El caso Koldo y la continuidad de José Luis Ábalos como diputado del PSOE tras la detención de su exasesor Koldo García por una presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales durante la pandemia, presionan a Pedro Sánchez.
El caso investiga una supuesta trama de comisiones en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia y ha salpicado de lleno al exministro de Fomento, tanto, que en las filas socialistas tienen claro que la única opción es que se aparte de la línea política.
Antes de que el caso Koldo se hiciera público, el abogado Ramiro Grau ya denunció los hechos ante el Supremo, la Fiscalía y también envió "media docena" de escritos al Palacio de la Moncloa avisando de lo ocurrido con la información que había recopilado, pero nunca le contestaron.
"Cuanto más investigaba, más oscuro me parecía", comenta Grau.
Fue denunciado por Ábalos y Escorial
La investigación del abogado le llevó a escribir un artículo titulado 'Chanchullos del dinero público: Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja'. En él explicaba su extrañeza por el hecho de que "una empresa que no tenía actividad y que en 2019 había facturado 0 euros, de repente se convierte en el proveedor exclusivo de mascarilla para el Gobierno central y el de Baleares y Canarias".
Tras la publicación del artículo, Escorial (presunto responsable de la empresa Soluciones de Gestión, que abasteció de mascarillas al Ministerio de Fomento) denuncia a Grau y le pide "150.000 euros". Ábalos interpone otra demanda posteriormente en la que le pide "70.000 euros".
El abogado cuenta que primero mandó "una denuncia a la Fiscalía de Zaragoza para que lo investigaran. Pero lo rechazan". Después eleva al Supremo una demanda "contra Ábalos y todos los implicados", pero el Supremo inadmite la denuncia.
El alto tribunal argumenta que "Ábalos utilizó la legislación especial aplicada durante la pandemia y no se podía fiscalizar sus actuaciones".
Grau presenta entonces un nuevo escrito en el Supremo "rogándoles que lo envíen a la Audiencia Nacional" o a los juzgados de Zaragoza o Madrid porque "es una trama organizada de corrupción" y, de nuevo, recibe una negativa.
Escribió a Olona y Ayuso
El abogado llegó a mandar un escrito a la entonces diputada de Vox, Macarena Olona, que no le respondió, y a Isabel Díaz Ayuso, que le contestó que lo "investigarían".
El último paso, fue denunciarlo ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y allí sí abrieron diligencias. "La última contestación fue del año pasado diciendo que estaban en ello", señala.
