Ayer un juzgado de Ceuta ordenó la paralización durante 72 horas las devoluciones de menores no acompañados a Marruecos, puesto que entiende que Interior no ha evaluado la situación de cada uno de ellos de manera individualizada como ordena la Ley de Extranjería para estos casos. Todas las devoluciones, que comenzaron hace cinco días a un ritmo de unos 15 menores por día, han quedado suspendidas hasta que se revise el procedimiento.
Javier Baeza, presidente de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes critica que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haya saltado "el cumplimiento estricto de la legalidad". En 2008 el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a las expulsiones y exigió la creación de un protocolo de actuación. En dicho protocolo se recoge la individualización de cada caso y la constatación de familia o entidades de acogida en el país al que se expulsa a los menores, entre otras medidas.
No se ha valorado el interés superior del menor
Por tanto, la legislación ordena que debe haber un estudio pormenorizado de cada menor para evaluar si es susceptible de seguir siendo tutelado en el Estado español o si hay condicionamientos para que puedan ser "humanamente expulsadas a su país de origen". Baeza insiste en que "el interés superior del menor" no ha sido valorado.
El juzgado de Ceuta vio que los niños no sólo no tenían la voluntad de volver a Marruecos, sino que "había razones de abandono, de probreza, de persecución y de niñas vendidas", explica Baeza. Por ello, se ordenó la suspensión de las devoluciones hasta que se constante que los niños y niñas susceptibles de expulsión no volverán a ser explotados o vendidos.
Ausencia de un proyecto de futuro en mejores condiciones para los menores
El presidente de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes critica la "intencionalidad de ocultamiento" por parte del ministerio del Interior de las devoluciones, producidas en el mes de agosto para que pasen desapercibidas. Así mismo, defiende la reinserción de los menores en la sociedad española y duda que las autoridades les estén ayudando adecuadamente a configurar un proyecto de futuro en mejores condiciones.
