Día grande en Valencia, por la cremá -el fuego deseado, y controlado, purificador, tan distinto del fuego no querido, violento y arrasador-; día de fiesta en toda la Comunidad Valenciana, y en Murcia, y en Badajoz; y día de celebración en todos los hogares donde haya padres que no por el hecho de ser padres, sino por el de ser buenos padres, merezcan el homenaje hoy de sus hijos.
Es San José, patrón de los carpinteros, bastante más popular que San Pancracio por más que Salvador Illa vaya a estar los próximos dos meses encomendado al patrón de la buena suerte.
"Día del novio, de la esposa y del jefe de gabinete"
Existe el día del padre. Existe el día de la madre. Pero no existe -admitamos nuestras asignaturas pendientes- el día del novio. Ni el día de la esposa. Ni el día del jefe de gabinete. Existe San Valentín, ya lo sé, pero no hablamos del amor, hablamos de los convivientes. Los convivientes de los gobernantes, convertidos por obra y gracia de la gresca política española en sospechosos habituales. Los jefes de gabinete también conviven, pero eso lo dejo para luego. Primero, esposos y novias.
La portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, hizo ayer historia. Puede que sea la primera vez que una rueda de prensa en Ferraz sirve no para hacer un mitin sino para dar una noticia.
Peña, uno, periodistas, cero. Ella fue más rápida que ellos. Porque la noticia que dio no era de su casa, el PSOE, sino de la discretísima Oficina de Conflicto de Intereses, que uno se imagina como un despachito recóndito en el último pasillo del ministerio de José Luis Escrivá a la que envían a funcionarios calmos -diez expedientes en diez años, decía el otro día una crónica-.
Ha sido efímera la presencia mediática de la oficina ésta. Nadie sabía lo que era hace dos semanas -bueno, nadie, el común de los mortales- y nadie echará de menos que jamás vuelva a mencionársela.
Asunto archivado lo del esposo de Begoña Gómez
Asunto archivado lo del esposo de Begoña Gómez. No era lo de ella lo que el PP denunció sino lo de él: que Sánchez no se hubiera ausentado del Consejo de Ministros cuando se decidió meterle un dineral en ayudas a Air Europa. La oficina ha concluido que Gómez no dirigió, asesoró ni administró Air Europa y que su marido no tenía por qué abstenerse. Fin.
Si alguna vez hubiera soñado el PP con que la Oficina tumbara a Sánchez para diez años ayer estaría desolado. Pero como nunca esperó que la denuncia ésta prosperara todo lo que ha sido capaz de decir es que el árbitro está comprado. Perdón, que la Oficina depende de un ministerio y a ver, qué se puede esperar.
Si vas por ahí deslegitimando al árbitro cada vez que resuelve en tu contra acabas diciendo que el problema de España es el Tribunal Constitucional
Le tocó a Bendodo, reaparecido, entonar este salmo. Y esto no vale. Si recurres al arbitraje tendrás que aceptar el veredicto arbitral. Han dicho que no hay conflicto de intereses, pues a otra cosa. Porque si vas por ahí deslegitimando al árbitro cada vez que resuelve en tu contra acabas diciendo que el problema de España es el Tribunal Constitucional, o encabezando una revuelta popular contra los árbitros, es decir, siendo José Montilla.
El PSOE, especialista en generar ruido
Esta denuncia no se presentó en la confianza de que prosperara. Esto son cosas que se hacen para dar hilo a la cometa. Y que se hable del tema. Generar ruido, lo llama el PSOE, especialista en su propio ruido.
Lleva el Partido Socialista una semana agarrado al correo que el abogado de un contribuyente envió a un fiscal mostrándole su disposición a explorar un acuerdo para resolver la deuda atribuida a su cliente. O sea, lo del novio de Ayuso en su versículo ‘él confesó sus dos delitos fiscales’.
