La futbolista Jennifer Hermoso ha tomado una decisión crucial y que cambia el sentido del escándalo de Rubiales. Hermoso ha presentado una denuncia expresa ante la Fiscalía General del Estado. Eso significa que el presidente suspendido de la Federación de Fútbol tendrá que responder por unos cargos muy concretos. Es decir, no se va a dirimir si es un impresentable, lo cual ya ha sido suficientemente acreditado y para lo cual no es necesario recurrir a un juez. Lo que se va a dirimir si el beso que le plantó a la jugadora en la final del Mundial lo convierte en un agresor sexual, que es delito penado con la cárcel. O si su actuación encaja en otro tipo delictivo.
La denuncia formalizada por Hermoso resultaba fundamental para que la Fiscalía pudiera actuar por la vía penal contra Rubiales y esa denuncia ya ha sido presentada. Por si fuera necesario recordarlo, El Código Penal contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
Quizás es que el Gobierno estaba absorto pensando en cómo satisfacer las exigencias del prófugo de Waterloo
Quizás es que el Gobierno estaba absorto pensando en cómo satisfacer las exigencias del prófugo de Waterloo. Pero el mundo no deja de girar, no se detiene, y hoy el mundo en su lugar en el que los países del Golfo están expandiéndose económicamente y haciéndose con el capital de algunas de las empresas señeras de los países occidentales. El presidente de Telefónica Álvarez-Pallete ha interrumpido su agenda y viaja a Arabia Saudí para reunirse con el nuevo máximo accionista de la compañía.
Se trata de STC Group, el operador de telecomunicaciones propiedad del estado árabe que se convirtió ayer en máximo accionista de la compañía tras adquirir un 9,9% de sus acciones por 2.100 millones de euros. Ahora el Gobierno se apresura a decir que defenderá la economía española, después de que se enterase por la prensa de una operación que afecta a una empresa estratégica como Telefónica.
¿Qué significa que es una operación amistosa?
La vicepresidenta Nadia Calviño no se ha enterado, porque a pesar de que dicen que se trata de una compra amistosa, que no pretende controlar la compañía. Por de pronto fue urdida en secreto, con toda discreción y con un cuidado extremo para eludir la intervención del gobierno. Por eso la compra se ha quedado en el 9,9%. Porque así queda fuera del límite establecido para que se puede activar la llamada acción de oro que entorpecería la operación.
Nadia Calviño ha dicho más. Ha dicho que la compañía le ha transmitido el carácter amistoso de la operación. ¿Qué significa que es una operación amistosa? Que no tomará el control de la empresa, o sea que no se meterán en la gestión. Los saudíes se sentarán en lugar preeminente en el Consejo de Administración son el accionista mayoritario. ¿Renunciarán a ejercer su poder sobre la gestión de algo tan estratégico como las comunicaciones o los datos? Que Telefónica tiene un capital invisible de enorme valor: los datos. ¿Renunciarán a influir en los contenidos de los medios de comunicación y entretenimiento que posee Telefónica?
Yolanda Díaz también es vicepresidenta en funciones y no deja de serlo ni cuando visita a Puigdemont ni cuando opina sobre la economía. Es partidaria de una acción mucho más expeditiva, porque está más preocupada por lo que pueda suponer este movimiento empresarial. Se ha expresado por el momento vía tuit.
Todos sabían y proclamaban lo que ahora no se atreven ni a mentar
Ramón Jáuregui es un socialista cabal. Cobró especial relevancia cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dispuso de poder en Ferraz y lo que ha dicho en Radio Nacional nadie lo discutía en el PSOE hasta que los votos de Puigdemont fueron imprescindibles para la investidura. Nadie en el PSOE. Nadie tampoco en el Gobierno. ¿Pero nadie nadie? Nadie. Todos sabían y proclamaban lo que ahora no se atreven ni a mentar: que una amnistía es algo peor que inconstitucional. Bueno, fíjense como lo explicaba nada menos que el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo en septiembre de 2021. Como quien dice antesdeayer.
Este testimonio histórico es muy importante. No sólo por lo bien que argumenta Juan Carlos Campo. Sino porque Juan Carlos Campo es hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Y si algún día llega a su mesa un recurso contra una ley de amnistía, él tendrá que inhibirse o será recusado. Lo digo por si albergara la tentación de someter su criterio al respecto, este que expresaba en Al Rojo Vivo, a quien lo nombró, que fue Pedro Sánchez.
Cada día que los dirigentes del actual PSOE, empezando por su secretario general, Pedro Sánchez, eluden la respuesta de si una amnistía es inconstitucional, crece la certidumbre de que ya está preparando la fórmula para cumplir con las exigencias de Carles Puigdemont. Y cada día que los perezroyos y los martinpallines dicen que Constitucional es cualquier cosa que le sirva a Sánchez para ser investido, la certidumbre se va convirtiendo en certeza. Y verán ustedes como muy pronto se publica un manifiesto de pretendidos constitucionalista argumentando lo que hasta ayer todos ellos negaban, que una amnistía es perfectamente constitucional y poco menos que habría que declarar festivo el 1 de octubre. Para conmemorar la gesta de Puigdemont. Verán como ocurre.
Probablemente luego se presentará una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios y que se debatirá en el Congreso después de la sesión de investidura fallida de Feijóo y antes de la de Sánchez. Porque además, desengáñense, sí hay socialistas retirados o veteranos a quienes escuchan los de la actual dirigencia, pero se parecen más a José Montilla, que ha hablado en la SER.
