Koldo García Izaguirre, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, fue detenido ayer junto a otras 19 personas por la Guardia Civil en una operación anticorrupción por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La investigación conjunta de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sitúa a Koldo y a otro socio como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
El cobro de comisiones ilegales salpica, además, a los ministerios de Transportes y de Interior, y a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que entonces presidían el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la hoy presidenta del Congreso, Francia Armengol.
Esta investigación comenzó a raíz de una denuncia del PP de Madrid en la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años debido a la sospecha de irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
Más allá de la cuestión del precio de las mascarillas -pues era un momento en que todas las administraciones compraban mascarillas al precio que fuera para garantizar la seguridad de sus ciudadanos-, "vimos que era una empresa que no tenía ninguna experiencia en el sector, y que no tenía ningún tipo de experiencia en contratación con China", que era el mercado del que todo el mundo se estaba proveyendo, explica el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien presentó aquella denuncia. Asimismo, se trataba de "una empresa que venía de facturar 0 euros en el año fiscal previo a la pandemia", añade Serrano.
A partir de ahí, continuaron con las investigaciones: "vimos que esta misma empresa había contratado con el ministerio del Interior y el ministerio de Transportes". Al mismo tiempo, le había servido de puerta para realizar contratos con otras administraciones socialistas, como los gobiernos de Canarias y Baleares.
No fue una respuesta a la denuncia contra el hermano de Ayuso
La denuncia fue presentada por el PP madrileño el 12 de marzo de 2022 y posteriormente realizaron una ampliación de la denuncia. Su labor al respecto de las sospechas fue "juntar esa información, analizarla, ver si había algún tipo de indicio y presentarlo a la fiscalía anticorrupción", dice.
Al hilo de esto, Serrano niega que el PP de Madrid presentase esta denuncia para desquitarse de la que el PSOE había presentado contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, el cual ha sido archivado en reiteradas ocasiones: por la fiscalía anticorrupción y la fiscalía europea.
Hay quienes han llenado páginas de periódicos sobre un caso que está archivado y que demostró la inocencia de la presidenta y su entorno familiar,
"Hay quienes han llenado páginas de periódicos, horas y horas de tertulias televisivas sobre un caso que está archivado y que demostró la inocencia de la presidenta y su entorno familiar, y otros que denunciamos cosas y, efectivamente, no íbamos desencaminados porque ha habido detenciones", sostiene insistiendo en las diferencias de ambos casos.
¿Caso Koldo o caso Ábalos?
El secretario general del PP madrileño considera que este caso de corrupción "es el caso Ábalos, del que todo el mundo llevaba hablando mucho tiempo, y si el PSOE o el presidente del Gobierno no lo atajan a tiempo, puede ser el caso Sánchez".
En definitiva, se trata de una persona -Koldo García- que no tenía capacidad de contratación ni de adjudicación de contratos, por lo que "es muy difícil hacernos creer que una persona de su perfil tenía la capacidad para decidir contratos millonarios", considera Serrano, sembrando la duda sobre la posible implicación del exministro Ábalos en el caso.
Si el PSOE el presidente del Gobierno no lo atajan a tiempo, puede ser el caso Sánchez
Por el momento, también se mantienen otras incógnitas: "¿ese dinero con el que se lucraron era para beneficio personal o beneficio de partido?".
Además, las personas presuntamente involucradas en Canarias son las mismas que ya están imputadas por un caso de mascarillas en dicha comunidad y con el caso del tito Bernie. Así, "cabría preguntarse si todo esto forma parte de la misma trama y si esas fiestas de tito Bernie también se pagaron con dinero que consiguieron a través de estos contratos"
Podría acabar en un caso de financiación irregular del PSOE
Alfonso Serrano sospecha que esto podría acabar en un caso de financiación irregular del Partido Socialista," teniendo en cuenta que el PSOE siempre coloca de ministros de Transportes al secretario de organización del partido" -ocurrió con Ábalos, con José Blanco-, pues "es una manera de tener controlado a tus organizaciones territoriales y la capacidad de influencia".
En definitiva, lo que debe hacer el Partido Socialista es "dar todas las explicaciones necesarias y si no las dan ante los medios de comunicación, las personas procesadas las darán ante la Justicia y los tribunales", sentencia Serrano.
