La erupción en La Palma se llevó por delante decenas de hectáreas de terreno cultivable pero no la esperanza de recuperar la vida después del Cumbre Vieja.
Para los productores de plátanos de Canarias es importante definir un marco de ordenamiento que permita plantar en aquellas hectáreas de tierra sepultada por la lava, algo que jurídicamente hablando es posible. Así lo consideran expertos que conocen bien la situación en el Valle de Aridane, la zona más afectada por la erupción. Y es que, aunque físicamente desapareció todo, el terreno sigue ahí.
La creación de un consorcio administrativo que reordene el área afectada
"La situación de los terrenos desde un punto de vista jurídico no ha cambiado, siguen siendo de naturaleza privada. De hecho, se siguen identificando con sus títulos de propiedad, con sus inscripciones registrales, con su cartografía catastral… Es así como se está realizando el inventario de terrenos afectados", explica Ana López, socia del despacho ‘EY Abogados’, donde es también responsable de Urbanismo y Medioambiente.
Como conclusión, Ana añade que se puede volver a cultivar pero hay que desenredar la maraña jurídica que comporta reordenar el área afectada: "Es necesario primero ordenar urbanísticamente el suelo para crear nuevas parcelas resultantes, distribuir equilibradamente las nuevas parcelas entre los propietarios que han perdido las originales y, por supuesto, volver a urbanizar los suelos para crear los accesos y las infraestructuras necesarias para volver a cultivar. Todas estas actuaciones urbanísticas se traducen en instrumentos urbanísticos sometidos a diferentes procedimientos administrativos que, en condiciones normales, son tediosos y muy dilatados en el tiempo porque involucran informes y actuaciones de muchas actuaciones que no suelen ser precisamente ágiles", apunta.
Es por ello que López Muiña recomienda para reducir plazos un instrumento sencillo capaz de conciliar en un mismo procedimiento urbanístico todos los trámites administrativos: "Parece interesante la creación de un consorcio administrativo compuesto como mínimo por todas estas administraciones que van a tener que informar del instrumento urbanístico, así conseguimos que se impulse el procedimiento desde dentro. Además, sería aconsejable que dentro de ese consorcio esté el sector privado para que ponga los inputs necesarios desde el punto de vista técnico para agilizar el diseño de esta nueva reordenación".
El papel del Ministerio de Justicia
Según los expertos, es vital que en este punto, el Ministerio de Justicia, que sigue de cerca las inquietudes trasladadas por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), realice el desarrollo normativo previsto ya en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se establece que el Ministerio elaboraría la norma que determine el régimen jurídico de titularidad y cargas de los inmuebles sepultados, además de fijar criterios de valoración a efectos de posibles indemnizaciones por expropiaciones de suelo, así como contemplar la entidad que llevará a cabo la reconstrucción, en el que tendrían que participar el Gobierno autonómico y el Cabildo insular.
"Es necesario crear un proyecto urbanístico que sea realizable en el corto o medio plazo, de manera que se pueda ver un horizonte realista y esperanzador para evitar la huida de los agricultores hacia otros sectores de actividad", concluye Ana.
Si algo está claro es que hay una vida después de la erupción volcánica de Cumbre Vieja es posible en La Palma.
