Ignacio González Vega asegura que para realizar determinadas investigaciones que pueden afectar al Gobierno de turno es necesario que haya una dependencia funcional de los investigadores, -mientras desarrollan el cometido- de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. "La policía judicial solo debe responder a la autoridad judicial mientras comisionados", recalca.
Explica que son los funcionarios los que no pueden ser removidos mientras realizan su cometido para la autoridad judicial, pero no los altos mandos o superiores del cuerpo. "Pérez de los Cobos es el que dirige la unidad de los funcionarios que están realizando las investigaciones para la autoridad judicial".
Asegura que "Pérez de los Cobos no tiene el deber de conocer el informe pero si las actuaciones que se están llevando a cabo" y que "me he encontrado con el contenido de ese informe en los medios digitales, con lo cual no debe ser tan secreto".
Explica que hay que relativizar el valor que ese informe pueda tener posteriormente porque si ese informe va a motivar que declare como investigado el Delegado del Gobierno en Madrid es dar un salto cualitativo importante. "Hablar de una prevaricación administrativa de carácter omisivo por parte del Delegado del Gobierno en Madrid es algo complejo y más que discutible", comenta. Cree que si el informe es de contenido público hay algo que no casa bien".
Dice que ahora "estamos asistiendo a que se formulen denuncias y querellas contra los responsables políticos, y tratar en una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo de llevar por la vía penal a cualquier responsable político, me parece muy complicado".
Sobre el caso de Dina Bousselham y el planteamiento de la Fiscalía de que ella perdonara a quien la hubiera ofendido, Ignacio asegura que no en todos los delitos el perdón del ofendido tiene un efecto de paralización y finalización del procedimiento.
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