Afirma que los datos oficiales de fallecimientos que se estaban manejando no alcanzaban los 1.600 entre los meses de marzo y abril y después de pedir los datos a los registros civiles de los territorios, asegura que la cifra asciende a 3.672 . "Están ascediendo en más del doble las cifras oficiales", apunta.
Comenta que se decidió a pedir las certificaciones de fallecimientos es porque le llamó la atención que dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales una de las principales actividades era la atención al registro civil. Desde los registros civiles asegura que trasladaron a los jueces las dificultades que tenían de tramitar las certificaciones de defunciones y se decidió a pedir estos datos porque no cuadraba la actividad con las cifras oficiales y cree que los españoles tienen derecho a conocer la verdad.
Además, opina que "el Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus". Cree que "no parece acertado que las calles se hayan poblado de gente y los negocios y los juzgados no puedan funcionar al 100%". "Los escritos están inundando los órganos judiciales y se va a producir un colapso importante", así pide que se reanude la actividad en los juzgados.
Piensa que "el estado de alarma permite limitar derechos pero no suspenderlos, y los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales". Dice que esto no es una crítica al Gobierno sino una reflexión desde el punto de vista jurídico. "Se está utilizando el estado de alarma para algo más de lo que permite la ley del 81, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia".
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