La sonrisa con la que aparece en público el Fiscal General del Estado es fingida. Porque él sabe que lo tiene crudo. Los testimonios de hoy ante el Supremo demuestran que actuó con inconsciencia temeraria, no porque no supiera que la filtración de secretos de un particular no es delito, sino porque no tomó ninguna precaución.
Basta con estas dos líneas de diálogo de este drama reveladas por la Fiscal Superior de Madrid ante el juez.
Sitúense en la mañana del 14 de marzo. La noche anterior hubo gran agitación. El Fiscal General tenía tal ansiedad por conseguir el correo confidencial en el que abogado del novio de Ayuso proponía un acuerdo de conformidad que sacaron del fútbol al buen Julián Salto, Fiscal de Delitos Económicos.
Cuando al fin consiguen el documento y le preguntan que adonde se lo envía, García Ortiz les da una dirección de gmail. Un correo privado y ajeno a la Fiscalía.
La mañana del día 14 es cuando desde la Moncloa presionan a Juan Lobato para que muestre el correo en la Asamblea de Madrid. Él sabe que cometería un delito y para vencer su escrúpulo, el documento se publica en El Plural.
Esa mañana, cuando los secretos de la negociación del novio de Ayuso ya eran públicos, la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, mantiene una conversación telefónica con el fiscal general donde, en tono de reproche, le dice: "Álvaro, ¿lo has filtrado tú?". La respuesta dada por García Ortiz fue: "Eso ahora no importa".
Es que los fiscales suelen tener una conciencia clara de la legalidad. Su misión primordial es promover la acción de la Justicia para perseguir el delito. Todos los indicios sugieren que Álvaro García Ortiz hizo exactamente lo contrario y que encima actuó como un caco novato, porque lo ha dejado todo perdido de huella. Desde luego, tanto en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como hoy ante el Supremo, Almudena Lastra, era muy consciente de lo que implicaba la actuación que estaba promoviendo su superior jerárquico.
De ahí que primero que cuando él le dijo «Hay que darse prisa, que nos están ganando el relato», ella le advirtiera que para desmentir una información no podía revelar información confidencial que está obligado a custodiar. ¿Pero saben por qué era vital arriesgar mediante la filtración del documento? Porque era preciso que la opinión pública supiera que el abogado del novio de Ayuso estaba dispuesto a asumir los delitos. Porque, igual que la filtración del expediente, se trataba de una operación política para destruir a una adversaria del Gobierno.
En eso estaba el Fiscal General y lo persiguió con tal ansiedad que actuó con inconsciencia temeraria.
De ahí que la única salida que encontró fue el borrado de todas las comunicaciones de esas fechas. Y ahí es donde entra la declaración de Julián Salto. Salto es el fiscal de delitos económicos al que sacaron de un partido de fútbol para que enviará el correo confidencial. El que un día recibe una llamada que le informa de que el particular al que está investigando tiene un vínculo afectivo con Isabel Díaz Ayuso.
Julián Salto ha desmentido al Fiscal General del Estado. Recuerden que la justificación que dieron para el borrado del rastro de las comunicaciones de los momentos críticos, de esa noche que el auto del juez Hurtado describe como de gran agitación en la Fiscalía, fue que existía un protocolo de seguridad que dispone el borrado periódico de los mensajes e incluso el cambio de terminal. Bien, pues dice Salto que no. Que eso no existe.
Salto es delegado de la Fiscalía en Madrid Digital, que se dedica precisamente a la adecuación de protocolos, por lo que, si hubiera un protocolo sobre la eliminación de mensajes, él debería conocerlo.
Por cierto, hay un argumento delirante que dice, es que se persigue la filtración cuando lo importante es que el novio de Ayuso ha podido defraudar dinero a Hacienda. Los presuntos delitos a la Hacienda pública de Alberto González Amador se siguen investigando. ¿Qué tendrá que ver? De hecho, la juez cita al novio de Ayuso para que declare como investigado el 7 de febrero, estimando un recurso presentado por Más Madrid y PSOE en contra de la suspensión de la declaración.
Si Alberto González Amador ha delinquido pagará por ello, pero eso no hace que sea lícito que la Fiscalía se embarque en una operación de Estado, residenciada en Moncloa, para destruir a una adversaria del gobierno mediante la filtración de información confidencial de su pareja. Es que parece que una cosa justifica la otra y no es así.
En un escrito presentado este miércoles, la Fiscalía de Madrid esgrimía que no se podían retrasar más las comparecencias de González Amador y los otros investigados en la causa debido a que el plazo de instrucción de doce meses se estaba agotando sin que se haya oído a los encausados.
Otra persona que ha visitado hoy los juzgados es Iñigo Errejón. No se le veía en público desde su dimisión como portavoz de Sumar. Ha pasado estos días refugiado en un chalé de Pozuelo de un amigo y hoy iba a declarar por la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa por una supuesta agresión sexual.
Mouliaá ha ratificado ante el juez que investiga su denuncia que dejó claro al político que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero que él insistió. Ella bebió mucho en la fiesta a la que asistieron y ha sugerido que Errejón pudo echarle "algo" en alguna de las bebidas que le trajo.
Errejón ha dicho que todo lo ocurrido esa noche fue consentido.
