El señalamiento de Rafael del Pino es una estrategia consciente y pertinaz. No es que a Pedro Sánchez le haya un siroco bolivariano pasajero. Primero señaló por su nombre y apellidos a Rafael del Pino en Copenaghe y ahora lo ha hecho en Helsinki.
A la vera, en ambas ocasiones, de una mandataria extranjera. Una práctica matonil persistente que consiste en atribuirle a un empresario intereses malvados porque una decisión que ha tomado su empresa no le viene bien. Esto seguro que también anima a muchos empresarios extranjeros a invertir en España, porque quizás Pedro Sánchez lo ignore pero, un secreto: La misma libertad que tiene Ferrovial para mudarse a Países Bajos la tienen otras empresas europeas para mudarse a España. Claro que hay que crear el entorno favorable para que eso ocurra y eso es lo contrario de exponer a los empresario por su nombre y apellidos como si fueran enemigos del pueblo.
La patria. Hay pocas cosas tan inquietantes como un presidente expidiendo certificados de patriotismo. Se empieza así y se termina retirándole la nacionalidad a quien se te pone enfrente. Que le pregunte a sus socios de Podemos, que seguro, seguro que conocen bien algún caso, incluso seguro que lo conocen personalmente.
Hoy se han conocido las motivaciones que la compañía Ferrovial ha trasladado a la Comisión del Mercado de Valores para justificar su decisión de trasladar su sede a los Países Bajos. Son las previsibles. No, no es que Rafael del Pino se quiera ahorrar unos euros en el impuesto de Patrimonio, porque lo tiene que seguir pagando en España. La compañía tiene una deuda elevada y necesita acceder a los mercados de deuda en una posición mejor y eso lo garantiza Países Bajos, que como tiene las cuentas aseadas tiene la máxima consideración de las agencias de calificación. Luego está la estrategia financiera. Su negocio crece en Estados Unidos y quieren cotizar en el mercado estadounidense… bueno, motivaciones corporativas no demasiado llamativas. Y sí hay una referencia al ordenamiento jurídico. Dice: «Los Países Bajos han sido el destino escogido por muchas empresas comparable a Ferrovial. Se trata de una jurisdiccón con calificación crediticia AAA, un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo». Hoy ha hablado Ignacio Madridejos, que es el Consejero Delegado de Ferrovial. Es la primera declaración pública de un cargo de la compañía
Hay un ejemplo práctico de lo que destruye la confianza en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando un gobierno modifica el Código Penal mediante el atajo de una proposición de ley, sin atender a los informes preceptivos, con la única motivación de satisfacer a unos delincuentes condenados. Es un buen ejemplo.
Este caso nos proporciona el privilegio de ver cómo se va construyendo en directo la demolición de una reputación. Hoy el señalamiento de Pedro Sánchez se acompaña de un titular a cuatro columnas en El País, de interesante análisis morfológico: «Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez» y añade «La compañía no paga Impuesto de Sociedades desde 2020 por créditos fiscales». Se adjudicó. No le adjudicaron. El Estado como bufé libre. Llega Del Pino y coge lo que le apetece.
Hay una gráfica donde se ve el histórico de concesiones a Ferrovial. Claro, los años de mayores ingresos fueron los años del Plan E de Zapatero. Obra pública a gogó. Luego llegó Rajoy y cerró el grifo de las inversiones públicas porque España estaba al borde del rescate. Y con Sánchez volvió la alegría y Ferrovial ganó mucho dinero. Pero también lo ganó en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil ¿Qué quiere decir esto de Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez?, ¿Qué tiene algo que agradecerle a Sánchez? Uno pensaba que las licitaciones eran limpias y las empresas concurrían en igualdad de condiciones y el Estado hacía las adjudicaciones en función del interés del Estado. A menos que alguien prevaricase.
El presidente del Partido Popular Alberto Núñez ha reaccionado a las palabras de Sánchez y le ha llamado hooligan. De hecho dice que es el más hooligan de su gobierno… lo cual no es poco hooliganismo. También ha salido en defensa de Del Pino el presidente de la patronal Antonio Garamendi. Hoy ha hablado con Carlos Alsina en Más de Uno y ha recordado el memorial de agravios del Gobierno. Como verán, Del Pino no es el primero.
Fíjense qué casualidad que justo cuando le iban a preguntar a Pedro Sánchez por el Tito Bernie, justo terminaba la rueda de prensa. No hubo tiempo. Es verdad que son tantos los escándalos… Es que la otra noticia del día es que Unidas Podemos va a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del sí es sí. Así que después de 721 rebajas penales a delincuentes sexuales. Después de meses negociándolo que empezaron en septiembre y a las puertas del 8M, no hay un acuerdo para reformar el solo sí es sí. Qué 8M se prepara. Va a haber manifestaciones distintas, va a haber pancartas enfrentadas. Unas le recordarán a las socialistas al tito Berni y los diputeros, y las otras la ley del solo sí es sí y la ley trans. Ustedes asómense a las redes y vean la división que hay entre los distintos movimientos feministas que antes marchaban en unidad y armonía el 8m.
En la crónica de la presunta hoy destaca un nombre sobre los demás que es además muy conocido a su pesar. El PP tiene un problema. Hoy el Supremo ha dejado al diputado Alberto Casero al borde del banquillo. Es verdad que está tramitando la baja de militancia del partido pero quiere conservar el escaño y las acusaciones a las que se enfrenta son graves.
El alto tribunal ha procesado este viernes al diputado popular por diversos delitos de malversación y prevaricación administrativa en los que habría incurrido, presuntamente, en su etapa como alcalde del municipio cacereño de Trujillo, entre 2017 y 2018.
Hasta cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios por valor de más de 100.000 euros figuran en el punto de mira de las sospechas del magistrado, Andrés Palomo del Arco, quién así lo ha hecho constar en el auto de procesamiento notificado este viernes por el Alto tribunal. Contratos que, a juicio de este magistrado, se concedieron sin seguir los procedimientos legalmente establecidos u obviando “formalidades encaminadas a que constara su existencia en el consistorio” mediante la pertinente apertura de expediente. En el mes de junio, Alberto Casero declaró ante el instructor y ya entonces admitió haber cometido ciertas “irregularidades administrativas” -nunca delitos- durante su etapa al frente del Ayuntamiento cacereño.
