Manuel Ollé explica en Más de uno que la cuestión que el abogado general traslada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es más o menos el equivalente a la figura del Fiscal, por lo que "no es vinculante". "Las opiniones del abogado a veces se siguen, pero no es un corta y pega que se suela trasladar a la sentencia", declara.
Asimismo, confirma que "la cuestión fundamental es cómo se debe interpretar el protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE". Según recuerda, la ley que rige sobre inmunidad de los europarlamentarios. Pero, sostiene que el matiz, bien interpretado por el Supremo, "es interpretar cuándo empieza el periodo de sesiones". Si es posterior a la proclamación de los electos por parte de la Junta Electoral Central, "evidentemente el Tribunal va a tener que decir que no tiene inmunidad". Sin embargo, cuenta que la otra interpretación es que la soberanía popular manda, entonces habría inmunidad "desde el momento de la noche electoral". "Ese es el debate fundamental que se va a seguir y va a interpretar el Tribunal", afirma el abogado.
También expresa que hay una cuestión fundamental, que es si desde el punto de vista formal tiene sentido o no. Porque, en teoría, cuando se plantea una cuestión prejudicial de estas características es para interpretar sobre un procedimiento vivo, pero en este caso ya estaba cerrado cuando se dictaminó la sentencia del juicio del procés.
Además, comenta que en la mayoría de tribunales, cuando hay un problema formal ya no entran en el fondo. Y destaca que "tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, están en contra del abogado general".
Por otro lado, expone que en el caso de que les diesen la razón a los políticos presos, "se le plantearía un problema al Tribunal Supremo" porque la sentencia señala cómo tenemos que interpretar el derecho europeo. "En función de las pautas que diera, el Supremo tendría que verlo y en función de lo que fuera, aplicarlo". Pero recalca que "no pueden ordenar ninguna medida ejecutiva, solo los criterios de interpretación" y considera que "habría que hacer una especie de mezcla entre el derecho europeo y el nuestro".
En cuanto a si tendría efecto retroactivo o no, Ollé cuenta que Junqueras lleva privado de libertad desde el año 2017 y entonces no tenía ningún tipo de inmunidad, ni había salido la convocatoria a las elecciones, "la ley europea lo dice bien claro, la inmunidad empieza en el periodo de sesiones y creo que la interpretación es que no había empezado en ese momento".