Esta semana el Gobierno ha concedido el indulto parcial a la expresidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y la pérdida de la patria potestad de su hijo durante cuatro años.
Ante esta deción del poder Ejecutivo, Borja Sémper critica que en la mayoría de ocasiones los indultos se realicen por intereses políticos y partidistas en lugar de primar otras razones como puede ser la humanitaria. Exactamente como ha sido este caso, donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha presentado como un triunfo sobre los padres maltratadores.
Montero, en sus declaraciones, ha dado a entender que María Sevilla era inocente y, por ese motivo el Gobierno le ha concedido el indulto. Unas palabras que suponen el rechazo a la sentencia judicial, el criterio del juez y dando a entender que el sistema judicial sobra.
Este tipo de medidas de gracia deben estar preservadas de intenciones partidistas
Sémper propone cambiar los protagonistas para suponer que el indulto se concede a un maltratador, algo que sería totalmente injusto. Por eso, "este tipo de medidas de gracia deben estar preservadas de intenciones partidistas", dice Sémper sobre cómo esto resquebraja la confianza en las instituciones.
Edu Madina, por su parte, es consciente de que éste es un gran debate político, pues el hecho de conceder indultos responden a criterios subjetivos de los gobiernos. En su opinión, el caso de María Sevilla "implica un ejercicio de alta subjetivación para conceder el indulto".