Ocho meses y un día. Como una condena. Que no termina de cumplirse. Ocho meses y un día se cumplen hoy de aquel siete de octubre en que entró en vigor en España la nueva ley de Libertades Sexuales, rebautizada por sus autores como ‘del sólo sí es sí’. Sin duda, la ley que mayor daño ha causado al gobierno de coalición no tanto por la modificación penal que trajo consigo como por la manera en que el gobierno respondió cuando empezó a hacerse evidente que la ley permitía a los agresores sexuales acogerse, en algunos casos, a un alivio de sus condenas.
Se erigió en jueza la ministra Montero para impartir lecciones de derecho a las Audiencias Provinciales
La respuesta del ministerio de Igualdad, tan relevante para un gobierno progresista como está recordando ahora el PSOE (ahora que Feijóo lo quiere quitar), la respuesta fue despreciar a quienes advertían de las consecuencias penales; denigrar a los abogados que recurrían cumpliendo sus obligaciones profesionales; etiquetar como machistas, ultras y propagadores de bulos a quienes sugerían que la nueva norma había nacido averiada; cargar contra los jueces (y juezas) que aplicaban la rebaja de penas; cerrarse en banda y negarse a reconocer error alguno; y difundir argumentarios con distorsiones y medias verdades para sostener que los tribunales estaban ignorando las disposiciones transitorias del Código Penal y la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo.
Se erigió en jueza la ministra Montero para impartir lecciones de derecho a las Audiencias Provinciales.
Montero se adjudicó la función de dictar doctrina sobre cómo debían proceder los tribunales
Con su reacción primero airada, y luego altiva, la ministra se adjudicó a sí misma una función que nunca tuvo: dictar doctrina sobre cómo debían proceder los tribunales. Su superior jerárquico, que no es Ione Belarra -ni Pablo Iglesias-, su superior jerárquico que es el presidente del gobierno dio unos cuantos bandazos -fiel a su forma de conducirse- en las primeras semanas de polémica.
Primero se abrió a revisar la ley y luego se cerró. Dijo que sí, pero que no. Celebró, como Irene Montero, que el fiscal general del Estado emitiera una instrucción contraria a las rebajas de penas, en sintonía con el ministerio. Y se agarró a un argumentario de ocasión que hacía descansar en el Tribunal Supremo la responsabilidad de que hubiera o no rebaja de penas.
El criterio infalible del fiscal general del Estado
Esto de presentar al fiscal general del Estado como si su criterio fuera infalible fue una de las distorsiones que con más empeño alimentó el gobierno. Las dos partes del gobierno. Incluso cuando la ministra de Justicia, Llop, ya se había resignado a la necesidad de cambiar la ley con o sin Podemos.
El estribillo de que el Supremo unificaría criterio, como si el problema hubiera sido la disparidad de opiniones de las Audiencias Provinciales (otra falsedad), perduró en el discurso gubernamental como último salvavidas para salvar la cara. El mismo Tribunal Supremo al que el gobierno había puesto a caer de un burro por su criterio sobre la sedición y los indultos era de pronto la voz autorizada para poner las cosas en su sitio.
Esto de presentar al fiscal general del Estado como si su criterio fuera infalible fue una de las distorsiones que con más empeño alimentó el gobierno
El Supremo concluyó ayer que las rebajas de penas están justificadas porque el legislador ablandó el Código Penal y los condenados están en su derecho a beneficiarse de ello. Rechaza el criterio del fiscal, que es sólo eso, el fiscal, y refuta el argumentario de la ministra sobre disposición transitoria quinta del Código Penal, de jurista a jurista.
Ella ha respondido, impermeable a la realidad, que es una mala noticia que el Supremo rechace el criterio unánime de la Fiscalía. Lo de criterio unánime lo dice, supongo, como si fuera una prueba de lo claro que lo tiene la Fiscalía. Pero ocurre que la fiscalía es una institución jerarquizada en la que las instrucciones las da el fiscal general, como él mismo explicó aquí. Cómo no va a ser unánime la decisión que toma uno.
La ley del sólo sí regresa como la peor pesadilla posible para el Gobierno
Ocho meses y un día después de que empezara todo, la ley del sólo sí regresa como la peor pesadilla posible para un gobierno en campaña. Al revuelco que encajó ayer Irene Montero se le puede sumar un segundo revés, si los partidos que han decidido asociarse en torno al liderazgo redentor de Yolanda Díaz consuman su operación vendetta y la relegan a puestos poco lucidos de la lista electoral.
Es un clamor, dentro de esos partidos de diverso pelaje (que si Más Madrid, que si Compromís, que si En Común), es un clamor que ha llegado el momento de pasarle al cobro las facturas pendientes a Pablo Iglesias. Y entorno.
Es tradición en Yolanda no pringarse en nada que no le rente
Yolanda no dice nada en público porque no va a pringarse en un asunto tan incómodo como éste. Y porque es tradición en Yolanda no pringarse en nada que no le rente. Para eso ha ungido a un portavoz, para que no hable de todo aquello que no quiera hablar ella.
Ayer, por ejemplo, hizo la candidata la visita del médico a Doñana -excursión rápida para dejarse ver comiendo fresas y decir cuatro cosas contra el PP- y luego ya, cuando le preguntaron por lo suyo, que si las listas, que si Podemos, que si a quién representa, le pasó el marrón a Urtasun y se quitó de en medio.
La guerra, sino sucia poco limpia, que se traen Podemos y el yolandismo
No están hablando de nombres, no qué va, están hablando de listas. Están hablando de cuántos diputados calcula cada marca que obtendría, dependiendo de en qué puesto vayan, y qué parte de la subvención que paga el Estado a los partidos que obtienen diputados le toca a cada uno.
Puede que acaben presentándose en una única candidatura, pero no están unidos. Puede que se llamen Sumar, pero en lo que están es en sobrevivir
De eso están hablando. Y como no se sabe, en realidad, esta negociación cómo se está llevando, lo que salta a la prensa cada día son filtraciones, intoxicaciones y mensajes interesados. En la guerra, sino sucia poco limpia, que se traen Podemos y el yolandismo por ver con qué fuerza sale cada uno del juicio final del 23 de julio. Tienen razón los dos cuando dicen que el PP y el PSOE ya están haciendo campaña mientras ellos siguen enredados, o enfangados, en la disputa de las listas.
Y no es sólo el tiempo que están dedicando a desquitarse, o a acuchillarse, o lo que sea que estén haciendo, es el mensaje que están trasladando a sus potenciales votantes: puede que al final vayan juntos, pero no están juntos. Puede que acaben presentándose en una única candidatura, pero no están unidos. Puede que se llamen Sumar, pero en lo que están es en sobrevivir. Y eso es lo único que explica que, no pudiéndose ni ver, se resignen al final a ir a pedir el voto de la mano. De la mano y no perdiéndose de vista. Porque fiarse, no se fían.
Extraordinario aliciente para los votantes de izquierdas que andan dudando si encomendarse, o no, a este proyecto aún poco definido que nace de la decadencia de Podemos, puede que con Podemos pero, en realidad, contra Podemos. Y Yolanda comiendo fresas.
