Una de las mayores ventajas del plan del Gobierno para descentralizar las instituciones, es decir, de su empeño por repartir organismos oficiales de nueva creación fuera de Madrid, es que además del empleo público, el talento y la inversión, también reparte el enfado.
En su día tuvo cierto protagonismo la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando le pareció fatal que el Gobierno descartara Tres Cantos. Tachó la decisión de descentralizar nuevos organismos de majadería y de sectaria. Pero a medida que la descentralización avanza, además de perder el derecho a atraer por inercia cualquier organismo estatal de nueva creación, Madrid también está perdiendo algo mucho más valioso e intangible: el monopolio de la sensación de agravio.
La decisión de llevar a Sevilla y a A Coruña la futura NASA española y la Agencia de Inteligencia Artificial, ha decepcionado mucho en León, Orense, Elche, Las Palmas, Huelva, Alicante y otra docena de localidades que también aspiraban a atraer estos dos organismos de desarrollo tecnológico. El enfado ha quedado muy repartido, otra manera de generar cohesión territorial.
Al decir que una institución no se iba a ubicar en Madrid, al principio solo enfadaba en Madrid. Lleva siglos malacostumbrada a la inercia del centralismo. La capital reúne más de 200 sedes de instituciones, organismos y entidades públicas estatales, incluidos el Museo Naval, el Instituto español de Oceanografía y la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque aquí no haya ni barcos, ni océanos ni Tajo. Madrid tiene cerca del 70% de los organismos públicos y uno de cada tres funcionarios de la Administración del Estado. Descentralizar las nuevas sedes no marcarán un antes y un después en el reparto del poder, pero da esperanza a muchos territorios de atraer talento y oportunidades.
Aunque al final uno de los mejores indicios de que la descentralización está funcionando es que en toda España hay localidades que se van sintiendo con derecho, por qué no iban a tenerlo, a desilusionarse por no recibir nuevas inversiones del Estado, tocar algo de poder y, de paso, de empleo público.
¿Moraleja?
Faltan muchas futuras sedes por asignarse en el reparto territorial, y nunca el derecho al agravio ha sido tan plural.