Por una unanimidad, la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Cataluña ha revocado la condena de Dani Alves y le absuelve del delito de violación. Es una decisión unánime, tomada por las magistradas María Àngels Vivas, Roser Bach y María Jesús Manzano y por el magistrado Manuel Álvarez.
La sentencia no es firme y si, como es probable, la acusación o la Fiscalía presentan un recurso, el caso aún seguirá vivo, pero al tratarse de un exfutbolista del Barça ha causado una enorme conmoción e incluso una previsible tormenta política.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, respeta la sentencia pero no la comparte. La logils es como se refiere a la Ley del Sólo sí es sí, cuyos resultados aconsejaron un nuevo bautismo. Evidentemente la ley no dice eso, porque una ley no puede dictar que un testimonio es veraz y la sentencia se puede compartir o discutir, pero no depende del marco legal. Hubiera sido la misma fuera cual fuera la ley porque la razón por la que absuelve a Alves es que no ha encontrado pruebas de cargo suficientes para condenarlo.
Dani Alves fue condenado a cuatro años de cárcel por una agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado por unanimidad esa sentencia porque considera que no hay pruebas que respalden la acusación y el testimonio de la denunciante es objetivamente discordante con la realidad que muestran las cámaras de la discoteca donde se produjeron los hechos. De manera que lo único que se puede considerar probado es que Alves y la denunciante "mantuvieron relaciones sexuales".
Es decir, que, por utilizar los términos exactos de la sentencia, "de la prueba practicada no se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia".
La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, mantiene la cautela porque no es una sentencia firme. Todavía cabe la presentación de un recurso, pero, como es previsible, la decisión conocida hoy le satisface.
Le han preguntado también al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no ha querido entrar al fondo del asunto y ha hecho una declaración bastante poco comprometida.
Por el momento el único anuncio concreto sobre el plan español para incrementar el gasto militar lo ha hecho un holandés. Y ya lo han rectificado. Mark Rutte provocó un ataque de nerviosismo en la Moncloa cuando le puso plazo al compromiso español de llegar al 2% en gasto de Defensa. Hombre, si hay alguien autorizado para hablar de ello será el secretario general de la OTAN, pero la indiscreción de Rutte activó de inmediato a la Moncloa, que salió a desmentirle.
Onda Cero se ha puesto hoy en contacto con la Alianza Atlántica y fuentes de la organización dicen que prefieren no entrar en conflicto con el gobierno español. Es verdad que podría ser considerado como una forma de presionar, y razones desde luego no le faltan porque se trata del miembro que menos gasta en Defensa de toda la Alianza, pero ni es el momento ni son las formas, de manera que dan lo dicho por Mark Rutte como no dicho.
Pero, ¿por qué ha provocado tanto nerviosismo esto? Porque compromete la estrategia dilatoria de Pedro Sánchez. El Gobierno no puede concretar nada porque con cada anuncio se produce una deserción y, en lugar de asumir que carece de una mayoría para enfrentarse a este desafío, se dedica a demorar una explicación utilizando fórmulas huecas sobre la paz en el mundo y otras declaraciones de intenciones.
Escuchen ustedes las declaraciones de Sánchez, de Albares o de Margarita Robles, aunque escuchar a la ministra de Defensa sea más difícil porque por alguna razón ha quedado relegada en esta materia que afecta de lleno a su departamento.
¿Y cuánto tiempo pretenden estar así? ¿Hasta el verano? ¿Hasta 2029? Lo que ocurre es que el Gobierno no quiere explicarse porque eso produciría una decantación. ¿De verdad que la evasión, la huida, es un programa de gobierno? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así? Sin siquiera poder defender un programa de gobierno. No ya defenderlo... aprobarlo.
Hoy Ignacio Varela dice en 'El Confidencial' que, al menos, hay cinco personas que pueden considerar este panorama ideal. Dice Varela que "hay cinco presidentes autonómicos del PP que, secretamente, desean que la legislatura se prolongue hasta 2027. Son los de Andalucía, Madrid, Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana (añado a Baleares por Armengol, ministra honoraria). En todos esos territorios, algún ministro de Sánchez se dispone a simultanear ese cargo con el liderazgo de la oposición autonómica. Un verdadero chollo".
Y continúa diciendo que "su penúltima maniobra prodigiosa (de Sánchez) ha sido enviar a cinco de sus ministros más sectarios a otras tantas comunidades autónomas, con el dudoso encargo de reconquistar el poder regional sin abandonar en el entreacto su asiento el Consejo de Ministros, como si el hecho de navegar a bordo de este gobierno Titanic fuera un activo electoral y no un lastre letal".
El pulso entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz ha terminado con ambas alcanzando in extremis un acuerdo de mínimos para que los trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen en la práctica en el IRPF del año 2025. Cuca Gamarra, secretaria general, cree que todo es un teatrillo.
