Accidente aéreo sobre el río Potomac, en Washington. Policía, bomberos y emergencias buscan a toda prisa posibles supervivientes de la colisión de un avión de pasajeros con 64 personas a bordo y un helicóptero del ejército en el que volaban tres militares. El vuelo comercial había salido de Kansas y se disponía a aterrizar en el aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Ha ocurrido a las tres de la madrugada, hora peninsular. Este es el momento en el que una controladora alertaba a los bomberos del siniestro.
Desde las tres de la madrugada sólo se han encontrado cadáveres. Según la cadena CBS, al menos 18 cuerpos sin vida. El Pentágono ya ha abierto una investigación sobre el accidente, pero el presidente Donald Trump no ha esperado para culpar a la torre de control.
Los derechos de un investigado no pueden ser atropellados
La Justicia son garantías. Respeto a los derechos de los investigados, se llamen Amador, García Ortiz, Barrabés o Aldama. La Justicia son decisiones de jueces que investigan que pueden ser recurridas, objetadas, impugnadas por los afectados. Y que pueden ser corregidas por instancias superiores. Los derechos de un investigado no pueden ser atropellados.
La Justicia son decisiones de jueces que investigan que pueden ser recurridas, objetadas, impugnadas por los afectados
Ejemplo: la Audiencia Provincial de Madrid, mismo órgano que avaló la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez -aunque el gobierno, por boca de su portavoz, se esforzara en intoxicar a la opinión pública difundiendo lo contrario- corrigió ayer a este mismo juez y anuló el registro que ordenó en agosto al empresario Barrabés.
El juez envió a la UCO a casa del investigado y a la sede de sus empresas. Él entendió que el registro no estaba justificado -que el juez se había pasado de la raya, para entendernos- y la Audiencia Provincial le da la razón. ‘No todo es lícito’, le dice, ‘en el descubrimiento de la verdad’. Amén.
El juez respondió ayer al PSOE que no se pase
Otro ejemplo: el PSOE, que pretende reformar la ley para que los partidos no puedan ser acusación popular, ejerce mientras tanto como acusación popular en los casos de los que quiere tener información de primera mano.
Está personado en los Hidrocarburos que investiga el juez Pedraz y había solicitado el PSOE que Víctor de Aldama sea devuelto a la prisión. Es sabido que el PSOE está en guerra con Aldama (y viceversa) y que viene predicando que ha mentido sobre un montón de personas, ministros incluidos, sólo para obtener la excarcelación. Es decir, que Pedraz lo habría dejado salir como premio por el fuego a discreción que ha protagonizado.
El PSOE, que pretende reformar la ley para que los partidos no puedan ser acusación popular, ejerce mientras tanto como acusación popular en algunos casos
El juez respondió ayer al PSOE que no se pase. Que la situación de Aldama no ha cambiado -ni riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reincidencia- y que pedir prisión en este momento es un abuso. Ocurre que Aldama, como cualquier investigado, y aun habiendo reconocido ya algunos delitos, sigue teniendo derechos que no se pueden atropellar.
La Justicia son garantías. Decisiones de jueces de instrucción que pueden objetarse, impugnarse y recurrirse.
Declaró ayer el investigado Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz investigado en el Supremo, recurrió el registro de su despacho que ordenó en noviembre el juez Hurtado. Lo recurrieron las dos defensas que García Ortiz tiene en esta causa: la abogacía del Estado y la fiscalía del Supremo. La desproporción del registro, la ausencia de motivación, lo inédito del caso son razones que el investigado alega para reclamar que toda la causa sea anulada.
Si el fiscal general está hoy donde está es porque este Amador entendió que él había sido objeto de un atropello por parte de la fiscalía de Madrid
Está en su derecho a hacerlo y estará en su derecho a recurrir también la decisión de procesarle, si ésta llega a producirse. Los derechos de un investigado, se llame García Ortiz o se llame González Amador, no pueden ser atropellados. Si el fiscal general está hoy donde está es porque este Amador entendió que él había sido objeto de un atropello por parte de la fiscalía de Madrid. Se querelló. Así empezó esta causa judicial que veremos en qué termina.
Nada inusual en un juzgado, el imputado tiene derecho a protegerse
Declaró ayer el investigado. Con corbata azul adornada con balanzas de Justicia. Misma corbata que llevaba ayer, me pareció, el ministro de Justicia, ya es coincidencia. Había opinado el ministro que la declaración del fiscal resultaría útil para el esclarecimiento de la verdad.
Pues no sé, ministro. Útil, lo que se dice útil. Se comportó el investigado como un investigado, claro. Con derecho a ponérselo fácil a sí mismo no respondiendo más que a sus abogados defensores y dando las respuestas preparadas a las preguntas previamente conocidas (por él).
Nada inusual en un juzgado, el imputado tiene derecho a protegerse. Que el sospechoso de un delito niegue haberlo cometido aporta poco, nada revela sobre su culpabilidad o inocencia (aunque sea inocente, que lo diga él no va a parecer nunca concluyente -aunque lo fuera, digo-). Que el jefe de otros dos sospechosos de un delito diga no tener noticia alguna de quiénes han podido cometerlo, mucho menos en el departamento que él dirige, también aporta poco; no se espera de él que diga otra cosa. Que refute el testimonio de los testigos que han podido ponerle en apuros, que impute al juez parcialidad o prejuicios, que impugne la forma en que le viene investigando, todo eso forma parte del día a día en los juzgados.
