Carlos Alsina entrevista en Más de uno al secretario general de Fecasarm, patronal de Ocio Nocturno en Cataluña, Joaquim Boadas, para hablar del desalojo por parte de los Mossos d'esquadra de una rave en Llinars, después de llevar más de 40 horas de fiesta y en la que se congregaron más de 200 personas de diversos países europeos.
Explica su intención de personarse en las acciones judiciales contra las dos personas organizadoras de este evento, ya que consideran "totalmente inadmisible que mientras todos los locales legales se encuentran cerrados, algunas personas aprovechen esta oportunidad y lo que hacen es organizar fiestas ilegales que acaban en un incremento de contagios y de los datos epidemiológicos y esto, al final, lo que hace es retrasar la reapertura del sector legal".
Además, explica que la condena que les puede caer no es suficiente, ya que no está tipificado como delito "estas practicas de propagación de enfermedades o epidemias", decir como delito contra la salud publica. Y señala que de lo que se les pude acusar "es de desobediencia grave a la autoridad", lo que implica un año de cárcel y una sanción administrativa de 600.000 euros, "pero no van a cumplir ni un año de cárcel, que se quedará en 200 días y el pago de la multa tampoco se va a hacer porque presentarán algún tipo de contrato y no se podrá embargar nada ni pagaran nada", sostiene.
Por ello, confirma que estas acciones van a seguir proliferando y critica al Gobierno catalán de no haber intervenido en las 2.000 fiestas que se celebraron durante la Nochevieja, "nosotros le mandamos un email con una listas de fiestas que se estaban organizando, lo más sorprendente es que solo localizasen cuatro", declara.
