Hay gente indignadísima porque por un presunto fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso haya acabado imputado el Fiscal General (porque tenemos imputado al fiscal general, que se dice pronto).
Y, a ver, Alberto González Amador puede estar acusado de falsedad documental y fraude fiscal, su abogado puede haber reconocido en unos emails esos delitos, y además desde la Puerta del Sol pueden haber intentado defender públicamente a un ciudadano particular. Y todo esto es grave, sí. Pero que hubiera fraude fiscal no es incompatible con que haya también delito del fiscal. Y si se han utilizado recursos públicos para atacar desde el Estado a un ciudadano particular para dañar a un adversario político, adversaria, que es lo que investiga ahora la UCO, eso es muy grave también. Más grave todavía. Y cabe indignarse por las dos cosas. Por las tres.
Porque ojo con los indignados con Juan Lobato en el PSOE que piden al socialista madrileño que dimita antes del Congreso Federal por llevar a la notaría un conversación de marzo por whatsapp sobre González Amador. Lo consideran desleal por haberse chivado al notario de que la jefa de gabinete de Óscar López, que a su vez era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le escribiera para que difundiera información de las irregularidades fiscales del novio de Ayuso. (Con tanto jefe de gabinete de jefe de gabinete es fácil perderse).
Lo más sorprendente del último escándalo en el PSOE es que se indignen más porque haya un dirigente tan preocupado porque en su partido se pueda haber cometido un delito, que vaya por lo bajini al notario para curarse en salud, que no porque se haya podido cometer el delito mismo (o sea, filtrar un documento por orden de Moncloa con información confidencial que solo podía tener la Fiscalía para dañar a la presidenta madrileña). El novio de la presidenta madrileña puede haber cometido un delito y a la vez es delito filtrar la información de un contribuyente. Un delito es de un ciudadano y el otro compromete al Estado.
¿Moraleja?
Lo grave no es que Lobato fuera al notario, sino que viendo qué hizo Moncloa le pareciera necesario.