Lo inusual es que un fiscal general del Estado ponga tan poco de su parte para que se esclarezca un presunto delito
Lo inusual es que la fiscal que actúa en la causa está obligada a cumplir las instrucciones del investigado. Lo inusual es que un fiscal general del Estado ponga tan poco de su parte para que se esclarezca un presunto delito, incluso si es para exonerar a los imputados.
Lo inusual es que se tenga por presunto autor de un delito al fiscal general del Estado, que se intervengan sus dispositivos electrónicos, que se envíe a la UCO a pedir a Meta y Google información sobre sus cuentas y que, pese a todo ello, el fiscal general permanezca impasible en su cargo. Lo inusual es que, terminada su declaración, el imputado se volviera a su despacho en la fiscalía general del Estado, a seguir mandando sobre los fiscales de toda España.
García Ortiz podría haber ordenado una investigación interna
Álvaro García Ortiz habría tenido mucho más fácil combatir las dudas sobre su comportamiento del 13 de marzo si el día anterior, al ver publicada en ElDiario.es una información muy completa sobre un caso que estaba en manos de la fiscalía -un tal González Amador cuyo único atractivo mediático era tener de novia a Díaz Ayuso, por eso lo de ser pareja iba en el título- hubiera ordenado él una indagación interna para averiguar de dónde procedía la filtración, quién la había decidido y con qué motivo.
Si el fiscal general que tiene dicho que las filtraciones son un cáncer hubiera movido un dedo, sólo uno, para saber qué había pasado, hoy podría alegar que fue el primer interesado en impedir que se usara información reservada para fines ajenos al de hacer justicia. No consta que lo hiciera.
Anima a pensar que lo usual es que se haga la vista gorda con las filtraciones
Lo que anima a pensar que lo usual es que se haga la vista gorda con las filtraciones. Eso no presupone que se alienten, o que las cometan personalmente los tres jefes fiscales que hoy están investigados, pero sí que está asumido, dentro de la fiscalía, que este proceder -alguien con acceso a casos con posibles efectos políticos se los hace llegar a periodistas de confianza para influir en el debate público- forma parte de la cotidianeidad del ministerio fiscal en España.
Dirás: ¡no sólo del ministerio fiscal! De acuerdo. Pero es el ministerio fiscal, parte de su cúpula, quien hoy está siendo fiscalizado.
La incómoda realidad de que el fiscal general del Estado esté a un paso de ser procesado
La declaración de García Ortiz no parece que va a cambiar el curso de la causa. Y no cambia la incómoda realidad, también para él, de que el fiscal general del Estado esté a un paso de poder acabar procesado.
El gobierno, del que no forma parte, le sigue haciendo un flaco favor tratándole como si fuera un soldado más del ejército sanchista. Justo eso es lo que cierne sobre el fiscal la sospecha de haber actuado por disciplina gubernativa más que por afán de poner las cosas en su sitio. Persiguió el delito, entonan a coro los portavoces gubernamentales, persiguió el delito.
El gobierno, del que no forma parte, le sigue haciendo un flaco favor tratándole como si fuera un soldado más del ejército sanchista
A ver, en rigor quien persiguió los delitos, presuntos, de González Amador fue el fiscal de delitos económicos al que le tocó el caso, Julián Salto. Se supone -eso nos han dicho- que García Ortiz no sabía nada ni de Amador ni de con quién estaba ennoviado, ¿no es eso? Luego perseguir el delito fiscal, Salto lo persiguió de oficio. García Ortiz no aparece en escena hasta la noche del 13 de marzo cuando urge -y le urge- hacer una nota de prensa que salga al paso de la intoxicación que atribuye a Miguel Ángel Rodríguez.
Y eso no es perseguir un delito, es desmentir una intoxicación. Tarea encomiable que sólo cabe objetar si para realizarla se vulneró la ley (palabras mayores). Y que no le habría complicado tanto la vida al fiscal general de haberse dejado para la mañana siguiente, trabajando en el despacho y recibiendo la documentación que creyera conveniente en su correo oficial de fiscalía.
Es legítimo pensar que García Ortiz sabe más de lo que ayer contó
La urgencia nocturna, las instrucciones a sus subordinados, la documentación al gmail, la implicación personal en la redacción de la nota y la coincidencia en el tiempo de toda esa actividad nocturna con la publicación, primero, de entrecomillados del correo del abogado, y la publicación, la mañana siguiente, en varios medios, del correo íntegro antes de la difusión de la nota de prensa oficial es lo que ha puesto en aprietos a García Ortiz.
Sin que ello presuponga, una vez más, que él incurriera en delito alguno. Pero haciendo creíble, cuando menos, que si no estuvo al tanto de la filtración, sí está al tanto hoy, diez meses después, de quién hizo qué aquella noche y en los días precedentes. Digamos que es legítimo pensar que sabe más de lo que ayer contó, obviamente.
No todo es lícito para desmentir una falta de verdad
‘No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad’, le dijo ayer la Audiencia Provincial al juez Peinado, por el caso Begoña. Y ‘no todo es lícito para desmentir una falta de verdad’, le están diciendo las acusaciones populares a García Ortiz en este otro caso. La justicia son garantías. Y el fiscal general del Estado, por muy imputado que esté, mantiene todos sus derechos intactos.
