Pero no son menos graves las consecuencias de la huida hacia adelante del Fiscal General del Estado. Porque esta institución, cuya misión es promover la acción judicial, ha ido asumiendo la otrora marginal teoría del lawfare, según la cual la élite judicial de este país conspira para derribar al gobierno. La Fiscalía, ni más ni menos.
¿Qué pretende García Ortiz cuando dice que el juez tiene una idea predeterminada y que su cerrazón le impide encontrar la verdad? ¿Por qué se niega a contestar a las preguntas del juez? Porque lo que pretende es desacreditar al juez. Esto es sumar a la Fiscalía a la operación del Gobierno para sumir a la judicatura en el desprestigio y así poder decir que todas sus decisiones son parte de una conspiración del Poder Judicial contra el Gobierno. Todos con la misma corbata, el Fiscal y los ministros.
¿Y pretenden que la Fiscalía tenga el crédito de los ciudadanos para instruir los casos? Es una locura.
