No me quedan claras todavía muchas cosas de las informaciones que están saliendo sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre todo, no me queda claro todavía, llevo dándole vueltas desde ayer, si lo que haga un ciudadano anónimo es noticia solo por de quién sea pareja. Aunque ese algo sea defraudar 350.951 euros con facturas falsas y empresas pantalla.
No me queda duda de que este asunto desgastará a la presidenta madrileña, lo que no tengo claro es de qué se la acusa a ella exactamente. Explicaciones está bien dar, sobre todo si ese presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental fiscal se produce a raíz del cobro de dos millones de euros en comisiones por mediar la compra de mascarillas durante la pandemia. Pero una cosa es aclarar un presunto fraude fiscal, y otra que las explicaciones tenga que darlas ella de algo que hizo su pareja antes de serlo. Se da la paradoja, según cuenta eldiario.es que el propio PP de Madrid denunció en 2022 ante Anticorrupción el contrato de la pareja de Ayuso.
De lo que sí se puede acusar a Ayuso es de cargar contra las instituciones. Si efectivamente hay indicios de delito fiscal y facturas falsas, Hacienda y la Fiscalía están haciendo su trabajo. Insinuar como ha hecho la presidenta la existencia de lawfare, aquí sí, resulta ventajista.
Menos sentido tiene exigir a Ayuso que dé explicaciones de su novio tras apelar a que “en política no todo vale” al implicar a personas “ajenas a la política” y que hay que dejarlas fuera del rifirrafe político, como decía la ministra Montero, cuando saltaron las informaciones de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, que se reunió con comisionistas de la trama Koldo antes del rescate de Air Europa. Tan poco sentido como ir a degüello contra la mujer de Sánchez, pero luego defender con ojos cerrados a la pareja de Ayuso.
¿Moraleja?
Todos exigen siempre explicaciones de casos ajenos, dando por hecho que los suyos son los buenos.
