Ayer la Comisión Europea presentó el último informe sobre las políticas sociales de los países de la Unión Europea donde analiza, país por país, hasta qué punto las políticas de cada gobierno sirven para reducir determinadas desigualdades. En concreto, cada vez que se habla de España dentro del conjunto europeo, hay dos indicadores que escuecen: el número de personas en riesgo de pobreza y los datos de pobreza infantil.
En 2023, la cantidad de niños en riesgo de exclusión social en España se disparó en ocho puntos porcentuales respecto al año anterior; del 26,5 al 34,5%, lo que supone diez puntos más que la media de los países de la UE.
La pobreza infantil en España es casi estructural
Catalina Perazzo, directora de incidencia social en 'Save the children', critica que la pobreza infantil en España "es ya algo casi estructural", pues es un dato que se lleva repitiendo durante muchos años.
En otros países de la UE, la inversión en la infancia y medidas de apoyo a la familia es mayor, pero "en España se invierte un 1,5 del PIB y la media de la UE es un 2,3", explica Perazzo sobre uno de los indicadores más determinantes.
Las prestaciones españolas contra la pobreza no son eficientes
Por otro lado, "las prestaciones españolas no son eficientes", no tienen la cuantía suficiente, están muy atomizadas o no tienen la capacidad de reducir estas tasas de pobreza infantil.
Esto, en ocasiones, se debe a que las familias sufren una "brecha de acceso" a las ayudas, algo que se tiene que mejorar de cara a la gente que más lo necesita. También existen diferencias entre comunidades autónomas y se habla la persistencia de la pobreza en el trabajo.
"Ya no es que quien no tiene trabajo está en pobreza, sino que hay muchos trabajadores en pobreza", dice haciendo referencia a perfiles como madres solteras o personas extranjeras.
Impuesto a la renta negativo
Desde las organizaciones de infancia han analizado cuáles son las medidas más eficaces y eficientes. Así, proponen una reforma fiscal, un impuesto a la renta negativo; "que todo el mundo estuviese obligado a hacer la declaración de la renta y, así, se beneficiase del mínimo condescendiente", de forma similar que quienes tienen hijos se benefician de una exención al hacer la declaración de la renta.
En España casi todas las ayudas van por vía deducción fiscal, por lo que "quien no trabaja o no está obligado a hacer la declaración de la renta porque no llega al mínimo, no se beneficia de estas ayudas".
Una medida impopular pero necesaria
Desde Save the children proponen que todo el mundo tenga la obligación de hacer la declaración de la renta y, "si alguien que trabaja pero no llega a cobrar ni lo mínimo, al menos que pueda recibir ese dinero y beneficiarse".
Catalina es consciente de que la medida de ampliar la declaración de la renta es impopular y que "requiere mucha explicación hacia la ciudadanía".
Precisamente la brecha de acceso se solventaría "en un porcentaje altísimo" porque "Hacienda gestiona muy bien los datos" y, con ello, "el problema de acceso al ingreso mínimo vital se solventaría muchísimo".