Más allá de que sea una versión ligeramente forzada de la actuación perfectamente corriente de un abogado -si no aceptas el delito no hay acuerdo posible, llamarlo ‘confesión’ es forzar la máquina-, el asunto se le fue de madre a la fiscalía cuando, en el fragor de la batalla no jurídica sino mediática, se lanzó a poner en un comunicado oficial un fragmento del mensaje que el abogado hizo llegar al fiscal.
La fiscalía no midió y se encuentra ahora con una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid por haber matado moscas a cañonazos
No sólo no es un mensaje destinado a la difusión pública, sino que la confidencialidad de estas comunicaciones entre abogados y fiscales forma parte del derecho de defensa reconocido a todo contribuyente, incluso si el contribuyente ha defraudado en el impuesto de sociedades e incluso si es el novio de Isabel Díaz Ayuso. La fiscalía no midió y se encuentra ahora con una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid por haber matado moscas a cañonazos.
Como el jefe de gabinete de Ayuso, en un acto que nada tiene que ver con sus funciones, hizo llegar a algunos medios el correo del fiscal al abogado como si hubiera sido el fiscal quien tomara la iniciativa del pacto, la fiscalía hizo un comunicado oficial vulnerando el secreto debido. Y ahora los abogados ponen el grito en el cielo porque para intentar un acuerdo con la fiscalía tienes que admitir el delito, pero si el acuerdo no fragua y en el juicio se enfrentan, el fiscal no puede usar esa admisión como prueba de culpa.
Revelar correos privados es jugar sucio
Revelar correos privados de un abogado es jugar sucio. Revelar correos privados de un fiscal, también. Pero esto segundo lo hizo un jefe de gabinete dirá que a título particular y lo primero lo hizo la fiscalía de Madrid en un comunicado con membrete. El lío, ahora, va mucho más allá del novio y de la señora Ayuso.
La Comisión de Venecia ha alcanzado una notoriedad mediática insospechada
La Comisión de Venecia también ha alcanzado una notoriedad mediática insospechada. Los españoles debatiendo en las cafeterías, y en la taberna Garibaldi, si avala, medio avala o ni de broma avala la amnistía de Pedro Sánchez (que será de Sánchez pero ni es de izquierdas ni la quiere la mayoría de los españoles).
La ley de amnistía no es fruto de un consenso social, la forma de tramitarla (rápido y con mayorías por los pelos) es impropia de una cuestión como ésta y es ambigua
La Comisión de Venecia -en rigor, cinco juristas, una italiana, un búlgaro, una suiza, un holandés y un mexicano- publicó ayer su dictamen completo. Que no se mete en si es constitucional o no -algo habrá que dejarle a Pumpido-, que no dice que rompa la separación de poderes ni que vaya contra la legislación europea (hasta aquí lo que el gobierno puede airear como un triunfo) pero que sí dice que no es fruto de un consenso social, que la forma de tramitarla (rápido y con mayorías por los pelos) es impropia de una cuestión como ésta, que es ambigua a la hora de precisar los hechos que se amnistían y que no puede hacerse a la medida de una persona (aquí han evitado poner lo que es un clamor, que la ley la ha ido rehaciendo Puigdemont en función de sus expectativas procesales).
Se quiere amnistiar a personas concretas
Expresamente dice el dictamen que ‘el legislador español no ha dado explicación de por qué la amnistía empieza en noviembre de 2011 y termina en noviembre de 2023’. Es natural que lo diga porque en este programa nos pasó justo eso.
¿En noviembre de 2011 ya había personas preparando la consulta de cartón de 2014? Qué gente tan previsora. La Comisión sólo encuentra una explicación a esta ampliación temporal: se quiere amnistiar a personas concretas. Y eso, dice, es justo lo que no debe hacerse.
Si el gobierno quiere seguir predicando -por la mañana, por la tarde, por la noche- que este dictamen es un respaldo clarísimo a su ley de amnistía puede seguir haciéndolo. Pero que no nos pida que nos lo tomemos en serio.
