Hoy la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo estudia el recurso de la asociación de fiscales APIF -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- contra la prórroga del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en diciembre de 2022.
Una imputación grave para el fiscal general, que debe defender la legalidad
El presidente de la APIF, Miguel Pallarés, defiende que el Gobierno tiene "total libertad" para proponer ante el rey a un fiscal general del Estado dentro de juristas de reconocido prestigio, pero a la hora de su renovación es preciso evaluar cuál ha sido su comportamiento al frente de ese cargo, "y el Gobierno sabía que había sido condenado por desviación de poderes en un nombramiento".
Este hecho es grave en cualquier autoridad, pero más aún en la figura del fiscal general del Estado, "que es la cúspide de nuestra carrera y que tiene como misión la defensa de la legalidad", opina el fiscal. Por ello, el haber sido condenado "prácticamente te inhabilita para que el gobierno te pueda volver a nombrar como fiscal general del Estado".
García Ortiz se debería haber apartado del cargo
Miguel Pallarés considera que el hecho de estar investigado o imputado el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos es causa suficiente como para que se hubiera apartado del cargo.
La asociación de fiscales APIF se ha personado en la causa contra García Ortiz porque "consideramos que es incompatible ser fiscal general del Estado con tener la condición de investigado por el Tribunal Supremo" y porque entendían que, si no dimitía, el Tribunal Supremo se quedaría sin ministerio Fiscal.
"Cualquier fiscal que lleve su asunto, al que está investigando es su jefe. Por eso, ningún fiscal va a reunir las condiciones de independencia e imparcialidad en ese asunto", explica.
El máximo representante del ministerio fiscal no puede estar investigado por el Supremo
Pallarés defiende que su asociación actuará con imparcialidad y sujetos al principio de legalidad; "si hay pruebas acusaremos, y si no hay pruebas, no acusaremos". Por el momento, "hay que dejar trabajar a la sala segunda del Supremo, al magistrado instructor y luego ya veremos".
En definitiva, insiste en que el máximo representante del ministerio fiscal no puede estar investigado por el Tribunal Supremo. "Si él hubiera dimitido, nosotros no nos hubiéramos personado en la causa", asegura.
Un caso sin precedentes
Lo que que resuelva hoy el Tribunal Supremo no debe centrarse sólo en la decisión, sino que lo interesante de la sentencia "va a ser la fundamentación jurídica que va a dar en un sentido u otro, porque no tiene precedentes".
Este es un caso muy particular, El Tribunal Supremo tendrá que perfilar "si el gobierno goza de total libertad para designar a la persona que considere oportuna o tendrá que ser un jurista de reconocido prestigio, un concepto jurídico bastante indeterminado", dice Pallarés. Por tanto, independientemente de la decisión que tome el Supremo, lo importante van a ser las razones jurídicas que expongan.
