En dos semanas, día 29, tendrá lugar en el Tribunal Supremo la gran velada. Lástima que no se transmita en abierto porque sería un imán para las audiencias masivas.
La gran velada: el juez Hurtado y el fiscal general frente a frente
El juez Hurtado y el fiscal general García Ortiz frente a frente. La de veces que se habrán cruzado en un pasillo todos estos años. La de veces que habrán coincidido en actos oficiales. Quién sabe si incluso habrán tenido trato personal frecuente. Ah, pero la justicia es ciega, ya se sabe. Ciega, pero lectora atenta de los informes de la UCO. Y el día 29 dará igual qué relación hayan tenido hasta hoy el juez y el fiscal porque ese día sólo serán el instructor de una investigación penal y el ciudadano investigado por un delito.
Sólo en esta ocasión -porque el caso no tiene precedentes- el fiscal al que el juez preguntará por sus presuntas acciones delictivas es el jefe máximo de la fiscalía, fiscal general del Estado
Los fiscales son, casi siempre, quienes preguntan al sospechoso, le leen pasajes de los informes policiales, le repreguntan, intentan detectar incongruencias o falsedades en su testimonio. Sólo en unas pocas ocasiones, un fiscal tiene que responder él a quienes acusan porque es él el acusado. Y sólo en esta ocasión -porque el caso no tiene precedentes- el fiscal al que el juez preguntará por sus presuntas acciones delictivas es el jefe máximo de la fiscalía, fiscal general del Estado.
Del Estado, que no del gobierno por más que el presidente Sánchez tenga interiorizado desde antes de ser presidente que la fiscalía es propiedad de quien gobierna.
Sospechas de que el fiscal general dirigió la filtración
El juez Hurtado fijó ayer fecha para el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. La declaración de los testigos cuya comparecencia solicitó el acusado no ha movido una coma de la sospecha que sigue teniendo, y que ahora afianza, el juez instructor.
La sospecha de que García Ortiz "dirigió los pasos que llevaron a la filtración" aprovechando su condición de jefe de los demás fiscales
La sospecha de que García Ortiz ‘dirigió los pasos que llevaron a la filtración’ aprovechando su condición de jefe de los demás fiscales -pasos bajo su batuta, escribe el juez- y que el correo confidencial que acabó publicado en prensa salió de la fiscalía general del Estado con destino a la Presidencia del Gobierno, desde donde se le hizo llegar a Juan Lobato primero y al diario El Plural, después.
Dice el juez: ‘Desde Presidencia de Gobierno se hacen gestiones para la publicación del correo en el medio ElPlural.com’. Las gestiones habrían consistido en pasarle el documento a Angélica Rubio para que lo publicara y así Lobato pudiera exhibirlo en el Parlamento madrileño alegando que lo había obtenido de ese medio.
La finalidad política de la operación era clara
Entiende el juez que la finalidad política de la operación era clara. Y como ve, o interpreta, que las diligencias practicadas refuerzan los indicios de que se cometió delito, mantiene como imputados a García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y añade a un tercer fiscal sospechoso: Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general del Estado.
Por cierto, no limita la actuación delictiva, presunta, al día 13 de marzo, que es cuando se filtra el correo del abogado, sino que afirma que se extendió en el tiempo, entre el 8 de marzo y el 14, porque el 8 es cuando el expediente de González Amador, del que aún ningún medio sabe una palabra, llega a la fiscalía general del Estado de la mano de la fiscal Rodríguez. Cuatro días después la publica ElDiario cuando el abogado de Amador, dice el juez, aún no tenía conocimiento de la denuncia.
El primer informe de la UCO como base de la investigación
El juez Hurtado, que no puede llegar todavía a conclusiones definitivas porque aún está investigando -y aún no ha interrogado a los imputados- no aporta lo que algunos llamarían pistola humeante, una prueba irrebatible de que fue García Ortiz quien filtró el caso de Amador o el correo del abogado.
En rigor, lo que hace es remitirse al informe de la UCO de noviembre -el del papel preeminente del fiscal general- y exponer que las diligencias realizadas desde entonces lejos de refutar el informe lo afianzan.
Admite el juez que dos periodistas sostuvieron la semana pasada que ellos tuvieron el famoso correo antes de que llegara al gmail del fiscal general (uno de ellos, el 6 de marzo, antes incluso de que todo el expediente llegara a la fiscalía general del Estado), aunque no lo publicaran por razones profesionales. No parece que el juez dé relevancia a estos testimonios. Porque no aportaron datos objetivos, dice, y porque el hecho es que la publicación del correo es posterior a que el fiscal general lo recibiera.
Defender la imparcialidad y objetividad de la UCO
A día de hoy, por tanto, la imputación sigue donde estaba, el primer informe de la UCO sigue siendo la base y los testigos solicitados por la defensa no han servido para cambiar el curso del procedimiento. Sí es llamativo que el juez crea necesario dedicar un párrafo largo a defender la imparcialidad y objetividad de la UCO y el hecho de que la propia fiscalía se apoye en sus informes en otras causas.
El juez viene a responder que no debería cuestionarse gratuitamente la solvencia de los funcionarios públicos
García Ortiz atribuyó a la Unidad treinta y siete errores, irregularidades, omisiones e inferencias indebidas. El juez viene a responder que no debería cuestionarse gratuitamente la solvencia de los funcionarios públicos. Que es, por cierto, lo que el gobierno le reprochó al PP en el caso de Begoña Gómez, que pusiera bajo sospecha a una institución del Estado. Ahora es el fiscal general del Estado quien lo ha hecho, pero hay que entender que en este caso él es el acusado. O investigado. Investigado por filtrar material reservado con una finalidad política y en connivencia con la Presidencia del Gobierno.
Tres meses después de iniciado el procedimiento, no parece que Álvaro García Ortiz lo tenga hoy mejor que cuando empezó
Aún es pronto para decir cómo acabará la causa -si con todo archivado porque no hay nada, como el gobierno le está indicando al juez- o con el fiscal general procesado y juzgado -como el gobierno de Madrid, por boca del jefe de gabinete de la presidenta, le está indicando al juez-. Pero tres meses después de iniciado el procedimiento, no parece que Álvaro García Ortiz lo tenga hoy mejor que cuando empezó. Y el Palacio de la Moncloa, tampoco.
