Brahim Gali, líder del Frente Polisario del Sáhara Occidental, declarará hoy ante la Audiencia Nacional por dos querellas en las que se le acusa de presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros. En el juicio, que se realizará por videoconferencia desde el Hospital de San Pedro en Logroño, donde Gali lleva ingresado más de un mes por coronavirus, estará José Manuel Romero, abogado que representa a siete presuntas víctimas por hechos cometidos directamente por Gali o por personas que respondían a sus órdenes y directrices.
El interrogatorio irá enfocado al papel que ha desempeñado Gali como dirigente del Frente Polisario y sobre sus responsabilidades a título directo con las víctimas. José Manuel Romero sospecha que Gali se negará a responder a las preguntas de las acusaciones. Sin embargo, tal vez sí esté dispuesto a responder a las preguntas ejercidas por el ministerio fiscal. De cualquier manera, el abogado vaticina: "Lo más probable es que Brahim Gali niegue su responsabilidad en los hechos"
Según el desarrollo del interrogatorio, y si el acusado se muestra colaborativo con las partes, José Manuel Romero pedirá al juez Santiago Pedraz que tome medidas cautelares para evitar que Gali pueda abandonar nuestro país una vez que se recupere y salga del hospital de Logroño.
Un error de cálculo
La política de relaciones exteriores entre España y Marruecos está muy presente en este asunto. José Manuel Romero sostiene: "cuando la política y el derecho coinciden, normalmente suele ser en perjuicio del derecho". En este caso concreto, el abogado considera que ha habido "un error de cálculo" por parte del líder del Frente Polisario y por Brahim Gali.
En España hay una gran comunidad saharaui perfectamente integrada a todos los niveles y Brahim Gali es una de las caras más conocidas entre este colectivo. Para el abogado, "el hecho de introducir al líder del Polisario en España con una identidad falsa y pensar que nadie iba a reconocerle ni que daría conocimiento a las autoridades" es un gran error que ha tenido unas consecuencias "bastantes graves" no sólo a nivel judicial sino al nivel de las relaciones entre los dos países.