El gobierno balear de Francina Armengol -actual presidenta del Congreso de los Diputados- emitió un certificado en agosto de 2020 en el que aseguraba que Soluciones de Gestión -la empresa investigada en el 'caso Koldo'- les había suministrado "de manera satisfactoria" una partida de mascarillas a cambio de 3,7 millones de euros.
El documento fue emitido dos meses después de que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) advirtiera al gobierno socialista de que las mascarillas eran defectuosas y no cumplían los requisitos sanitarios exigidos. Sin embargo, con este documento la empresa continuó recibiendo contratos públicos durante la pandemia.
Ahora un informe de la UCO revela que la expresidenta Armengol pudo incumplir la ley de contratos al adjudicar a la empresa de Víctor de Aldama la gestión del material sanitario defectuoso, avalando la trama, con un informe de idoneidad, pese a saber que las mascarillas eran 'fake'.
Asimismo, consta en el sumario de la investigación que Koldo García -asesor del exministro José Luis Ábalos- trató de frenar la reclamación de los millones de euros que el gobierno balear le hizo tres años después, justo antes de abandonar el gobierno tras perder las elecciones autonómicas.
Con la llegada del PP al gobierno balear, Koldo trató de contactar con Miguel Tellado, actual portavoz del PP, para que paralizase la reclamación que el gobierno de Margarita Prohens -también del PP- estaba haciendo del dinero de las mascarillas. La reunión, sin embargo, nunca llegó a producirse, según explicó ayer Tellado en una rueda de prensa.
El govern balear iniciará el trámite penal por las mascarillas fake
La actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, asegura en 'Más de uno' continuará adelante con la reclamación del dinero, pues "quien inició el expediente de reclamación fue el actual gobierno de Baleares" el 24 de agosto de este año. Prohens también ha anunciado que su gobierno se personará en la causa judicial: "vamos a agotar el trámite administrativo y vamos a iniciar el trámite penal".
Asimismo, el govern ampliará la reclamación del gobierno anterior -el cual se ceñía a 2 millones de euros- hasta los 3,7 millones de euros gastados en "unas mascarillas 'fake', que no sirvieron para lo que las habían comprado y con un certificado de idoneidad falso que caducaron en 2022 y nunca llegaron a salir del almacén".
El subdirector de compras del servicio de salud balear era quien firmó el informe de idoneidad de las mascarillas, alguien que ya no forma parte de la administración balear. "Este señor era un alto cargo de Francina Armengol, puesto por ella, y evidentemente no forma parte del ejecutivo actual", aclara Prohens.
El gobierno de Armengol no informó de esta investigación en el traspaso de poderes
La actual presidenta de Baleares niega que alguien del entorno de Koldo tratase de ponerse en contacto con ella o alguien de su gobierno. De hecho, asegura que se enteró de esta investigación sobre las mascarillas falsas la semana pasada, cuando empezó a aparecer dicha información en los medios de comunicación.
Al hilo de esto denuncia que "Francina Armengol miente" porque "tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes" de un gobierno a otro, donde se suelen poner los temas más urgentes y delicados para que el nuevo gobierno sepa a lo que atenerse.
"No aparece en ningún documento del traspaso de poderes que había una investigación en curso, que ya en el 2022 se había personado la Guardia Civil para pedir información al respecto", curiosamente la misma semana en la que el anterior director del servicio de salud "dimite, o le dimiten, cesa o le cesan", critica Prohens.
Niega que Koldo se reuniera con alguien de su gobierno
Algunas informaciones aseguran que Koldo le dijo al empresario Cueto que "lo de Baleares está resuelto", que el gobierno de Baleares no tiene intención de continuar con la reclamación del dinero.
Prohens no le encuentra ningún tipo de sentido a estas afirmaciones, las cuales califica de "ciencia ficción" y asegura que "nadie se ha puesto en contacto con nosotros". Por el contrario, el gobierno balear insiste en reclamar los 3,7 millones de euros defraudados a través de las mascarillas 'fake'.