El Tribunal Constitucional deberá decidir hoy si admite o no los recursos de PP y Vox para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y que tiene, entre sus objetivos, la renovación del CGPJ y del Constitucional.
Por su parte, el PSOE presentó dos escritos ante el Constitucional para frenar la petición del PP y que la reforma siga adelante, alegando que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes y que se perturbaría el funcionamiento de las Cortes Generales.
Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho, ex presidente del Consejo de Estado y ex ministro de Justicia, explica en 'Más de uno' las consecuencias que tendría que el Constitucional admitiera las medidas cautelares del Partido Popular y se frenase la votación de la reforma del Código Penal en el Senado.
El procés, único precedente
De aceptarse la medida cautelarísima, sería la primera vez que se suspendería un debate parlamentario por orden del Tribunal. Anteriormente, esto sólo se ha producido en un acto parlamentario durante el procés en el que se iba a decidir cúal era la consecuencia del referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017.
Sin embargo, como la ley aprobada por el Parlamento catalán que admitía la desconexión de Cataluña con España ya se había suspendido previamente, "era evidente que había que suspender ese pleno", sostiene de la Quadra.
Paralizar un proyecto legislativo sentaría un grave precedente
En este caso, si se admite la medida cautelarísima presentada por el PP, "se abriría la puerta a que, en el futuro, cualquier actuación del poder legislativo podría ser intervenida desde el Tribunal Constitucional".
La suspensión sería una traba para el funcionamiento del Parlamento y para su independencia
Esta excepcional situación explica por qué -salvo en el caso concreto del prcoés- nunca se había suspendido una deliberación parlamentaria, sin perjuicio de que, al final, pueda decidirse que la tramitación estaba mal hecha y se anule.
"Con independencia del problema de fondo, la gravedad del asunto es que abre la posibilidad a que constantemente se pueda interferir o hacer demandas pidiendo al Tribunal que suspenda la deliberación parlamentaria", advierte el catedrático mientras insiste en que "la suspensión sería una traba para el funcionamiento del Parlamento y para su independencia".
El Gobierno se equivoca en el procedimiento elegido
Incluso los catedráticos y juristas que comparten el objetivo último del Gobierno para la renovación del Constitucional, como es el caso de Tomás de la Quadra, también consideran que "el procedimiento elegido es un error".
Así, a pesar de la excepcionalidad de que se está bloqueando el funcionamiento normal de las instituciones, esto no justifica que las formas elegidas por el Gobierno sean las más adecuadas.
