La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado sobre el polémico protocolo sobre el aborto anunciado por el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, y señala que "lo que se propone la Junta es interferir en la voluntad de la mujer de manera que condiciona su decisión".
El protocolo, según el cuál se ofrecerá a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto y una ecografía 4D, ha provocado una enorme polémica y que el Gobierno enviara un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto.
Isabel Rodríguez ha insistido en que el Gobierno quiere evitarque se vulneren los requisitos que recoge la ley y ha recordado que el Tribunal Constitucional ha señalado también la importancia de no interferir en la decisión de la mujer. Por ello ha sido tajante al decir que "no vamos a tolerar ni un sólo paso atrás en los derechos de las mujeres".
El Gobierno no conoce el texto del protocolo
Isabel Rodríguez confirma que el Gobierno no conoce el texto del protocolo y apunta que es "preocupante" que de desde la Junta de Castilla y León despachen este asunto con una rueda de prensa y sin aportar ningún documento que concrete el texto de las medidas.
Explica Rodríguez que el Gobierno intentó primero tener ese documento sin éxito y "como hemos conocido que tienen intención de hacerlo, por ello enviamos el requerimiento".
Añade que "esta cuestión no es sólo objeto de alarma para el Gobierno sino para las mujeres y para los sanitarios que no sabe a día de hoy qué tienen que hacer" y critica no sólo a Vox sino al PP cuando habla de medidas de protección de la maternidad.
Feijóo evade su responsabilidad
La portavoz del Gobierno ha sido muy crítica también con Alberto Núñez Feijóo por evadir sus responsabilidades en este asunto y le reprocha que ha tenido oportunidades de alejarse de estos planteamientos.
Cuándo calcula que nos entregarán a Puigdemont
Preguntada sobre cuándo nos entregarán a Carles Puigdemont tras la reforma del Código Penal, Rodríguez comenta que "una vez que ha entrado en vigor se demuestra que no está despenalizadas estas conductas y que sería más fácil que Puigdemont pueda ser juzgado en España".
Aunque ya no podrá ser acusado de un delito grave como sedición, apunta que "no creo que una pena de entre 8 y 12 años sea leve" e insiste en que "lo importante es que los hechos por los que se le juzga ya no están en la agenda, que la Cataluña de hoy ya no se parece a la de 2017".
