El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en la entrevista con Carlos Alsina que si la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene una inspección de la Agencia Tributaria tendrá que responder "como cualquier ciudadano". No obstante, Feijóo ha remarcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no está investigada".
Feijóo ha respondió así al ser preguntado tras salir a la luz este martes la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, supuestamente por defraudar a Hacienda 350.951 euros entre 2021 y 2022.
Según publica esta martes eldiario.es, Hacienda inició una investigación al detectar movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Ayuso por su enriquecimiento durante la pandemia.
Al respecto, Feijóo ha sido contundente: "Si hay una inspección que afecta a la pareja de Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria, como cualquier ciudadano". Y ha añadido que la presidenta madrileña, que él sepa, "no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria".
Cinco acusados de fraude fiscal y falsedad documental
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Según la denuncia, que ha adelantado eldiario.es, el Ministerio Público la presentó el pasado día 5 de marzo ante los juzgados de Madrid sobre unos movimientos sospechosos de las sociedades de González Amador, pareja desde 2021 de Díaz Ayuso, por su enriquecimiento durante la pandemia.
A él y a las otras cuatro personas se les acusa de dos supuestos delitos contra la hacienda pública por defraudar 350.951 euros en el impuesto de sociedades y de un delito de falsedad en documento mercantil por aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados, "con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era administrador único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y un día después abrió diligencias penales.
"Se ha detectado que en dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, se llevaron a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados", refleja el documento.
La denuncia aún no ha recaído sobre ningún juzgado de Madrid y, en el momento en que lo haga, será el magistrado en cuestión quien decida si la admite a trámite, han precisado fuentes jurídicas.
El Ministerio Público ha solicitado que el juez que asuma la causa tome declaración en calidad de investigados a los cinco implicados, así como la citación como peritos a los inspectores de Hacienda que desde mayo de 2022 elaboraron los informes.
Más allá de González Amador, los otros cuatro supuestos implicados son Maximiliano Eduardo N.G, David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S., administradores de siete mercantiles que según la denuncia giraron las facturas.
Entre ellas, por ejemplo, la sociedad mexicana Mke Manufacturing, cuyo representante es Maximiliano Eduardo N.G., en el ejercicio de 2020 dedujo una factura por importe de 630.000 euros, pero no realizó ningún servicio o trabajo para la empresa de la que era administrador González Amador.
Durante 2021 se realizó la misma operación otras 14 veces con diversas compañías, entre ellas una costarricense, Gayani Ltd, en la que también figura como socio y representante el anteriormente citado y que emitió una factura por importe de 922.585 euros.
En el mismo año, refleja el documento, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, "de la que es socio único y administrador Alberto González Amador".
"Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", señala.
