Parece que con la sacarina pasa lo mismo que con algunas políticas públicas. Se anuncian por todo lo alto prometiendo que van a funcionar, pero a la hora de la verdad resulta que no dan el resultado esperado. Lo digo por los edulcorantes, que ahora dice la OMS que no ayudan a controlar el peso y además pueden aumentar el riesgo de enfermedades.
Y lo digo sobre todo por la nueva ley que regula los servicios de atención al cliente. También esta tiene efectos dudosos.
La ley de servicios de atención al cliente es una gran noticia. Una de esas leyes que de verdad parecen hacerle la vida más fácil al ciudadano. La recordarás, está ahora en tramitación en el Senado. Es la norma que va a prohibir a las empresas tenernos esperando al otro lado del teléfono llamadas interminables para cualquier gestión. Exige que las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos. Imagina cuántos minutos de vida nos va a devolver esta ley.
Pero, igual que la sacarina, tampoco ayuda a adelgazar las listas de espera. Al menos, no de los organismos públicos. La ley excluye expresamente de todas estas obligaciones a las Administraciones Públicas. Ni Gobierno central, ni comunidades, ni ayuntamientos van a tener que atender mejor al ciudadano en sus servicios telefónicos. Ya sea una lista de espera del centro de salud o la renovación del carné de conducir, la administración pública va a poder seguir toreándonos en los servicios de atención al cliente. Las empresas, no.
La falta de personal en muchos organismos públicos, como el de la Seguridad Social, que llevan tiempo pidiendo refuerzos al Gobierno, explica parte del atasco para innumerables gestiones. Desde el Ministerio de Seguridad Social negaban hace unos días que hubiera problemas con las citas. Hoy se reúne con los sindicatos que han anunciado huelga prometiéndoles refuerzos. Pero los problemas con las citas de atención al ciudadano continúan.
No deja de ser curioso que la nueva ley nos proteja de estar en una lista de espera interminable para reclamarle la maleta a una aerolínea, pero sigamos desprotegidos para cuestiones esenciales de la propia administración.
¿Moraleja?
Tener derecho a la atención rápida como cliente, pero no como ciudadano, es incongruente.
