El pacto con Puigdemont para que Sánchez siga siendo presidente es de tal gravedad que ha conseguido lo insólito. Que todas las asociaciones de jueces, todas, se pongan de acuerdo y emitan un comunicado conjunto. Porque lo que está en juego es el Estado de Derecho no una mera transacción política para garantizarse una investidura. Ahora lo explicamos.
Antes permítannos ocuparnos del estado de salud de Alejo Vidal Quadras. El político ha recibido un disparo a bocajarro a las puertas de su casa. El parte médico más reciente del Gregorio Marañón dice que se encuentra estable sin riesgo vital. Pero, lo daños son gravísimos. Le dispararon en la cara y la bala entró por el pómulo derecho y salió por el pómulo izquierdo.
Ha ocurrido en pleno centro del barrio de Salamanca. En fin, no hace falta explicar mucho la localización. No es una barriada suburbial. Núñez de Balboa esquina con Hermosilla. Dos personas le estaban esperando en una moto, una de ellas descendió del vehículo y sin quitarse el casco le disparó. Luego huyeron y quemaron la moto en un lugar despoblado de Fuenlabrada.
Nunca 7 votos habían resultado tan caros
El acuerdo se ha presentado en Bruselas y le garantiza a Pedro Sánchez los votos de Carles Puigdemont para ser investido presidente del Gobierno. ¿A qué precio? Nunca 7 votos habían resultado tan caros.
Porque lo que está en juego es el Estado de Derecho y eso lo saben mejor que nadie las asociaciones judiciales que hoy se han puesto de acuerdo, todas ellas, para denunciar el ataque al Poder Judicial que sustenta el pacto entre el PSOE y Junts.
Es verdad que el documento incluye términos que jamás pensamos ver estampados en un acuerdo de gobierno en España. Como referéndum de autodeterminación. Pero, no hay que perderse hoy persiguiendo ese señuelo porque lo urgente es otro término muy concreto.
El PSOE asume la doctrina del lawfare y eso significa que se suma al ataque al Poder Judicial para poder conservar el Poder Ejecutivo.
Un manto de impunidad para los socios de Sánchez
Asumir el lawfare. Que lo que supone es asumir que los jueces son una casta de reaccionarios que persiguen a los independentistas por sus ideas políticas. Primero, les impiden perseguir el delito cuando lo hayan cometido independentistas, que tal cosa es la amnistía, un manto de impunidad para los socios de Sánchez. Y luego se desacredita la acción judicial con comisiones de investigación, comparecencias parlamentarias y una pinza insidiosa de la política contra la judicatura.
O sea que los vocales del Poder Judicial no exageraban cuando decían que la amnistía inicia el camino hacia la abolición del Estado de Derecho. Porque lo que distingue a las democracias es que hay un Poder Judicial que puede perseguir el delito lo cometa quien lo cometa. Y la amnistía y la doctrina del lawfare significa que ser socio de Pedro Sánchez se ha convertido en un eximente del delito.
Es insólito que todas las asociaciones judiciales se pongan de acuerdo, las de izquierdas, las de centro y las de derechas. Tal es la gravedad de la situación. Y esto dicen en su comunicado: "El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas (...)".
Todas las asociaciones de jueces, todas, suscriben estas palabras.
¿Pero cómo es posible que se sometan las decisiones judiciales al poder legislativo o al ejecutivo? Y cómo hemos llegado a aceptar el lawfare. Pues el itinerario que sigue el PSOE de la mano de Junts y de Esquerra se puede seguir perfectamente en el acuerdo que hoy han presentado en Bruselas.
El capítulo de antecedentes el PSOE asume de la cruz a la fecha el relato falso del procés, con tal entusiasmo que hasta se remonta a los Decreto de Nueva Planta, de principios del Siglo XVIII, para justificar la actuación de los independentistas. Esto da toda la razón al procés. Toda la razón histórica. Y la consecuencia natural es asumir el lawfare. Eso es lo fundamental.
Todo esto se ha urdido contra la mitad del Parlamento.
Sobre las tres de la tarde, Alberto Núñez Feijóo hacía una comparecencia en la sede del Partido Popular para denunciar que "es difícil imaginar mayor claudicación" que los términos de este acuerdo por el que Pedro Sánchez conservará el poder.
También ha emplazado a los ciudadanos a acudir el domingo a la manifestación que se celebrará a las 12 del mediodía en todas las plazas de España.
Que no se olvide algo: todo esto se ha urdido contra la mitad del Parlamento.
Hoy Carles Puigdemont celebraba el acuerdo en Bruselas. Y decía algo muy interesante y que permite anticipar lo que viene.
Hoy dice el argumentario oficial que es que Carles Puigdemont ha perdido porque ha transigido con lo de negociar un referéndum y que eso ha decepcionado muchísimo al independentismo. No, miren. Sus votos serán fundamentales en cada votación de la legislatura y, en primer lugar, que una misión internacional vigilará el cumplimiento de los acuerdos de Sánchez. Como si España fuera un país sin Estado. Otro tanto.
El PSOE ha perdido cualquier autoridad moral
Pero es que además, en lo que se refiere a un referéndum de autodeterminación o a un nuevo régimen fiscal que permita a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos. U otras demandas disparatadas. Esos términos que pensábamos que jamás se encontrarían estampados en un acuerdo de gobierno, están ya sobre la mesa.
Y es verdad que el PSOE explicita su desacuerdo con estas demandas de Junts per Cat, pero queda una legislatura por delante y el PSOE ha perdido cualquier autoridad moral para negar que algún día entregará esas demandas a cambio de siete votos en una votación cualquiera. Las supuestas renuncias de Carles Puigdemont son sólo un repliegue táctico a la espera de que una nueva necesidad de Sánchez le invite a cambiar de nuevo de opinión.
