El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora, aprobó el lunes una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que tacha de "medida de abolición del Estado de derecho", que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".
La propuesta salió adelante con los votos de los ocho vocales conservadores impulsores de la iniciativa a los que se sumó el vocal Wenceslao Olea, el rechazo de los cinco vocales progresistas y la abstención del presidente Vicente Guilarte.
En 'Más de uno', Wenceslao Olea ha explicado en 'Más de uno' que se sumó al bloque conservador al pactar algunos cambios en la declaración por la que el CGPJ expresa "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".
Olea argumenta que se han pronunciado sobre la eventual ley de amnistía porque no sólo hay un debate en la actualidad sino que hay visos reales de que se pueda aprobar. Olea admite que considera que "ahora no es el momento" de una declaración porque lo único que hay es un anuncio de una ley de amnistía, pero posiblemente tampoco lo sea cuando se presente la proposición de ley porque ésta podrá salir o no, pero no cabe duda de que podemos encontrarnos la ley en el BOE y "la reacción ya no tendría sentido".
Consideramos que resulta improcedente en el estado actual de derecho que se pueda aprobar cualquier ley de amnistía.
El vocal conservador del CGPJ señala que en la declaración no se entra en que un proyecto concreto de ley sea o no idóneo sino que consideramos que resulta improcedente en el estado actual de derecho que se pueda aprobar cualquier ley de amnistía.
Olea relata que inicialmente él no estaba de acuerdo con algunos puntos de la declaración que consideraba que había que matizar porque podían tener una lectura más política que jurídica.
Sostiene que le parecería improbable que una mayoría del CGPJ pueda pensar que una amnistía es admisible e insiste en que hay que tener en cuenta que esta ley "supone anular sentencias en las que los jueces han puesto mucho trabajo", por ello entiende Olea que los magistrados están obligados a poner de manifiesto los problemas que pueda provocar esta futura ley y "deben advertir al legislador de que tenga cuidado con los efectos que pueda tener una ley de este tipo".
Advierte el vocal del CGPJ de que "lo que no puede hacer es decir el parlamento la amnistía está y además voy a dar esta amnistía sobre sentencias concretas y determinadas".
Preguntado sobre si en el supuesto de que se apruebe esta ley cada tribunal que se vea afectado tiene que limitarse a aplicarla o puede discutirlo y elevarlo a la Justicia Europea, Olea señala que el problema es que no conocemos el contenido de la proposición de ley, pero que si lo que se pretende hacer aquí es que se archiven todas las actuaciones, eso "es lo que hemos razonado que no se puede hacer porque entendemos que es invadir competencias judiciales".
