El trasvase de agua del río Tajo al río Segura es un asunto de disputa que resurge en tiempos de sequía alimentado por la necesidad. A cuatro meses de las elecciones autonómicas, el decreto que prepara el Gobierno para actualizar los planes hidrológicos ha reabierto un viejo debate entre los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia.
En el nuevo decreto, el Ejecutivo se abre a la posibilidad de recortar el caudal de agua del Trasvase del Tajo-Segura antes de 2025, lo que supondría la reducción de la cantidad de agua que reciben los agricultores para sus cultivos.
Lo acordado "debe mantenerse"
Ayer el presidente valenciano, Ximo Puig, anunció que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y advirtió al Gobierno de que, si consuma estos planes, estará incumpliendo lo acordado entre las distintas administraciones, sin haber tenido en cuenta al gobierno que él dirige.
Si la disposición se mantiene en los términos en los que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema
Por todo ello, pide al ministerio de Transición Ecológica -dirigido por Teresa Ribera- que rectifique y sostiene que "lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua debe mantenerse". En caso de que el Gobierno tenga otras consideraciones, Ximo Puig se muestra a favor del diálogo para "intentar llegar a un acuerdo" y huir de los enfrentamientos territoriales.
Exige al Gobierno que mantenga las subvenciones del agua desalada
Otro motivo de controversia es la desaparición de la subvención del agua desalada necesaria para los cultivos y que ha desaparecido a principios de año.
Así, el presidente valenciano exige al Ejecutivo que se mantenga el precio que había hasta ahora: "es obvio que el agua a 1,35 euros no es razonable ni aceptable. Para eso, se tiene que volver a la situación anterior en la que el precio está limitado a 0,35 o 0,45".
Tras el anuncio del presidente valenciano, el ministerio de Transición Ecológica aseguró que es mentira que se esté incumpliendo lo pactado y ha alegado que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio que llevará al Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".
Puig apuesta por la negociación y el acuerdo
Por su parte, Ximo Puig asegura que eso "es bastante indiscutible, todo se puede demostrar" y que "si la disposición se mantiene en los términos en los que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema".
Desde el "diálogo, el acuerdo y no desde la imposición" tiende su mano al Ejecutivo para hablar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre cualquier punto en conflicto, con quien, admite, mantiene interlocución directa desde lo sucedido.
Se puede discutir todo, de lo que se trata es de conseguir agua para los regantes
"Se puede discutir todo, de lo que se trata es de conseguir agua para los regantes", sostiene Puig mientras defiende el valor en términos de empleo y ecológicos del trasvase Tajo-Segura.
En el caso de que el Gobierno no rectifique, Puig asegura que son "gente de orden", por lo que acudirán al Consejo de Estado a plantear sus posiciones; "estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo".
El 'efecto Sánchez' en el apoyo de sus votantes
En otro orden de cosas, Ximo Puig anuncia que las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana se producirán en mayo "si no cambia ninguna circunstancia". Por el momento, su gobierno tiene por delante cinco meses "muy importantes para consolidar el cambio que se ha producido en la Comunidad Valenciana".
Sobre si el 'efecto Pedro Sánchez' suma o resta votos en su comunidad, Puig mantiene que "la acción del Gobierno de España, en términos generales, es positiva", pues se ha visto en datos de empleo y políticas sociales. En este sentido, asegura que "esa acción de gobierno suma", pues está alineada con las políticas diseñadas desde el gobierno valenciano.
En relación al independentismo, las políticas del Gobierno "han sido positivas"
Las concesiones del Gobierno de Sánchez al independentismo -indultos, fin de la sedición, abaratamiento de la malversación, etc- pueden tener su efecto negativo entre los votantes socialistas que no comparten estos planteamientos.
El presidente valenciano admite que es difícil que políticas de este tipo se puedan comprender con facilidad. Sin embargo, defiende que la relación de Cataluña con España en los últimos años "ha cambiado sustancialmente" y el apoyo independentista ha bajado, por lo que "han sido positivas las políticas que el gobierno de España ha ido implementando".
Con todo ello, sostiene que "no hay vía alternativa al diálogo" y defiende una política que trata de "generar puentes" y busca la comprensión mutua. En definitiva, para Puig "es compatible el Estado de Derecho con la defensa del diálogo; ese es el camino".
Caso Azud y posible financiación irregular del PSOE valenciano
Por último, en relación al Caso Azud sobre la financiación irregular del Partido Socialista valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, Ximo Puig asegura que respeta los procedimientos judiciales y, aunque duda de la sospecha de corrupción, pide que se conozca toda la verdad.
"Confío, como siempre, en la Justicia y una vez dictamine, se actuará en consecuencia", dice el presidente valenciano, quien no considera que estos escándalos de corrupción puedan afectar a su partido de cara a las próximas elecciones autonómicas.
