En la jornada de ayer el grupo socialista registró en el Congreso en solitario la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. A pesar de no contar con la firma de sus socios parlamentarios, el ministro de la Presidencia -y uno de los artífices del acuerdo con Junts-, Félix Bolaños, subrayó que la ley es plenamente constitucional y que será apoyada por los socios de investidura.
El proyecto de la ley de amnistía admite que se trata de una norma "singular" que "excepciona la aplicación de normas vigentes a los hechos acontecidos en un contexto determinado en aras del interés general" y que deberá conllevar "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad".
Puigdemont no podría volver a España según la cuestión de inconstitucionalidad
El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, asegura que el articulado de la ley "lo veo constitucional", pues una cuestión de inconstitucionalidad "no suspende la vigencia de una ley". Lo que ocurre es que, normalmente, las cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado han sido siempre en defensa del acusado, dice recordando las condenas que ponían más penas al hombre que a la mujer.
Así, antes de dictar sentencia, el juez presentaba una cuestión de inconstitucionalidad y suspendía el proceso, lo que era favorable al acusado. Ahora, sin embargo, si no hubiera esa especificación de suspender las medidas cautelares, nos encontraríamos que un juez que va a dictar un archivo de un proceso, antes de dictarlo, presenta una cuestión.
La ley, técnicamente, es bastante buena
Por ejemplo, quien tiene el pasaporte retirado, seguiría con el pasaporte retirado, con lo cual, al ciudadano "no se le aplica la ley". En otro ejemplo, "Puigdemont no podría venir, porque el juez, antes de ordenar el archivo presentaría una cuestión de inconstitucionalidad y seguiría vigente su orden de búsqueda y captura", sostiene.
En definitiva, para evitar esos efectos que en la práctica suponen que la decisión de un juez deja sin efecto una ley, se ha metido esto. Para Ruiz Robledo, "la ley, técnicamente, es bastante buena". Otra cosa es si es constitucional o no, pero "los juristas que lo han hecho tienen bastante nivel".
Interpretaciones intencionadas de las sentencias del Constitucional
Sin embargo, los juristas critican que en el preámbulo de la ley hay "afirmaciones a medias" e "imprecisiones muy bien hechas" que se pueden ir desmontando una a una.
Por ejemplo, cuando se habla de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citan un par de sentencias: "una no he sido capaz de encontrarla y otra la manipulan claramente. Vamos, que cita la parte que le interesa", asegura Ruiz Robledo.
"Nunca ha habido una ley de amnistía posterior a la Constitución que amnistíe hechos posteriores a la Constitución. Por tanto, cuando el Tribunal Constitucional habla de la amnistía, debemos cogerlo con pinzas porque es la primera vez que se presenta una ley de amnistía posterior a la Constitución", matiza.
Por otro lado, se citan muchos decretos sobre la amnistía e inferiores a la ley. Con estos decretos se está evitando la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios, pues había una ley de amnistía de 1977 y, "al aplicarle esa ley a los funcionarios, hay que quitarles la responsabilidad disciplinaria".
Además, presentan la ley como una proposición de ley, pero quien la defiende es nada más y nada menos que el ministro de Presidencia. Con esto, "nos están diciendo claramente que han buscado una fórmula especial para saltarse las vías del proyecto de ley".
